España hace bien en negociar con China, pero sin ingenuidad

Pedro Sánchez y Li Qiang en el Gran Palacio del Pueblo, 9 de septiembre de 2024. España
Encuentro entre Pedro Sánchez y el presidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional, Zhao Leji, 9 de septiembre de 2024. Foto: La Moncloa – Gobierno de España (CC BY-NC-ND 2.0).

La visita de Pedro Sánchez a China, la segunda en menos de año y medio, se produce en un momento crucial en el devenir de las relaciones entre Occidente y este país, que será uno de los grandes retos de la próxima Comisión Europea y del siguiente inquilino de la Casa Blanca. China es un actor poderoso y complejo, con el que nos unen y separan profundos intereses y valores, de ahí que la Unión Europea (UE) defina el país asiático como socio, competidor y rival sistémico a la vez, aunque suene contradictorio.  

Para mostrar esta complejidad, valgan de ejemplo los intercambios comerciales bilaterales, que movieron más de 800.000 millones de euros en 2023, pero con un preocupante déficit estructural de cerca de 300.000 millones para la UE. Ese déficit es especialmente acuciante para España, cuyo comercio con China tiene una tasa de cobertura de apenas el 17%. No es de extrañar pues que las relaciones comerciales hayan ocupado un lugar central en la visita de Sánchez, especialmente si recordamos que la anterior tuvo un marcado acento geopolítico.

China es una potencia industrial y tecnológica, que genera oportunidades y riesgos para las economías europeas. Para España el objetivo es avanzar en el desarrollo de las capacidades europeas en sectores estratégicos y que las tensiones con China no deriven en una guerra comercial. Sánchez ha insistido en esta idea en sus reuniones con el presidente y el primer ministro chinos, Xi Jinping y Li Qiang. Lo ideal sería llegar a un acuerdo amplio entre la UE y China, y eso pasa por mantener abierta Europa a la inversión china bajo ciertas condiciones: aumentar la apertura de la economía china a las inversiones europeas y acabar con la discriminación que sufren las empresas europeas frente a las locales en este país.

China ha reducido sus listas negras (sectores vetados a la inversión extranjera), pero por ahora está por verse si esos movimientos políticos y administrativos se reflejan sobre el terreno. Hay muchas empresas españolas interesadas en vender sus servicios digitales, sanitarios y de ocio a los consumidores chinos. Pero las condiciones de negocio tienen que ser las adecuadas. La realidad es que la sobrecapacidad industrial que tiene ahora mismo el país asiático no puede ser absorbida por la UE. Su tamaño hace insostenible un superávit estructural tan grande. Si China no se abre, Europa seguirá cerrándose.

China es un actor poderoso y complejo, con el que nos unen y separan profundos intereses y valores, de ahí que la Unión Europea (UE) defina el país asiático como socio, competidor y rival sistémico a la vez, aunque suene contradictorio.  

En este proceso de reconfiguración de las relaciones con Pekín, una mejor defensa de los intereses de España requiere, además de mantener el tradicional respaldo de nuestro país a las políticas comunitarias, un reforzamiento de los mecanismos bilaterales de interlocución con China. Así lo evidencian las recientes tensiones en torno al coche eléctrico. Tras abrir investigaciones por ayudas públicas al sector del vehículo eléctrico chino, la Comisión Europea ha impuesto provisionalmente en julio de este año aranceles de hasta el 47% sobre los coches eléctricos chinos y en noviembre tomará una decisión firme al respecto. A la hora de plantear posibles represalias ante la investigación europea, las autoridades chinas apuntaron al brandy. Esto obedecía a que Francia fue el impulsor de los aranceles europeos, que la inmensa mayoría del brandy europeo que importa China viene de Francia y que China es el segundo mayor importador mundial de coñac, por valor de unos 1.500 millones de dólares anuales. Sin embargo, durante la visita de Macron a China en mayo, las autoridades chinas anunciaron que, al menos por el momento, no impondrían ningún tipo de restricción o gravamen adicional sobre el brandy europeo.

En su lugar, el Ministerio de Comercio chino informó en junio de la apertura de una investigación contra varios productos y subproductos de carne porcina europea. España quedaba así en el centro de la disputa. El valor de las exportaciones españolas de carne porcina ascendió a casi 1.300 millones de euros en 2023. Esto situaba a nuestro país como el mayor exportador europeo de porcino a China, con un 23% del total, tres veces más que los Países Bajos, que ocupaba el segundo lugar. Habrá que ver si se confirman las impresiones de la delegación española sobre la flexibilización de la posición de China, lo que evitaría una guerra comercial. Las palabras de Sánchez al final del viaje indicando que hay que revisar los posibles aranceles sobre los coches eléctricos chicos, que han generado cierta polémica, seguramente tengan que ver con esta negociación.

Es probable también que en esa negociación se haya hablado de la inversión china. España ha sido un país que ha apostado por la apertura y por atraer inversión extranjera, y eso también vale para China, y en concreto para el sector del automóvil. La empresa china Chery ya ha comprado la vieja fábrica de coches de Nissan en Barcelona y el gigante BYD también ha mostrado su interés por producir en España. Otras empresas chinas también están interesadas en el mercado español. Esta inversión debe ser bienvenida siempre y cuando integre a la potente industria de componentes española en su cadena de valor. Esto es sobre todo válido para la producción de baterías. La posición de España en todo este debate es crucial para la Unión. Como pide Alemania, los aranceles no deben ser demasiado altos para provocar represalias chinas, pero también, como pide Francia, se hacen necesarios para proteger la industria europea. Si esto significa mayor producción china en España, se lograría un buen equilibrio para todas las partes. Más que si hay que introducir o no aranceles, el debate tiene que estar en lo altos que deben de ser.

En cualquier caso, la reciente visita de Sánchez plantea resultados institucionales significativos que pueden facilitar tanto una mejor defensa de los intereses y valores de España como la posibilidad de tener un papel más activo en las políticas de la UE hacia China. Probablemente el más importante sea la continuidad en las reuniones políticas al más alto nivel, que es imprescindible para el desarrollo de las relaciones bilaterales. Tras las visitas del presidente del gobierno español a China en 2023 y 2024, Xi Jinping ha invitado a los Reyes de España a visitar su país en 2025. Esto podría dar pie a una posterior visita del jefe del Estado chino a España. Además, en el marco de la visita de Sánchez se han celebrado nuevas reuniones del Foro España-China y del Consejo Asesor Empresarial Chino-Español. El Foro España-China es el principal encuentro bilateral de diplomacia pública y, tras ocho ediciones celebradas entre 2003 y 2015, llevaba nueve años sin reunirse. Tras la novena edición, ambas partes han mostrado su compromiso de celebrar próximamente una décima edición en España. Asimismo, la concesión del estatus de Instituto Cervantes a la Biblioteca Cervantes de Shanghái permite, entre otras cosas, una mayor autonomía en el desarrollo de su labor, por ejemplo, empleando profesorado propio para la enseñanza del español.

En definitiva, es loable que el gobierno de España, con este viaje, intente generar una agenda más positiva y desee evitar una guerra comercial entre la UE y China. Para ello es muy importante institucionalizar y profundizar el diálogo bilateral con el gigante asiático. China es la segunda economía y potencia mundial, y no se puede ver sólo como un rival sistémico. Pero tampoco se puede ser naíf. China va a velar por sus intereses y España tiene que hacer lo mismo, y eso pasa casi siempre, como en el caso del coche eléctrico, por consensuar posiciones comunes dentro de la Unión y no generar más divisiones, porque eso sí que debilitaría al conjunto de la UE en sus negociaciones con Pekín.