En medio de la ingente cantidad de noticias diarias que surgen a raíz de las elecciones presidenciales de Estados Unidos en noviembre de 2020, la política tecnológica y digital se encuentra fuera del radar o, al menos, relegada a un segundo nivel de prioridades en las campañas de los Partidos Demócrata y Republicano. Sin embargo, su importancia es indudable dadas las consecuencias que podría conllevar tanto en política exterior y nacional, como en asuntos de actualidad tales como la regulación de las plataformas de economía digital o la garantía de derechos fundamentales.
La política tecnológica y digital se ha abordado en los programas del presidente Donald J. Trump y el candidato demócrata Joe Biden, pero de forma variable y no siempre conexa y clara. Joe Biden ha definido una agenda tecnológica de mayor especificidad y detalle, pero se encuentra limitada a ciertas políticas. Al contrario, Trump ha hecho declaraciones acerca de casi todas, aunque bajo un enfoque más generalista. Ambos han politizado el asunto sin duda, pero Biden ha incidido también en la vertiente de gestión pública.
Ahora bien, las propuestas demócratas y republicanas no son siempre ni distintas ni excluyentes. Existen puntos de acuerdo entre ambos partidos (como la necesidad de banda ancha rural); otros en los que se coincide en el problema detectado, pero se difiere en la solución (la inversión pública en investigación tecnológica); y otros en donde el reto difiere (facilitar la llegada de personas extranjeras altamente cualificadas en lo digital).
Enfoques distintos en la política exterior tecnológica y digital
Es en la política exterior de lo tecnológico y digital donde la victoria electoral de uno u otro marcará significativamente el camino de la globalización en los próximos años. Hace menos de una semana, la Casa Blanca publicaba la primera Estrategia Nacional de Tecnologías Críticas y Emergentes, que sienta las bases para la transformación de las tecnologías en innovación y su uso como activo estratégico con tres objetivos: convertirse en líder global tecnológico, gestor de riesgos tecnológicos, y aliado tecnológico. Sin embargo, los mecanismos propuestos para llevarlo a cabo por ambos candidatos son diferentes.
En política comercial, Biden y Trump coinciden en la necesidad de tener una actitud firme y robusta con respecto a la estrategia tecnológica de China: en gobernanza de datos, desarrollo de productos como los semiconductores, refinamiento de materia prima –como el litio– que posteriormente se integra en nuevas tecnologías, o los acuerdos comerciales en 5G o IA. La diferencia radica en el cómo: Trump promueve una estrategia unilateral y coercitiva, si bien no siempre exitosa, con nuevas medidas como la prohibición de TikTok –una decisión que la justicia ha revocado– o las restricciones de contratos de tecnología china con departamentos federales –algo a lo que, de nuevo, se han opuesto las propias empresas tecnológicas estadounidenses. Mientras, Biden opta por el multilateralismo y una mayor competición –pero no confrontación– con China.
Esta búsqueda de alianzas se extiende al plano de la gobernanza de Internet. La Administración Trump ha lanzado la iniciativa “Red Limpia”, que restringe a actores considerados como prejuiciosos o con intenciones indebidas –como considera que es el Partido Comunista China– el almacenamiento de datos personales e información confidencial, el uso de aplicaciones, la presencia en tiendas online, y todo tipo de participación en la nube o soportes estadounidenses. El Partido Demócrata ve en este plan un riesgo añadido al Internet dividido que se está permeando a ritmo variable desde China –a través de la Gran Muralla Digital– y Rusia –mediante su sistema de sistemas con “fronteras digitales”. De ahí, que Biden haya mostrado su compromiso con el multilateralismo como la vía para crear los principios de un Internet abierto, libre, seguro y estable, y frenar la asertividad creciente que está teniendo lugar con las propuestas sobre Internet de países no democráticos.
Un tema del que no se hablado demasiado pero que es verdaderamente importante es la encriptación: la base para la protección de la privacidad de datos. Biden no ha realizado ninguna declaración extensa, aunque sí ha afirmado que Estados Unidos debería introducir estándares de privacidad “no diferentes a los europeos”, haciendo una clara referencia a la Regulación General de Protección de Datos de la Unión Europea (RGPD). Trump tampoco ha definido una posición propia, pero es cierto que en 2016 criticó a Apple por oponerse a una orden que le obligaba a descifrar un teléfono móvil de una de las personas acusadas por el tiroteo de San Bernardino. Esta posición republicana aparentemente a favor de una ágil descodificación de datos personales bajo orden federal se ha repetido con una reciente declaración internacional, según la cual “la seguridad pública no siempre puede garantizarse sin comprometer el principio de privacidad”, y que tiene un marcado cariz geopolítico: ha sido firmada por los Estados miembros de la alianza en inteligencia Five Eyes –Australia, Canadá, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Reino Unido– así como por India y Japón, actuales rivales de China en la región asiática, también en lo tecnológico. Ejemplo de ello es la restricción de aplicaciones chinas en India y la propuesta japonesa del Osaka Track, una iniciativa para fomentar el flujo internacional de datos de forma segura.
La regulación de plataformas de economía digital es un asunto del que tampoco se ha hablado en profundidad en los programas. Sin embargo, ambos candidatos han hablado a favor de limitar la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones de 1996, que exonera a las plataformas online de toda responsabilidad por los contenidos subidos por parte de usuarios, o por su restricción o eliminación. El fin es mejorar la regulación antimonopolística contra las grandes plataformas de Internet. Trump critica la moderación unilateral de contenidos por parte de cada empresa y los posibles sesgos anti-conservadores, argumentando que “o se regula encarecidamente, o se cierran”, una medida que ha sido criticada ya que el presidente no tiene autoridad legal para hacerlo. Mientras, Biden parte de la crítica de que la regulación permitirá evitar más desinformación y discursos de odio, bajo el principio del bienestar del consumidor. Sin embargo, Biden se diferencia de otros candidatos demócratas por haber sido el primero en pedir la revocación inmediata de la Sección 230, con una candidata a la Vicepresidencia, Kamala Harris, que fue fiscal general de California, hogar de Silicon Valley, y con quien busca una economía digital orientada a la justicia social a la vez que garante de los intereses empresariales en otras regiones, como la Unión Europea, en donde crecen las salvaguardias y regulaciones ante las Big Tech.
Hacer de la tecnología un asunto propio
Queda todavía sin resolver un número importante de asuntos, como cuán diferentes serían las medidas de prevención ante la interferencia extranjera en las elecciones, la concreción de políticas sobre cómo vertebrar territorialmente Smart Regions, el grado de apoyo público a la influencia de empresas tecnológicas en otras regiones como América Latina, o mayores detalles sobre el espectro inalámbrico de 5G y política fiscal. Algunos temas esperan a ser resueltos con un nuevo escenario ejecutivo pero, sin duda, que la política tecnológica y digital empiece a tomar forma y encontrar lugar propio dentro de los programas políticos demuestra que, si se sigue relegando la tecnología a un segundo plano o como un asunto meramente transversal, las consecuencias podrían ser críticas, no sólo en el entendimiento de las democracias, sino también en el multilateralismo y la competición geopolítica.
