Elección de un nuevo presidente en Egipto

¿Qué importancia tienen las próximas elecciones presidenciales en Egipto?

Las elecciones presidenciales en Egipto –cuya primera vuelta empezará el 23 de mayo, si no hay sorpresas– tienen una importancia máxima para el futuro del país. La transición política iniciada con la caída de Hosni Mubarak en febrero de 2011, como resultado de una masiva revuelta popular, debería marcar un hito histórico durante las próximas semanas con la proclamación de un nuevo presidente. Por primera vez en su historia moderna, los egipcios no saben de antemano quién será el vencedor en unas elecciones y, por consiguiente, aún desconocen el nombre del próximo jefe del Estado. Algo así era impensable hasta hace poco más de un año.

Cerca de 52 millones de votantes podrán elegir a uno de los 12 candidatos que se presentan a la primera vuelta los días 23 y 24 de mayo. En caso de que ninguno de ellos consiga la mayoría absoluta, los dos más votados se enfrentarán en una segunda vuelta los días 16 y 17 de junio. Cuatro días más tarde, el nuevo presidente deberá asumir un cargo que ha estado vacante durante los últimos 15 meses.

Egipto tiene un sistema político presidencialista. Distintos factores históricos y políticos han dado un peso predominante a la presidencia frente a otros poderes del Estado. A pesar de que aún no se ha conseguido redactar una nueva constitución, la cual podría modificar o reducir las competencias del presidente, su figura seguirá siendo central en la nueva etapa. El próximo presidente tendrá un papel central en el intento de construir la “segunda república” egipcia que debería surgir de la transición hacia un sistema democrático que favorezca la justicia social, la igualdad de oportunidades y el respeto a la dignidad de las personas. Ése será el principal –y nada fácil– reto al que se enfrentará el próximo presidente.

¿Qué está en juego para el futuro del país?

El Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (CSFA o Junta Militar), que asumió las riendas del poder tras forzar la renuncia de Mubarak, ha prometido transferir el poder a un gobierno civil democráticamente elegido para el próximo 1 de julio. Los militares han tenido enormes dificultades para gestionar el país durante este período. Su imagen se ha deteriorado, así como su legitimidad adquirida a principios de 2011 cuando no reprimieron las revueltas contra Mubarak y forzaron su caída. Parece claro que los militares quieren pasar a un segundo plano y dejar que el desgaste de gobernar lo asuman unas autoridades civiles.

Sin embargo, antes de ceder el poder, la Junta Militar quiere garantizar sus propios –y enormes– privilegios e intereses de cara al futuro. Por un lado, quieren tener el control exclusivo sobre el presupuesto de las Fuerzas Armadas y sus actividades económicas (se calcula que los militares controlan cerca del 30% del PIB egipcio, al margen de cualquier supervisión o control civil). Por otro lado, desean asegurar la continuidad de la política exterior del país, sobre todo en lo referente al acuerdo de paz con Israel y a las relaciones privilegiadas con EEUU, incluida la suculenta ayuda militar de más de 1.000 millones de euros que reciben todos los años. A eso hay que sumar las garantías de que no serán juzgados por los abusos cometidos en el pasado, incluida la represión sangrienta de manifestantes en los últimos meses.

Una clave del momento actual, tras 15 meses de convulsa e incierta transición política, es que no hay una sola fuerza dominante en el país. Prueba de ello son los continuos pulsos que mantienen en público o entre bambalinas los principales y fragmentados centros de poder (militares, islamistas, revolucionarios, tribunales, remanentes del antiguo régimen, etc.). Está en juego el establecimiento de las reglas que regirán en el futuro la relación entre las autoridades civiles y las Fuerzas Armadas, así como la posibilidad de generar una dinámica de negociación transparente entre los viejos y los nuevos actores que no haga prevalecer el interés del grupo frente al interés general, como se viene repitiendo en la etapa actual.

Mientras los militares no consigan asegurar sus privilegios, bien sea en el texto de la constitución o haciendo que el nuevo presidente sea sensible a sus presiones e influencia, la transición egipcia seguirá sometida a continuos vaivenes que no ayudarán a solucionar los problemas acuciantes a los que se enfrenta el país. Es de prever que durante un tiempo –tal vez años– tanto la Junta Militar como la principal fuerza parlamentaria, el Partido Libertad y Justicia (PLJ) vinculado a los Hermanos Musulmanes, crean que se pueden imponer en su particular pulso. Queda por ver cuál será la reacción de los demás actores sociales y políticos, así como si esa lucha por el poder, en caso de que no se empiecen a resolver los problemas del país, provocará n mayor descrédito de los militares y también de los Hermanos Musulmanes.

¿En qué punto se encuentra la transición egipcia?

El balance de 15 meses de transición egipcia está marcado por intensos claroscuros, aunque sus rasgos principales hasta el momento han sido la falta de transparencia y de negociación pública, así como una sensación de continua improvisación y cambios sobre la marcha. Por un lado, se han alcanzado algunos hitos históricos como la celebración de las primeras elecciones legislativas libres en seis décadas. El proceso electoral, que fue excesivamente largo y complejo (se desarrolló entre noviembre de 2011 y marzo de 2012), produjo un Parlamento dominado en sus tres cuartas partes por fuerzas islamistas (Hermanos Musulmanes y salafistas). Algunos consideran que su composición actual no refleja fielmente la diversidad social y política existente en Egipto.

A pesar de que un año es un plazo de tiempo demasiado corto para evaluar una transición tras largas décadas de autoritarismo, el proceso ha estado marcado por repetidos episodios de represión violenta por parte de las fuerzas de seguridad, con la frecuente intervención de matones no identificados que atacan a los manifestantes sin que la policía los frene. La otra cara de la moneda es el extraordinario aumento del activismo social y de la pérdida de miedo para expresar opiniones y hacer críticas. Si durante muchos años no era aconsejable hablar de política en público, ahora parece que sólo se habla de política en todos sitios y a todas horas. Está siendo, sin duda, un proceso de aprendizaje rápido para la población egipcia y para las fuerzas políticas.

Una de las principales críticas que se le ha hecho al proceso de transición liderado por los militares es que no ha habido una lógica política coherente en la secuencia de los pasos dados hasta la fecha. Numerosos egipcios y observadores extranjeros consideran que es una equivocación elegir presidente antes de haber redactado una nueva constitución en la que se definan las competencias presidenciales. En la nueva constitución habrá que establecer el modelo político del Estado, es decir, si se mantiene el sistema presidencialista o se modifica, si se pasa a uno parlamentario o si se opta por uno semi-parlamentario, donde el poder ejecutivo esté repartido entre un presidente elegido democráticamente y un primer ministro nombrado por el Parlamento.

Durante estos meses se han producido varios intentos, todos frustrados hasta la fecha, para designar una comisión que pudiese redactar la nueva constitución. Sin embargo, las maniobras políticas y la falta de cooperación entre las distintas fuerzas que deberían participar en dicha redacción han hecho imposible llegar a acuerdos. Tanto los militares y los remanentes del antiguo régimen como los islamistas han procurado conquistar el control mayoritario de la comisión constituyente, que inicialmente constaba de 100 miembros, lo cual provocó el abandono de los representantes laicos. Tras la celebración de las elecciones presidenciales, éste será el nuevo campo de batalla entre militares, islamistas y sectores laicos contrarios al régimen anterior.

Una clave para evitar reproducir el modelo autoritario y excluyente del pasado será la existencia de contrapesos entre las distintas instituciones del Estado, de forma que se evite el control hegemónico de una sola corriente política sobre los poderes legislativo y ejecutivo, es decir, el Parlamento, la jefatura del Estado y el gobierno.

¿Quiénes son los principales candidatos?

Según distintas encuestas, entre el 30% y 40% de los votantes aún no sabían a quién iban a votar a 10 días de la primera vuelta. Existen suficientes indicios para creer que las elecciones no dependerán de las ideologías ni de los programas electorales, sino de las personas que se presentan.

En una de las múltiples sorpresas que han sacudido el proceso, la autoridad electoral egipcia descalificó a tres de los candidatos que tenían más opciones, en una decisión altamente política y con forzados argumentos jurídicos. Estos eran: Omar Suleimán (antiguo número dos de Mubarak), Hazem Abu Ismail (predicador salafista ultraconservador) y Jairat al Shater (el candidato de los Hermanos Musulmanes).

De los 12 candidatos que permanecen en la carrera presidencial, cuatro cuentan con opciones de pasar a una segunda vuelta, si ninguno de ellos obtiene la mayoría absoluta en la primera (algo poco probable, y seguramente poco deseable). Estos son: Abdul Moneim Abul Futuh, candidato independiente y ex dirigente de los Hermanos Musulmanes, expulsado en 2011 por anunciar unilateralmente su candidatura a la presidencia; Amr Musa, ex ministro de Asuntos Exteriores con Mubarak y ex secretario general de la Liga Árabe; Ahmed Shafik, último primer ministro de Mubarak y ex comandante de las Fuerzas Aéreas; y Mohamed Mursi, candidato de los Hermanos Musulmanes y presidente de su brazo político, el Partido Libertad y Justicia.

Los sectores revolucionarios consideran a Shafik y a Musa como fulul (remanentes del régimen de Mubarak). Ambos cuentan con importantes apoyos entre la vieja guardia. Shafik es el único militar que se presenta como candidato, y su figura es muy controvertida. Musa, el candidato de mayor edad (75 años), cuenta con el renombre y la experiencia internacional, aunque eso podría jugar tanto a su favor como en su contra, sobre todo entre los jóvenes. Ambos se presentan como candidatos laicos.

Por su parte, Abul Futuh se presenta como un islamista moderado e integrador. Médico de profesión, pasó cinco años en las cárceles de Mubarak. Su carisma le ha permitido recibir el apoyo de sectores heterogéneos, como algunos jóvenes revolucionarios, las juventudes de los Hermanos Musulmanes, numerosos liberales y algunos coptos. Sin embargo, el hecho de que los salafistas ultraconservadores también hayan apoyado su candidatura ha generado desconfianza sobre sus intenciones. Por último, Mursi es el candidato “de repuesto” de los Hermanos Musulmanes, tras la exclusión de Jairat al Shater. Representa una tendencia conservadora y se le considera un candidato poco conocido y falto de carisma. Sin embargo, la fuerza de los Hermanos Musulmanes no radica tanto en su popularidad como en su capacidad de movilización.

Habrá que esperar a ver si estas elecciones presidenciales son, por primera vez, verdaderamente libres, y si los resultados son aceptados por la mayoría. Lo cierto es que algo de fondo parece estar cambiando. Al hecho de que el nombre del ganador no se sepa de antemano, hay que añadir el enorme interés que está despertando la campaña electoral. Prueba de ello fue el seguimiento masivo en la televisión y en las redes sociales del primer debate electoral televisado en la historia de Egipto entre dos candidatos, Abul Futuh y Musa, que tuvo lugar el pasado 10 de mayo.

¿Qué podría provocar un aumento del descontento social?

La etapa actual es sumamente sensible y hay mucho en juego para el futuro de Egipto y de la región. En el frente interno, las principales demandas de la población son la mejora del nivel de vida, el restablecimiento de la seguridad y el orden público, la creación de empleo y el establecimiento de un sistema judicial justo e independiente. No avanzar en la solución de los graves problemas socioeconómicos profundizará el descontento social y mantendrá la movilización en las plazas y en las redes sociales. Con unas reservas de divisas suficientes tan sólo para tres meses de importaciones, la situación es alarmante, lo que debería de ser motivo para un cambio de actitud de las elites del poder.

En la fase actual, podrían reavivarse las protestas si la Junta Militar interfiere abiertamente en la redacción de la nueva constitución o impone una nueva Declaración Constitucional fijando de forma unilateral las competencias del presidente (entre ellas la capacidad de disolver el Parlamento), que sean vistas por muchos egipcios como un grave retroceso en el proceso democratizador. También habrá protestas si un número elevado de egipcios no aceptan los resultados electorales, sobre todo si algún candidato vinculado al antiguo régimen, como Shafik o Musa, arrasara en la primera vuelta. El hecho de que las decisiones de la Comisión Electoral sean inapelables está generando sospechas de que pueda haber una manipulación de los resultados por parte de los sectores más resistentes al cambio.

La pregunta clave durante los próximos meses y años es si la Junta Militar estaría dispuesta a dar un segundo golpe para tratar de construir un nuevo mubarakismo sin Mubarak, y si la población egipcia se lo permitiría.