En septiembre de 2024, Mario Draghi presentó un Informe sobre el futuro de la competitividad europea a petición de la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen. El Informe promete ser la hoja de ruta de la nueva Comisión (2024-2029) para alcanzar una de sus principales metas en esta legislatura: recuperar la competitividad de la economía europea. La energía ocupa un lugar destacado del Informe y se presenta como un elemento indispensable de la descarbonización competitiva por la que apuesta Draghi. Con el objetivo de aportar claridad al conjunto de propuestas contenidas en el Informe, el equipo del Real Instituto Elcano ha desarrollado la herramienta Diseccionando el Informe Draghi para analizar sus 176 medidas sectoriales. Este comentario profundiza en las medidas específicas del sector de la energía.
‘’Las medidas energéticas propuestas tienen un importante elemento reformador y varias de ellas van en contra de la tendencia liberalizadora más reciente de la UE’’.
El capítulo sobre energía con que se abre el Informe parte de la premisa de que los elevados costes energéticos en la Unión Europea (UE) son un lastre para su competitividad e identifica la aceleración de la descarbonización como principal solución. Para ello, defiende un enfoque tecnológicamente neutral y eficiente que incluya todas las tecnologías disponibles: renovables, nuclear, hidrógeno, baterías, gestión de la demanda, eficiencia energética y captura de carbono. Las medidas energéticas propuestas tienen un importante elemento reformador y varias de ellas van en contra de la tendencia liberalizadora más reciente de la UE.
Al igual que el Informe Letta, presenta la fragmentación de políticas y mercados en la UE como un freno a la competitividad, apostando por un europeísmo integrador que permita la optimización de los recursos de los Estados miembros. El Informe está alineado con algunas propuestas españolas: la necesidad de desarrollar una verdadera Unión de la Energía aumentando las interconexiones y homogeneizando la regulación, reformar los mercados, simplificar los Purchase Power Agreements (acuerdos bilaterales para el suministro de electricidad, generalmente renovable, PPA) o reforzar las compras conjuntas; y, sobre todo, el énfasis en que no hay conflicto entre competitividad y transición energética, sino que son fines complementarios. En otras propuestas no hay tanta coincidencia, como la defensa de la neutralidad tecnológica o el papel otorgado a la energía nuclear en la transición energética.
Las propuestas del Informe han evolucionado hasta convertirse en un auténtico programa de gobierno para la próxima Comisión. De las 22 medidas relacionadas con la energía, que abarcan áreas horizontales, electricidad y gas natural, 10 se mencionan de forma explícita y otras siete de manera indirecta en las Mission Letters entregadas por Ursula von der Leyen a los comisarios responsables del sector energético: Teresa Ribera, Dan Jørgensen y Wopke Hoekstra (ver Diseccionando Draghi para información adicional).
Enelectricidad, el Informe propone acelerar el despliegue de renovables, simplificar los procesos administrativos y permisos, y un rápido desarrollo de redes eléctricas y redes inteligentes. Aunque relevantes y necesarias, ninguna de estas medidas es especialmente novedosa. El Informe también defiende una fiscalidad alineada con los objetivos climáticos que evite las subvenciones generales, aunque resulten electoralmente convenientes, y que trate de proteger a los sectores más vulnerables y estratégicos. El documento propone incentivar la electrificación, tanto en el transporte como en los hogares y las industrias, mediante una fiscalidad estratégica que refleje su competitividad relativa con las alternativas fósiles.
Las propuestas de reforma del mercado eléctrico resultan más problemáticas, especialmente la desvinculación de la remuneración de las tecnologías inframarginales, nuclear y renovables de los precios marcados por los combustibles fósiles. Esta propuesta fue defendida por España durante su última presidencia rotatoria del Consejo e ignorada en la tímida reforma eléctrica de 2023, de la que el informe sí mantiene el desarrollo de los contratos por diferencias (CfD). También propone incentivar y simplificar la firma de PPA entre industrias consumidoras y generadores. A este respecto, España lleva liderando el mercado de PPA renovables desde hace una década y el mercado ibérico es para el sector un referente de buenas prácticas.
En cambio, las propuestas de desarrollar la cadena de valor de las nuevas tecnologías nucleares (modulares –SMR– y avanzadas –AMR–) y extender la vida útil de las centrales existentes pueden alinearse con las tendencias imperantes en algunos Estados miembros, pero contrastan con la posición española de cierre programado para 2027-2035. También presenta la captura y almacenamiento de carbono (CAC) como un vector de descarbonización industrial prometedor para Europa, aunque la tecnología no termine de despegar. Tanto la nuclear como la CAC, a diferencia de las renovables, requieren fuertes apoyos públicos y afrontan gran oposición social en muchos Estados miembros. Precisamente, el informe destaca que “el compromiso ciudadano es esencial para una transición exitosa” y que sin un apoyo a los más vulnerables las desigualdades sociales y la oposición ciudadana a la descarbonización podrían aumentar. Entre las medidas de mayor coste y que requieren de una mayor inversión pública se encuentran el fomento de la modernización e inversiones en las redes para la electrificación de la economía y el desarrollo de capacidades de almacenamiento y de flexibilidad de la demanda.
Respecto al gas natural, origen de la crisis energética 2021-2024 por la interrupción del suministro ruso, el informe propone limitar el papel de especuladores y agentes financieros en los mercados gasistas, así como una reducción de la importancia de los mercados spot como referencias de mercado. La propuesta, quizá excesivamente condicionada por los episodios de volatilidad ocasionados por el desacoplamiento energético de Rusia, apunta en la dirección contraria a las políticas defendidas por la Comisión en las últimas dos décadas: el desarrollo de mercados líquidos de referencia (TTF o Mibgas) para desacoplar los precios del gas natural de los del petróleo. Siguiendo esta línea, propone mejorar la transparencia del sistema energético europeo centralizando todas las fuentes de datos energéticos públicos y abiertos existentes en una plataforma común, así como mejorar la coordinación de los diferentes reguladores energéticos europeos.
El informe también propone “establecer asociaciones con socios comerciales fiables y diversificados, reforzando los contratos a largo plazo”,sin especificar cuáles son ni la compatibilidad de la propuesta con el objetivo de cero emisiones netas en 2050 del Pacto Verde Europeo. En perspectiva española se echa en falta una doble reflexión sobre la necesidad de relanzar un proyecto euromediterráneo en declive y sobre el papel de América Latina en la diversificación del suministro de materias primas y la integración de las cadenas industriales descarbonizadas. El Informe valora positivamente la experiencia con la plataforma conjunta de compras de gas natural, pese a su relativa escasa tracción en la contratación de volúmenes adicionales hasta la fecha. De hecho, propone reforzarla y extenderla a otras materias primas como los minerales de transición e incluso que pueda asegurar a los participantes del mercado frente a su volatilidad mediante contratos a medio y largo plazo.
Las propuestas incluyen el desarrollo de infraestructuras estratégicas de importación selectivas (asumiendo el riesgo de generar activos varados), la descarbonización de la industria mediante gases descarbonizados (hidrógeno y biogás), y garantizar el acceso a fuentes de energía competitivas para las industrias expuestas a la competencia internacional. A diferencia de las anteriores medidas, de carácter regulatorio o de diseño de mercado, estas últimas requieren una inversión significativa y un sólido apoyo público que requiere de la coordinación de los Estados miembros.
En definitiva, el Informe Draghi ofrece una hoja de ruta ambiciosa para abordar la descarbonización y recuperar la competitividad económica de la UE, combinando propuestas regulatorias y de mercado con una apuesta por inversiones estratégicas. El documento está alineado en varios aspectos con las prioridades españolas, como la electrificación, el desarrollo de PPA y una Unión de la Energía más integrada, aunque también presenta divergencias significativas en lo relativo a energía nuclear y neutralidad tecnológica. Estas medidas deberán desarrollarse ahora en el marco del Competitiveness Compass y el Clean Industrial Deal, cuyo éxito dependerá de la capacidad de los Estados miembros para coordinar políticas, movilizar recursos y garantizar la aceptación ciudadana.
