De guiarse por las encuestas la oposición, encarnada por la MUD (Mesa de Unidad Democrática), debería arrasar en las próximas elecciones legislativas venezolanas, aunque últimamente las encuestas no son demasiado confiables. Pese a ello, en condiciones normales, la pregunta a formular en Venezuela no sería quién ganaría sino por cuánto. El problema radica precisamente en la absoluta anormalidad que rodea los comicios del 6 de diciembre venidero.
La anormalidad viene dada por la propia naturaleza del régimen bolivariano, poco propenso a ver reducidas sus actuales parcelas de poder. Con el ánimo de mantener lo que desde el gobierno se conoce como “logros revolucionarios”, el presidente Nicolás Maduro ha advertido que bajo ningún concepto está dispuesto a dejarse despojar de las banderas del chavismo y que inclusive llegaría a cogobernar con los militares si el oficialismo sale derrotado en las elecciones. Es decir, que la próxima cita electoral estará marcada por numerosos límites y condicionantes que pueden llegar incluso a tergiversar la voluntad popular.
El principal límite está marcado por el propio sistema que rige los comicios y el control casi absoluto que el gobierno tiene del Consejo Nacional Electoral (CNE). A esto se agrega el trazado ventajista de las circunscripciones electorales que beneficia claramente al oficialismo, como se vio en las anteriores elecciones legislativas. En esta oportunidad se puede repetir el hecho de que una victoria en voto popular no implique un mayoría de escaños. Tampoco hay que olvidar la inhabilitación de numerosos candidatos opositores, muchas veces incriminados de delitos que en otros países serían calificados de surrealistas o simplemente inexistentes.
Otro elemento que Maduro está manejando con un claro propósito electoralista es la declaración del estado de excepción en los estados de Bolívar, Zulia, Apure y Amazonas. Gracias a él las prerrogativas gubernamentales se refuerzan al tiempo que aumenta más que proporcionalmente la debilidad de la oposición. Algunos analistas calculan que mediante este mecanismo el chavismo se puede hacer con más de 50 escaños. Con este propósito, y pese al claro descenso de la tensión en la frontera con Colombia, el gobierno venezolano prorrogó por 60 días el estado de excepción el pasado 20 de octubre.
Los límites y condicionantes no existen sólo para la MUD, también afectan al PSUV (Partido Socialista Unido de Venezuela) y al propio gobierno. En el frente interno, si el caudal de votos opositores es grande una cosa es intentar reducir al mínimo posible el tamaño de la derrota, evitando mayorías parlamentarias de bloqueo, y otra revertir el sentido de la voluntad popular. Pero donde debe estar más atento el gobierno de Maduro y Diosdado Cabello es en el frente externo, especialmente en su dimensión regional.
Cuando se produjo la condena de Leopoldo López se oyeron algunas voces, todavía tímidas, pero voces al fin, de disconformidad con el funcionamiento de la justicia venezolana. Tampoco ha tenido especial fortuna el gobierno chavista a la hora de condicionar la observación internacional de las elecciones, limitada básicamente a Unasur. Pese a la subordinación del secretario general de la organización a los intereses venezolanos ha resultado imposible eliminar las voces discordantes en una delegación que todavía no se ha terminado de conformar. En el fondo todavía resuenan los ecos del veto al brasileño Nelson Jobim, pese a las aclaraciones en sentido contrario de Unasur. Las posturas del Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil y de la Corte Electoral de Uruguay, que preside el Consejo Electoral de Unasur, muestran que a Maduro no le será nada fácil imponer sus puntos de vista.
La pérdida creciente de influencia de la diplomacia venezolana llega en un momento crucial para la defensa de los puntos de vista gubernamentales. Lo que antes se toleraba sin apenas cuestionamientos públicos, aunque éstos se produjeran en la intimidad de las relaciones interpresidenciales, ahora resulta mucho más difícil. Ni Dilma Rousseff ni Michelle Bachelet están en condiciones de avalar un atropello a los derechos humanos en Venezuela. Peor aún, Cristina Fernández, aliada incondicional del chavismo, ya está de salida. Un eventual triunfo de Mauricio Macri supondría una seria advertencia contra la convalidación de un fraude electoral, incluso antes de su toma de posesión el 10 de diciembre. Pero incluso Daniel Scioli le pondría las cosas mucho más difíciles a Maduro, prueba evidente de unos cambios que ya se intuyen en la región.
