El enfrentamiento actual a propósito de Gibraltar entre los gobiernos de España y el Reino Unido obedece a discrepancias jurídicas y diplomáticas por lo que no tiene sentido segurizarlo ni militarizarlo. Gibraltar no representa un problema de seguridad nacional para España. Pese a todos los perjuicios fiscales que plantea y los tráficos ilícitos que realiza, la Roca no es el lavadero de dinero procedente del crimen organizado que se cree ni el único –ni el más importante- punto de entrada de la droga procedente de África. Las redes de narcotraficantes suben la droga desde África al punto de descarga menos vigilado, independientemente del lado de la verja en el que se encuentre, y seguirán aprovechando que las fuerzas de seguridad de ambos bandos se dediquen más a enfrentarse por la jurisdicción de las aguas que a cooperar en la lucha contra los tráficos ilícitos. De sus ventajas fiscales tratan de beneficiarse todos los que pueden, independientemente del color de su pasaporte, y lo seguirán haciendo mientras los gobiernos no acaben de suprimir los paraísos fiscales. Unos y otros, en mayor o menor medida, se aprovechan también del contrabando de tabaco; manteniendo el negocio o la paz social a costa de las haciendas españolas y europea.
Bastaría con aplicar la ley siempre y no mirar para otro lado para desactivar las redes que convierten el menudeo de contrabando en contenedores con destino a los consumidores españoles y europeos. Si los controles aduaneros son legales y necesarios, deben serlo todos los días y no sólo en situaciones de tensión. Pasar del cero al infinito acarrea problemas de comunicación (explicar la proporcionalidad, aleatoriedad y no discriminación de los controles) y quienes alimentan la escalada –por razones patrióticas o por vender titulares- no han tardado en asociar la llegada de unas unidades navales británicas con el salto a la fase militar de la escalada.
Ya a finales de 2012, cuando España aumentó la protección especial medioambiental de las aguas en litigio, algunos diputados conservadores británicos solicitaron al Gobierno conservador que incrementara la presencia de buques militares para reforzar la actuación de la Policía Real Gibraltareña. John Astor, subsecretario de Defensa y portavoz de Defensa en la Cámara de los Lores, aseguró entonces que se estaba revisando la política de presencia de la Royal Navy. Todo ha permanecido igual desde entonces, a pesar de que el Ministro de Asuntos Exteriores, William Hague, en respuesta escrita a una pregunta de la Cámara de los Comunes afirmó que: “We will continue to take whatever action we consider necessary to protect British sovereignty and the interests of Gibraltar, its people and economy”. Apelar a la política decimonónica de las cañoneras es un reflejo de potencias coloniales en declive o emergentes. Militarizan conflictos de naturaleza política y provocan los ruidos de sables a los que seguramente se refiere el Ministro Principal de Gibraltar, Fabian Picardo. Sirven también para que se escuden tras esos sables quienes arrojan las piedras (de una tonelada de hormigón armado con pinchos en este caso) que provocan las tensiones.
Ni los mandos de la Royal Navy han revisado su política ni los buques de nuestra Armada se han dedicado a pasear sus banderas por el Estrecho. Los ejercicios anuales Cougar sirven de adiestramiento para los nuevos grupos de combate de respuesta rápida que deben garantizar el poder militar británico -conectividad y presencia- en los escenarios de conflicto del Mediterráneo, Oriente Medio e Índico por los que discurre su travesía desde Porstmouth a Yibuti. Los buques tenían programado atracar en Gibraltar y Rota en agosto a la ida y en Palma de Mallorca en noviembre a la vuelta, entre muchos otros puertos de países aliados o socios, desde los que realizarán ejercicios terrestres sus marines del Comando 42 embarcados a bordo. España no dispone de un grupo similar (podría tenerlo porque dispone de capacidad para ello) por lo que no puede participar en los ejercicios al igual que lo harán otros grupos de combate similares de Estados Unidos y Francia y se limita a escoltas como las de la patrullera Serviola en Galicia.
La cooperación entre las fuerzas armadas de ambos países es hoy más necesaria que nunca debido a los riesgos estratégicos compartidos en los escenarios del norte de África, Sahel y costas occidental y oriental africanas. A lo que hay que añadir el pivote de Estados Unidos hacia el Pacífico, el estancamiento de la política común de defensa de la UE y el desfondamiento de la seguridad cooperativa de la OTAN. La cooperación bilateral es todavía más necesaria en el ámbito de la seguridad marítima, donde no se espera disponer de una Estrategia Marítima Europea hasta 2014 -como pronto- y donde la Estrategia Marítima de la OTAN nació y murió en 2011 sin que se pudiera aplicar en la Guerra de Libia. En su defecto, España y el Reino Unido necesitan coordinarse para contribuir a la seguridad marítima del Estrecho, del Golfo de Guinea y del Cuerno de África. La Estrategia de Seguridad Nacional 2013 considera la seguridad marítima como uno de los riesgos importantes para la seguridad nacional y, cuando se desarrolle, deberá orientar como se preservan esos intereses políticos, económicos y medioambientales, lo que orientaría la conducción y actuación de las fuerzas armadas y de seguridad en el Estrecho.
Necesidades estratégicas aparte, corresponde a los gobiernos decidir las medidas civiles y militares que permiten alimentar o desactivas las tensiones. El Gobierno británico ha perdido una oportunidad de demostrar su sensatez y ha mantenido la escalada de la Royal Navy en el puerto de Gibraltar, a sabiendas de que su presencia animará el hooliganismo gibraltareño. Por el contrario, el Gobierno español ha mantenido su autorización de escala en Rota al portaeronaves HMS Illustrious para no alimentar la escalada y reforzar la credibilidad de Rota como base militar de apoyo a sus aliados como Estados Unidos en detrimento de Gibraltar (vaciando a la Roca de toda utilidad militar en un juego de suma cero).
No cabe la segurización de un problema como el de Gibraltar aprovechando que la Royal Navy pasaba por allí cuando su naturaleza es eminentemente jurídica y diplomática. Lo que sí cabe es integrar todos los instrumentos de influencia de los que se dispone en una estrategia política de actuación que haga predecible el comportamiento de España en relación con las crisis. La debilidad de la posición española –mayor aún en su percepción- obedece a su carácter errático según los tiempos, gobiernos y políticas de turno. Esa debilidad anima a quienes –a un lado y otro de la verja- ven en el mantenimiento del statu quo o en la autodeterminación una oportunidad para vivir mejor a expensas de los intereses generales del resto. Por el contrario, una posición definida y sostenible reforzaría su capacidad de disuasión y predictibilidad, permitiendo conocer las consecuencias de sus actos a quienes a un lado y otro de la verja revuelven las aguas de Gibraltar buscando sus intereses particulares.
