No puede decirse que el comunicado conjunto emitido el pasado día 6 por Mauritania y Chad sobre el fin de la iniciativa G5 Sahel constituya una sorpresa para quienes siguen la evolución del clima político que afecta a sus cinco miembros: Burkina Faso, Chad, Malí, Mauritania y Níger. De hecho, éste ha sido el último paso de una secuencia que se aceleró aún más con la exigencia de la junta militar que dio un golpe de Estado en Malí, en mayo de 2021, para que Francia retirara su presencia militar del país. Una decisión a la que se han sumado más recientemente los militares golpistas de Burkina Faso y Níger y que ha desembocado el pasado 3 de diciembre en el anuncio de las autoridades de Niamey y Uagadugú de su retirada del G5 Sahel por considerar que su permanencia en esa organización regional es incompatible con su “independencia y dignidad”.
De ese modo se remata de hecho el fin de una instancia que nació en 2014 como resultado del convencimiento de los gobiernos de los cinco países citados (y de la presión europea) sobre la necesidad de sumar sus fuerzas en la implementación de un enfoque integral para garantizar las condiciones de paz, desarrollo, seguridad y gobernanza; con el añadido de una fuerza conjunta creada en 2017 para coordinar la lucha contraterrorista en un intento por frenar la expansión de los grupos armados que amenazan gravemente la seguridad regional. Una iniciativa demasiado sesgada por su enfoque predominantemente securitario y que, en todo caso, no ha logrado cumplir ninguno de dichos objetivos.
Y por si eso no bastase para señalar la intención de las nuevas autoridades de desmarcarse de la órbita francesa y europea, tan sólo un día más tarde Níger completaba su apuesta antioccidental con la revocación de dos acuerdos establecidos con la Unión Europea (UE) en materia de seguridad y defensa. Eso supone, en el primer caso, poner fin a la Misión de Capacitación de la Unión Europea en Níger (EUCAP Sahel Níger), nacida en 2012 para promover la mejora de las fuerzas de seguridad interior (Policía Nacional, Gendarmería y Guardia Nacional) en la lucha contra el terrorismo y la delincuencia organizada. En el segundo implica que las nuevas autoridades nigerinas no se sienten comprometidas a mantener lo que ellas mismas califican de “privilegios e impunidad” de los componentes de la Misión de Asociación Militar de la UE en Níger (EUMPM Níger), establecida el pasado mes de febrero a petición del gobierno liderado por Mohamed Bazoum (depuesto en julio por el golpista Abdourahamane Tiani) para mejorar la aptitud de las Fuerzas Armadas para contener la amenaza terrorista, proteger a la población y garantizar un entorno seguro de conformidad con los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.
En paralelo a ese visible alejamiento de la órbita occidental se detecta un notorio acercamiento a Moscú y Pekín.
Sirva de ejemplo que el mismo día del anuncio nigerino se conocía la noticia de que el hombre fuerte de Níger se había reunido en Niamey con el viceministro de defensa ruso para firmar un acuerdo en materia de cooperación militar, que parece incluir el despliegue de efectivos del grupo mercenario Wagner. Una decisión que no solamente deja claro el giro de las alianzas que pretenden establecer las nuevas juntas militares de la región, sino que apunta a escenarios aún más inquietantes para una UE crecientemente desairada y preocupada. Una preocupación que deriva, por un lado, del auge de la amenaza terrorista en la zona (si en 2016 se registraron 800 muertes en atentados, en 2021 ya fueron 6.000) que representan tanto los grupos ligados a al-Qaeda (con JNIM, el Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes, como referencia principal) y al Estado Islámico (con Estado Islámico en el Gran Sahara en cabeza), como otros que apenas son más que bandas criminales recubiertas con una ligera patina ideológica. Por otro, no es menos alarmante el impacto de la creciente presión migratoria, precisamente cuando se acaba de saber que el gobierno nigerino decidió el pasado 27 de noviembre anular la ley de 2015 contra el tráfico de personas, lo que hace prever que disminuya la vigilancia contra las mafias dedicadas a ese execrable negocio.
Como consecuencia de todo ello, la UE, que todavía no parece haber asumido la necesidad de reformular profundamente su enfoque tradicional, demasiado lastrado por su sesgo jerárquico y su énfasis en la seguridad a toda costa –con fracasos tan sonoros como la operación Barkhane– su apoyo a gobernantes crecientemente ilegítimos y su defensa a ultranza de los privilegios heredados de la descolonización, se encuentra ahora sin apenas margen de maniobra a corto plazo, al tiempo que Rusia y China medran sin freno, aprovechando los reiterados errores occidentales a lo largo de décadas para ganarse la confianza de unos dirigentes de los que difícilmente cabe esperar que vayan a centrar sus esfuerzos en mejorar el nivel de bienestar y seguridad de sus poblaciones o que se vayan a comprometer en hacer frente conjuntamente a la crisis climática, al terrorismo yihadista y a tantos otros problemas que afectan a los países del Sahel, cuando su prioridad es fortalecer sus posiciones de poder frente a potenciales rivales internos.
Entretanto, y en un intento para evitar el descalabro completo, se percibe un cierto relajamiento en el marco de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) tras su reciente cumbre en Abuja, apuntando por boca del presidente nigeriano, Bola Ahmed Tinubu, la conveniencia de relajar las sanciones a las juntas militares golpistas a cambio de que se comprometan a llevar a cabo planes de transición breves y realistas, que puedan llevar a la democracia y la buena gobernanza.
