Viendo el pasado Gran Premio de Bahréin de Fórmula 1, una de las cosas que llamaba la atención –más allá del pilotaje de nuestro compatriota asturiano– era que, a diferencia de otros circuitos, en éste apenas había aficionados asistiendo a la carrera, y los pocos que se veían eran extranjeros venidos a Bahréin con el único propósito de ver la carrera. Esta observación se me antoja significativa. El pequeño Reino de Bahréin es un conjunto de islas ubicadas en el Golfo Pérsico con una superficie total de 717 km2 y una población de 1,3 millones. Tan sólo el 46%, son nacionales de Bahréin. ¿De dónde procede el resto de la población? El 4,7% procede de Oriente Medio y Norte de África, el 1,6% es de origen africano, el 1,2% es originario de otros países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), América del Norte y del Sur y el 1%, europeos.
¿Y los demás? Resulta que el 45,5% es de origen asiático. Bahréin es, al igual que sus países vecinos del CCG, un país receptor de inmigración asiática que se llega como mano de obra. Los principales países de procedencia son India, Pakistán, Nepal, Sri Lanka y Bangladesh. Muchos de ellos son víctimas del tráfico humano. Son sometidos al trabajo forzado o la prostitución y han de hacer frente a penosas condiciones de trabajo, restricciones a la movilidad y deficiente –o incluso inexistente– retribución salarial. Además, no existe regulación alguna de condiciones laborales para extranjeros. De hecho, Bahréin tan sólo ha firmado 10 de las 189 Convenciones dispuestas en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y ninguna de las firmadas es relativa al tráfico de personas.
Cada año el Departamento de Estado estadounidense elabora el documento Trafficking in Persons Report, el cual analiza no sólo las medidas interpuestas por parte de los gobiernos para combatir la lacra del tráfico humano, sino también la voluntad de dichos países de mejorar la situación. En dicho informe, Bahréin está clasificado en la lista de seguimiento del nivel dos. Esto significa que se trata de un país cuyo gobierno no cumple con los estándares mínimos establecidos por el Trafficking Victims Protection Act (TVPA) pero hacen esfuerzos para cumplir con dichos estándares. Aún así, en Bahréin, las cifras de afectados son considerables y se hallan en significativo aumento, no existen pruebas de las medidas adoptadas por el gobierno para combatir la situación y, en esencia, su voluntad de actuación se basa en un compromiso de dar pasos futuros, no en el presente.
Lamentablemente, la práctica del tráfico humano y empleo precario de mano de obra extranjera no es exclusiva de Bahréin, sino que es común entre el resto de países miembros del CCG. Si bien la Liga Árabe posee sus propios documentos marco contra el tráfico de personas, como el Arab Framework Act on Combating Trafficking in Persons (2008) y la Arab Initiative to Combat Trafficking in Persons (2010), lo cierto es que los derechos de los trabajadores extranjeros no cualificados brillan por su ausencia de forma generalizada. En el CCG, ninguno de los países cumple con los estándares mínimos de protección de víctimas del tráfico humano, habiendo algunos como Arabia Saudí o Kuwait que ni siquiera hacen esfuerzo alguno para solventar la situación. Sin embargo, el esfuerzo por parte de algunos estos Estados para mejorar su imagen les ha expuesto a un escrutinio internacional por parte de ONGs pro Derechos Humanos, medios de comunicación u organizaciones internacionales como la Confederación Sindical Internacional, quienes han denunciado, por ejemplo, las condiciones de trabajo de los obreros que construyen el complejo deportivo que albergará en 2022 la Copa Mundial de la FIFA en Qatar.
Aunque no se espera una mejora de la situación a medio plazo, Bahréin y el resto de países del Golfo son conscientes de que al exponer su imagen ante la comunidad internacional, cuestiones como el tráfico humano y la explotación junto con la ausencia de otros Derechos Humanos, les hacen estar en el punto de mira –y no de la forma positiva que ellos quisieran–.
