La Agenda 2030 aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre de 2015 ha sido calificada como la agenda global más ambiciosa de la historia. Efectivamente, esta Agenda, cuyo lema es “transformar el mundo”, aborda asuntos como la mitigación del cambio climático, la eliminación del hambre o la reducción de las desigualdades entre países y dentro de los mismos. En total, las Naciones Unidas han conseguido una declaración de compromiso de sus Estados miembros con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y 169 metas relacionadas pero éstos siguen dependiendo en buena medida de la acción de los gobiernos nacionales, que es tan voluntaria como la propia declaración.
Aunque ambiciosa, la Agenda 2030 parece más factible cuando se comprueba que cada año un cierto número de países somete a la revisión de sus pares de las Naciones Unidas un informe sobre el progreso realizado hacia la consecución de estos objetivos. En julio de este año, España también se someterá a esta revisión voluntaria y presentará su Plan de Acción para la Implementación de la Agenda 2030, cuyo borrador ha sido distribuido recientemente por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Se trata de un documento que tiene muchos aspectos positivos desde la perspectiva de la factibilidad de la Agenda y, también, bastante margen de mejora.
Entre los aspectos más positivos del plan español destaca el número de ministerios implicados: 13 incluyendo al de de Presidencia, con un papel coordinador. Tal y como concluyó el seminario “Cooperación española 2030” del Real Instituto Elcano, la contribución de un país al desarrollo, con esta Agenda, ya no puede ser asunto de una agencia de cooperación sino de todo un gobierno.
La manera en la que se está dinamizando la participación de todas estas administraciones también es positiva. La responsabilidad del Plan ha sido atribuida a un Grupo de Alto Nivel constituido en la Administración General del Estado bajo el paraguas de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, y bajo la presidencia del Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación con el apoyo de un Embajador en Misión Especial. El documento final se somete a la aprobación del Consejo de Ministros del que se espera también una declaración política que preceda al documento presentado a las Naciones Unidas. El progreso en los ODS tiene sus costes e implica tomar decisiones políticas, por lo que es necesaria una implicación política de alto nivel como la que sugiere este esquema.
Al mismo tiempo, el borrador distribuido ha recibido diversas críticas porque no expresa con claridad qué decisiones se han tomado para avanzar en los ODS y qué implicaciones tienen. Sí enuncia siete políticas palanca (la estrategia contra la pobreza, el plan de igualdad, la agenda urbana española, la estrategia de economía circular, la ley de cambio climático, el plan de investigación científica y el plan director de la cooperación española) pero, a pesar de la extensión del documento, carece de acciones precisas, indicadores, presupuesto o calendario. Se ha dicho que el documento en su versión actual es más un inventario de las políticas de la Administración General del Estado relacionadas con los ODS que un verdadero plan de acción. En este sentido, se pone en duda alguna de las virtudes anteriores, pues la implicación política en el mismo podría haber sido más formal que real.
Se espera que próximamente se vayan añadiendo al borrador algunas de estas partes propias de un buen plan de acción. Por ejemplo, se conocerá el detalle de 329 acciones que ya han sido atribuidas a los Ministerios antes mencionados, así como los indicadores diseñados por el Instituto Nacional de Estadística para medir el progreso de España en los ODS, compararlo y consolidarlo con el de otros países.
En algún momento, se debería también considerar la incorporación al Plan de una memoria de gastos derivados de políticas palanca como la Ley de Cambio Climático o la cooperación para el desarrollo. Esta memoria podría incorporar también un capítulo de ingresos y abordar algunas propuestas muy relacionadas con la globalización y el desarrollo sostenible, como las tasas sobre transacciones financieras internacionales y sobre empresas tecnológicas globales o los impuestos verdes.
Por último, el saldo de esta previsión de nuevos ingresos y gastos, su impacto en el déficit, tendría que ser valorado desde la perspectiva de los compromisos adquiridos por España ante la UE y resolverse la posible contradicción entre lo que la comunidad internacional espera del país en materia de desarrollo sostenible y de disciplina fiscal. En definitiva, más que una memoria de gastos, lo que el Plan de Acción sobre la Implementación de la Agenda 2030 en España necesitaría para ser factible sería una octava política palanca que podría denominarse política fiscal. En ese caso, no habría duda sobre la implicación en su elaboración del Gobierno al nivel adecuado.
