Internet y los nuevos medios son ya parte de la agenda de las relaciones internacionales del siglo XXI. El impacto que ha tenido el entorno digital en la forma de gestionar y ejecutar el poder es sustancial. Sobre la mesa, se plantean ahora numerosas cuestiones. Recientemente, durante el Stockholm Internet Forum 2014 más de 400 investigadores, periodistas, politólogos y activistas procedentes de más de 100 países pudimos discutir durante tres días cuáles son esos grandes desafíos. De fondo, con cierta polémica incluida por la decisión de no cursar una invitación específica para Edward Snowden, observamos el cambio de paradigma.
Por un lado, está el desafío de conectar a los “últimos” mil millones de usuarios. La igualdad de acceso y el coste del mismo es un desafío para el desarrollo económico y social de numerosos países. Internet no puede ser un producto de lujo, exclusivo de los países desarrollados y los emergentes. Según un estudio reciente, más de 2.000 millones de personas tienen una barrera de acceso muy alta: tendrían que destinar el 40% de sus ingresos para acceder a la banda ancha y en muchos países, la cifra asciende al 80%. La noticia de que Facebook pretendería dar conexiones de Internet a comunidades rurales en África mediante el uso de 11.000 drones da una idea de las dimensiones y de la necesidad de articular una colaboración pública-privada que reduzca la brecha digital geográfica, demográfica y social. Si no se piensa en estas medidas de inclusión, podemos enfrentarnos a la segmentación de Internet en redes paralelas no conectadas, la generación de nuevos estándares excluyentes o la exclusión de millones de personas.
Por otro lado, ya es urgente crear un sistema de gobernanza de Internet y las redes que sea inclusivo, participativo, abierto a todos los actores de la sociedad. La privacidad, la libertad de expresión, los big data, la ciberseguridad o el espionaje nos confirman que es necesario tomar acuerdos y pasar a la acción. En el foro, muchos coincidimos en que Brasil ha asumido un rol en este contexto que merece la pena analizar. El Marco Civil da Internet, aprobado el día anterior al encuentro NetMundial celebrado en Sao Paulo, promueve los derechos civiles en la red, establece ciertas garantías, regula la disposición de los datos de los usuarios y principia la neutralidad de la red. En este contexto, la propuesta brasileña, que se une la de Chile y Países Bajos, demuestra que es posible crear unas normas de convivencia en la red que respeten los derechos fundamentales de los ciudadanos y que promuevan el desarrollo económico. No procede pensar que privacidad, seguridad y desarrollo económico forman un trade-off. Se trata, pues, de asegurar que los derechos y las libertades en el mundo offline tengan cobertura online. El debate sobre la seguridad es medular. Como bien denunciaba Dunja Mijatovic, representante de la OSCE para la Libertad de los Medios, algunos gobiernos actúan de forma imprudente en nombre de la seguridad y menosprecian los efectos a largo plazo de tales medidas.
En suma, Internet está en la agenda y hay qué pensar qué líneas de acción exterior se quieren desarrollar, cuáles son las prioridades y cómo defenderlas. Internet, los nuevos medios y las redes sociales han llegado para quedarse y por eso es relevante cimentar la seguridad jurídica, proteger los derechos y las libertades de los ciudadanos y promover el libre comercio. Ojalá dure la utopía.
