Los resultados obtenidos por los islamistas jordanos en las elecciones parlamentarias el pasado 10 de septiembre han sorprendido por su alcance. El Frente de Acción Islámica –que representa la rama política institucional de los Hermanos Musulmanes en Jordania– ha sido el partido que ha obtenido el mayor número de escaños y, por tanto, técnicamente ha ganado las elecciones, aunque sus 31 escaños de un total de 138 quedan muy lejos de la mayoría. No obstante, en el voto popular, sus 462,000 votos de un total de más de 1,6 millones, suponen casi una tercera parte del electorado. En el recién introducido distrito nacional, reservado a partidos políticos, han ganado 18 de los 38 escaños (restando los tres escaños asignados a cuotas de la mujer, cristianos y otras minorías), es decir, casi un 50%, mientras que los siguientes partidos obtuvieron tan sólo tres escaños. Los 13 escaños restantes de los islamistas pertenecen a las listas locales. Son, sin duda, sus mejores resultados desde que consiguieran 22 de los 88 escaños en juego en 1989, muy por delante de los cinco que obtuvieron en la votación de 2020.
Su éxito relativo responde a una serie de conocidas razones por las que se distinguen las distintas sucursales de los Hermanos Musulmanes a lo largo y ancho del mundo árabe: sus capacidades organizativas y de movilización para convertirse en la alternativa al régimen vigente. En las elecciones jordanas, el Frente de Acción Islámica ha llevado hasta el límite su apoyo a la causa palestina, utilizando un triángulo verde invertido como símbolo de su campaña electoral, evocando el triángulo rojo utilizado por Hamás en los videos en los que ha documentado durante este último año sus ataques armados contra Israel.
La población jordana sigue obsesivamente la campaña militar que dirige Israel desde hace casi un año contra la franja de Gaza y Cisjordania. Con más de la mitad de la población de origen palestino, Jordania es un país en el que toda crisis en Israel-Palestina repercute. Las frecuentes protestas en Jordania contra Israel y sus constantes bombardeos contra Gaza, que han segado las vidas de más de 40.000 palestinos, la mayoría de ellos mujeres y niños, reflejan una profunda rabia y exasperación.
Las imágenes de las masacres diarias en Gaza mantienen a la población jordana en vilo desde hace casi un año. Pero las agresiones israelíes en Cisjordania son las que constituyen un peligro más directo para Jordania. Aunque poco se puede comparar con la violencia israelí en Gaza, las operaciones militares en Cisjordania son de una intensidad no vista en ese territorio desde la Segunda Intifada. Mientras, colonos judíos descienden a diario sobre localidades palestinas, agrediendo a sus habitantes y atacando sus propiedades, a menudo hiriendo y a veces matando a civiles palestinos. Los esfuerzos por vaciar la zona C (un 60% de Cisjordania) de sus habitantes palestinos se ha acelerado y la amenaza de forzar su marcha en masa a Jordania permanece latente –como ya ocurrió en 1948 y 1967–. El pasado 18 de julio parte de la oposición votó junto al bloque parlamentario del gobierno –68 votos contra nueve– una ley que descarta el establecimiento de un Estado palestino en un futuro. La resolución incluía una advertencia implícita a Jordania, al estipular que: “El Knesset israelí se opone firmemente al establecimiento de un Estado palestino al oeste del río Jordán”, una referencia indirecta a la propuesta “Jordania es Palestina” para imponer una solución al conflicto palestino-israelí transfiriendo a la población palestina nativa de la Palestina histórica a Jordania. Entretanto, aumentan las transgresiones del llamado statu quo en la Explanada de las Mezquitas y esfuerzos por parte del gobierno israelí de expandir su control sobre el lugar bajo el que está ubicado, literalmente, el sanctasanctórum. La corona hachemita, que ejerce la custodia de la Mezquita de al-Aqsa, título del que deriva el Rey Abdalá legitimidad, considera estos procesos y agresiones como peligrosas amenazas, que empujan a Jordania hacia el borde del precipicio. Reflejo de ello son las declaraciones de su ministro de Exteriores, Ayman al-Safadi, que ha adoptado un tono y una retórica extraordinariamente duras en sus críticas hacia Israel.
La guerra en Gaza se ha ido expandiendo, convirtiéndose en una contienda regional. Estos últimos meses, Jordania se ha encontrado literalmente en el fuego cruzado entre Irán e Israel, y ha colaborado con el dispositivo de defensa antimisiles para proteger a Israel. Dentro de Jordania, la agresión israelí –considerada un plausible genocidio por la Corte Internacional de Justicia– no revuelve sólo a sus ciudadanos de origen palestino. Las elecciones se han visto marcadas por el ataque, dos días antes, contra el puente de Allenby, que conecta Jordania e Israel, en el que un ciudadano jordano mató a tres guardias de seguridad israelíes. La identidad del atacante sorprendió, al pertenecer a una importante tribu beduina, demostrando así la profundidad del rencor por la guerra en Gaza.
El avance electoral de los Hermanos Musulmanes en Jordania supone el reverso de una tendencia en todo el mundo árabe, donde se había registrado una marcada regresión de su influencia y en Jordania en particular. El reino hachemita había sido el ejemplo paradigmático de integración de los Hermanos Musulmanes en la vida política institucional desde 1953. Pero durante las últimas dos décadas, las autoridades jordanas habían ido restando poder al movimiento, restringiendo sus actividades sociales y políticas. El éxito del Frente de Acción Islámica es principalmente un indicador del impacto de la guerra en Gaza en el mundo árabe a nivel popular. Pero su efecto más inmediato en Jordania es el de una válvula de escape. El llamamiento a suspender el acuerdo de paz con Israel de 1994 y el contrato de compra de gas israelí firmado en 2016 goza de un amplio apoyo popular, pero está lejos de poder convertirse en realidad.
El significado más concreto de los resultados es bastante técnico. Las elecciones son la culminación de una serie de cambios a la ley electoral aprobados en 2022 a fin de promover el establecimiento de partidos políticos, asignándoles 41 escaños. Hasta entonces, y desde 1993, la ley electoral promovía la elección de parlamentarios a nivel individual y local.
Gracias a la nueva legislación, durante los últimos tres años desde la anterior votación se ha vivido una efervescencia en el ambiente político del país con la formación de nuevos partidos. Hasta 24 formaciones se han presentado, aunque sólo 10 han conseguido superar el umbral de entrada del 7%. El nivel de participación, de un 32,25%, continúa siendo muy bajo, sólo ligeramente por encima de los dos últimos ciclos. Pero ha sido un éxito para el proceso: la misión de observadores de la UE considera que las elecciones han sido “inclusivas y bien administradas dentro de un ambicioso proceso de reformas”, marcando así una diferencia con el pasado.
Dos años antes, en agosto de 2022, el ex ministro de Exteriores jordano Marwan Muasher, advirtió en una tribuna en The Economist sobre el grado de inestabilidad en el que se encontraba el país: “la combinación de problemas políticos y económicos a los que se enfrenta el país no tiene precedentes”. La situación era crítica entonces, debido al impacto en la economía del COVID y la invasión rusa de Ucrania, que a su vez se sumaba a un debilitamiento por sucesivas guerras en Irak y Siria, que comparten frontera con Jordania. La guerra de Gaza y la crisis regional asociada a ella ha acentuado aún más esa recesión.
El Estado presentó en 2021 un nuevo programa de reformas que prometía en 10 años un sistema político basado en partidos. Pero la experiencia jordana previa con tales iniciativas no daba ningún motivo para el optimismo: “Anteriormente, la respuesta del gobierno fue en gran medida la de intentar imponer una reforma política ad hoc. Pero no alteró la estructura básica del poder del Estado, y duró únicamente mientras se mantuvo la presión”. Sin embargo, aunque todavía es prematuro hablar de una transformación de un país descrito como “no libre” por Freedom House –con un modelo “autoritario liberal”–, algo ha cambiado.
El objetivo final sería formar gobiernos que sean un reflejo del parlamento, en lugar de una imposición de la corona, y así convertir al país en una monarquía constitucional de hecho y no sólo sobre el papel. En términos prácticos, esto ocurrirá cuando un partido o coalición sea lo suficientemente grande como para imponer su veto. Se prevé que la relativa integridad de estas elecciones ayude a alzar la credibilidad del proceso y que en los próximos comicios aumente el número de participantes, afianzándose a la vez los partidos políticos representantes de un amplio abanico de tendencias. La verdadera prueba será en los próximos ciclos electorales en los que la nueva ley prevé aumentar el número de escaños asignados a partidos políticos hasta la mitad de la cámara legislativa, y después en 2032 hasta el 65%. Es un pequeño pero importante avance para el país dada su situación de extrema fragilidad.
