Hace poco el conocido columnista del Financial Times Philip Stephens hablaba de que hay un negocio en auge en el mundo occidental, el negocio de analizar los riesgos geopolíticos. Por su parte, The Economist señalaba en otro reciente artículo que la proporción de ejecutivos de empresas que consideran el riesgo político como una de sus principales preocupaciones ha subido del 36 al 42% en el último año. Tras un periodo en el que había desaparecido en buena medida del radar de muchas empresas, el riesgo político ha vuelto a ser considerado como un aspecto al que se debe prestar la debida atención en la actividad internacional de las empresas.
Dos razones explican fundamentalmente el declive de la preocupación por el riesgo político que se produjo durante los años noventa del siglo pasado y la primera década del presente siglo. Desde el punto de vista político, el final de la guerra fría auguró un panorama internacional pacífico y ausente de conflictos. Desde el punto de vista económico, en el mundo parecía haberse asentado sólidamente una orientación hacia sistemas económicos liberales, de mercado, basados en políticas “ortodoxas” en las que se respeta el marco legal y los gobiernos reducen al máximo su intervencionismo.
En el último par de años, sin embargo, el riesgo político ha reaparecido con fuerza.
Antes de nada aclaremos que el concepto de riesgo político no es fácil de definir. Muchos lo relacionan con guerras o conflictos políticos, pero el abanico de riesgos que cabe calificar como “políticos”, en la actividad internacional de las empresas, es mucho más amplio: incluye riesgos derivados de la intervención de los gobiernos (expropiaciones, cambios regulatorios), riesgos derivados de la dificultad para transferir divisas fuera del país (por problemas de balanza de pagos y otro tipo), riesgos judiciales (por mal funcionamiento del sistema judicial o su falta de independencia), riesgos asociados con la corrupción, e incluso riesgos asociados con catástrofes naturales.
Una forma efectiva, en mi opinión, de definir el riesgo político es por exclusión: los riesgos políticos son aquellos que no son riesgos comerciales; éstos son los riesgos que están asociados con la evolución y funcionamiento de la empresa. Es decir, el riesgo de que una empresa no cumpla con sus compromisos porque su evolución no es favorable, tiene pérdidas, entra en suspensión de pagos, etc., es un riesgo comercial, y los demás serían riesgos políticos.
El reciente resurgir de la importancia empresarial del riesgo político se debe a tres motivos.
En primer lugar, el recrudecimiento de los conflictos político-militares, reales o potenciales, con tres frentes principales en la actualidad: Oriente Medio (Irak, Siria, desarrollo nuclear de Irán), los problemas con Rusia y, en una perspectiva a más largo plazo, pero preocupante, las disputas territoriales en Asia, protagonizadas sobre todo por China.
En segundo lugar, la caída del precio del petróleo ha aumentado el riesgo de que una serie de países productores no puedan afrontar sus compromisos de pagos internacionales. Desde el punto de vista de las empresas españolas, este riesgo puede ser especialmente relevante en países como Angola, Nigeria, Argelia y algunos países de Oriente Medio y de Latinoamérica.
En tercer lugar, se ha recrudecido un tipo de riesgo que anteriormente había sido minusvalorado: el intervencionismo de los gobiernos. En el caso de España las expropiaciones sufridas por empresas españolas en Argentina y Bolivia han puesto de relieve las graves consecuencias que puede tener este intervencionismo.
El “capitalismo de Estado” está conociendo un renacer en muchas partes del mundo. En algunos países, el intervencionismo del gobierno puede presentarse de formas un tanto engañosas. Muchos piensan, por ejemplo, que las empresas privadas que han surgido en China en los últimos tiempos actúan de forma más o menos similar a las empresas privadas de otros países, y no es así. Las empresas “privadas” chinas, en especial las de gran tamaño, tienen una estrecha relación con el gobierno. Una empresa privada china pide autorización a las autoridades para sus grandes decisiones estratégicas, y no se atrevería a ignorar sus instrucciones.
Algunas matizaciones para terminar. No sólo las grandes empresas son las afectadas por el riesgo político, sino también pueden serlo las Pymes. Muchas Pymes que exportaban a Rusia alimentos o bienes de consumo han sufrido, por ejemplo, las consecuencias del deterioro de relaciones con este país, bien porque las autoridades rusas han suspendido la importación de sus productos como respuesta a las sanciones de los países occidentales, bien porque sus compradores han dejado de tener acceso a divisas con las que pagar sus importaciones.
Por otra parte, es un error pensar que el riesgo político sólo existe en operaciones con países en desarrollo. También se presenta en países desarrollados. Basta recordar al respecto que España es objeto de varias reclamaciones en el CIADI (el organismo del Banco Mundial que se ocupa de resolver disputas sobre inversiones) por el cambio regulatorio que supuso la revisión de las ayudas a energías renovables.
Por último, las empresas deben recordar, o ser conscientes, de que existen una serie de instrumentos de protección contra el riesgo político en sus operaciones internacionales, a través de las empresas de seguro de crédito a la exportación, instrumentos que son con frecuencia ignorados.
