El Transatlantic Trade and Investment Partnership, acuerdo de libre comercio entre la Unión Europa y Estados Unidos, cuya motivación principal es la eliminación de las barreras al comercio entre ambas orillas del Atlántico y el avance en la regulación y los estándares ha levantado un gran interés por partes de todos los actores implicados debido a su carácter win-win . La liberalización facilitaría el comercio de bienes y servicios, inversiones y compras públicas, ahorraría costes y crearía cientos de miles de puestos de trabajo a la vez que crearía el mayor bloque comercial del mundo.
El motivo de la negociación es doble. En primer lugar por el posible arrinconamiento que las nuevas economías como China están ejerciendo sobre EEUU y EU en los posicionamientos mundiales y también como alternativa a la recesión económica que, especialmente dura en Europa. El tamaño de la economía trasatlántica tiene un peso relativo muy significativo a nivel mundial pues supone el 50 por cien del PIB mundial en cuanto a valor y el 30 por cien del comercio mundial. Si este acuerdo llega a buen puerto supondría un punto de inflexión en las relaciones comerciales mundiales y en las economías de ambos firmantes.
Sin embargo, las negociaciones se han topado con un escollo. El pasado 21 de enero el Comisario de Comercio de la UE, Karel De Gucht, anunció la realización de una consultar al público sobre las disposiciones de inversión en el acuerdo de libre comercio con la que se trata de asegurar que se tiene en cuenta la opinión pública y que las empresas no van a hacer un uso inapropiado de este mecanismo.
Consiste en un periodo de tiempo de tres meses durante los cuales la Comisión va a realizar una consulta pública a empresas y actores involucrados. El motivo es que según ha dicho De Gucht “las protecciones sociales duramente ganadas en Europa podrían verse socavadas “.
Durante este tiempo se consultara a todos los stakeholders que se podrían ver implicados en estándares de protección de inversiones y trataran de redactar una posición conjunta con la que negociar con Estados Unidos.
Esta consulta tiene como finalidad asegurar el equilibrio adecuado entre la protección de los intereses de inversión europeos y defender el derecho de los gobiernos a reglamentar en función del interés público.
Desde junio de 2013, la Unión Europa y Estados Unidos ha realizado tres rondas de negociaciones caracterizadas por la buena sintonía y disposición de dialogo por ambas partes, y aún no está claro en que medida estas consultas pueden suponer un cambio.
Se puede temer que este debate lanzado sobre protección de la inversión y la liquidación entre inversionistas y el Estado de controversias (ISDS) pueda afectar de forma negativa a las evoluciones del conjunto del acuerdo. El problema es que el modelo de ISDS de Estados Unidos y la Unión Europea son distintos como pasa en el caso de Canadá, por lo que reconciliar ambos sistemas seria complicado. En la Unión Europea muchos estados miembros no tienen claro cuáles son los beneficios de negociar la protección de inversiones y el ISDS con EE.UU, que es un país que ofrece seguridad jurídica suficiente y por el temor a que se produzcan demasiadas denuncias infundadas por parte de las empresas americanas ante cualquier regulación que adopte la Unión Europea .
Además, independientemente del TTIP la Unión Europea tiene más acuerdos del libre comercio en negociación y puede verse como una preocupación la extensión de este debate sobre los estándares de protección de inversiones y grado de “policy space” a otros acuerdos, puesto que la contaminación del modelo sería inevitable con la consiguiente rebaja de la protección hasta ahora asegurada por los Acuerdos para la Promoción y la Protección Recíproca de las Inversiones APPRIs europeos.
Es decir, si solamente consiste en una consulta pública como se ha anunciado y Estados Unidos lo considera beneficiosos no debería de haber un problema mayor. Pero puede que estemos ante un cambio de modelo por parte de la Unión Europea, que no solo afecte a este acuerdo sino que tenga el objetivo de establecer nuevas reglas para la protección de inversiones en todos los acuerdos de libre comercio que la UE firme, lo que tendría importantes implicaciones.
