La firma de un acuerdo entre YPF y Chevron para explotar una pequeña área de Vaca Muerta ha generado un arduo debate y ha puesto sobre la mesa numerosos interrogantes. Entre estos, a los que intentaré responder en este Comentario, destacan: ¿Por qué Chevron y por qué ahora? ¿Quiénes apoyan y quiénes critican? ¿Qué diferencias hay entre Chevron y Repsol? ¿Qué impacto tendrá el acuerdo en la política energética argentina y en la producción de hidrocarburos?
Argentina posee la segunda reserva mundial de shale gas y la cuarta de shale oil. Si la importancia global de las reservas de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta (el mayor yacimiento del país) es alta, más lo es en Argentina, y con inversiones adecuadas y una explotación sistemática podrían garantizarse en poco tiempo las necesidades internas, llegar al autoconsumo e incluso comenzar a exportar. Según un informe de la consultora Ryder Scott, de febrero de 2012, encargado por Repsol cuando controlaba YPF, las reservas de Vaca Muerta eran de 22.837 millones de barriles de petróleo en un área de 8.071 km2, de los cuales YPF tenía más de 5.000 km2. Hoy, según YPF, en Vaca Muerta hay 117 trillones de pies cúbicos de gas y 40.000 millones de barriles de petróleo, lo que multiplicaría por 10 las reservas argentinas. Pero, para garantizar su explotación se necesita una inversión para el próximo quinquenio entre 37.000 y 60.000 millones de dólares, asumiendo que explotar hidrocarburos no tradicionales es más caro que los convencionales y perforar un pozo de shale gas en Argentina ronda los 10 millones de dólares, una cantidad tres o cuatro veces mayor que la de un pozo tradicional.
En Vaca Muerta, YPF cuenta con 60 de los 100 pozos perforados, la mayoría con fines exploratorios. El resto es de Shell, Exxon, Chevron, Pan American, Apache (una empresa independiente de EEUU), Gas Medanito, la francesa Total Austral y PlusPetrol. Casi todos son pozos verticales. Recién en 2012 se perforó el primer pozo de shale gas, el Orejano X2, con resultados insuficientes.
Si bien el acuerdo entre YPF y Chevron puede ser importante para el futuro energético y económico argentino, buena parte de sus contenidos fueron mantenidos secretos inicialmente, algo muy criticado por la oposición política. Ahora bien, los directivos de YPF no se pusieron de acuerdo sobre la existencia de cláusulas secretas. Para Daniel González, vicepresidente financiero de YPF, “la confidencialidad” de las negociaciones les “permite proteger la información y el conocimiento”, patrimonio de YPF y a la cual querrían acceder sus competidores. Por el contrario, Héctor Valle aseguró que “no existen cláusulas secretas ni acuerdos de trastienda”.
¿Por qué Chevron?
El control de Vaca Muerta fue quizá la causa más importante de confiscar el 51% del paquete accionarial de YPF. Sus principales impulsores, como el viceministro de Economía Axel Kicillof, pensaban entonces que sería fácil encontrar inversores internacionales, con capital y tecnología suficiente, para reemplazar a Repsol. Sin embargo, ni los problemas de abastecimiento y el déficit energético se solucionaron automáticamente ni se frenó el imparable aumento de la factura para importar energía y hacer frente a los multimillonarios subsidios del sector, especialmente para el consumo doméstico.
El gobierno kirchnerista, acosado por necesidades financieras, energéticas y políticas debió tomar algunas medidas, como liberalizar los precios del combustible, mejorar los precios para producir gas y trasladar sus costes de importación, para finalmente crear las condiciones que permitieran el desembarco de Chevron en Vaca Muerta. Ante la falta de resultados concretos se redobló la presión del presidente de YPF, Miguel Galuccio, para explotar Vaca Muerta, la única manera de impulsar su proyecto de reflotar YPF. De este modo terminó por imponerse en su enfrentamiento interno con el ideologizado Axel Kicillof y sus apoyos de La Cámpora, siendo YPF la única empresa pública en la que La Cámpora tiene una presencia marginal.
El sector energético continúa en estado crítico. Para 2013 se estiman importaciones por 14.000 millones de dólares, frente a los 4.000 millones de 2010. La producción de petróleo cayó 4% y la de gas un 6% en 2012, cuando las reservas de crudo descendieron un 10%. Galuccio cree que sólo con explotar el 15% de Vaca Muerta se resuelve el problema energético y que la operación con Chevron reforzaría la posición de YPF, que sólo controla el 30% de la producción de hidrocarburos del país. Entre los fundamentos de la expropiación de Repsol estaba el autoabastecimiento energético. Alieto Guadagni evocó “el infundado e incumplido pronóstico” del senador kirchnerista Aníbal Fernández, cuando al informar el proyecto de ley de estatización de YPF, proclamó enfáticamente: “Somos conscientes que durante 2012 vamos a tener que importar combustible. Sin embargo, estoy seguro de que durante el 2013 eso no será así…”.
Para facilitar el acuerdo y ante los temores empresariales hubo que mejorar las ofertas, ya que la mayor parte de los posibles inversores retrasaba su decisión. Los acuerdos con las grandes petroleras privadas internacionales no se concretaban dada la falta de garantías para asegurar desembolsos millonarios y las dificultades para girar divisas al exterior. Esto agravaba el impacto de otros factores como la expropiación de YPF, el atraso tarifario del gas y combustibles, o la política de fijación de precios. La excepción fue Chevron, al combinarse las particularidades del negocio energético con su situación jurídica y financiera en Argentina.
Según Carlos Pagni, Chevron se estaba retirando del país cuando comenzó a negociar con YPF. De ahí la pertinencia de comparar el desempeño de Chevron con la gestión de Repsol en YPF. Pagni recuerda los argumentos del gobierno para confiscar a Repsol, a la que acusó de tener «una clara estrategia de salida del país y una política depredatoria, tanto en términos de producción de hidrocarburos como de desinversión». Los resultados de Chevron no difieren del de otras petroleras, aunque el contrato con YPF se firmó por ser la única dispuesta a invertir algo de lo mucho que se necesita para activar Vaca Muerta. De las 23 concesiones que administraba, Chevron vendió 19 y ahora sólo opera tres de las cuatro áreas que mantiene. Entre 2009 y 2011 invirtió 355 millones de dólares, destinando 300 a El Trapial, un yacimiento que produce 30.000 barriles diarios y cuya concesión fue extendida hasta 2032. Según la secretaría de Energía, entre 2009 y 2012 Chevron produjo un 35% menos de petróleo y un 61% menos de gas, cuando el descenso del total nacional fue del 12% y del 9%. Entre 2007 y 2011 sus reservas de petróleo y gas cayeron un 50% y un 78% frente al 5,3% y al 19% de Argentina.
Su situación se complicó tras una sentencia de la justicia ecuatoriana que lo obligaba a pagar 6.300 millones de euros por daños ambientales en la Amazonía. Paradójicamente, el fallo de un tribunal argentino, confirmando el embargo contra el 40% de sus acciones, dividendos y depósitos bancarios futuros por 19.000 millones de dólares, aceleró el acuerdo. Tras las gestiones del gobierno de Cristina Fernández (YPF ya negociaba con Chevron), la Corte Suprema levantó el embargo. Incluso Galuccio escribió a los demandantes ecuatorianos para advertirles que su reclamación afectaba los intereses energéticos argentinos.
Chevron invierte en Argentina por varios motivos y si bien opera una de las áreas más productivas del país, de la que obtiene importantes ganancias, no puede girar sus ganancias y debe inmovilizar su excedente de explotación. Sin embargo, tras el acuerdo con YPF y los beneficios arrancados al gobierno, podrá girar a su casa matriz los antiguos beneficios, bloqueados por el cepo cambiario. Tras el rechazo de la justicia argentina contra la demanda ecuatoriana, que sentó jurisprudencia contra una acción regional confiscatoria de los activos estratégicos de Chevron, se generó una importante deuda política. Y si bien se afirma que tiene experiencia en la explotación de recursos no convencionales, esto no es del todo cierto, ya que no llegó a tiempo a la revolución del shale en EEU, por lo cual no está en condiciones de desaprovechar nuevas oportunidades.
A partir de aquí el gobierno estima que se abren grandes oportunidades. Si para Kicillof, Repsol había “saqueado” YPF y girado “todas las utilidades al exterior”, Chevron “entra a una inversión de riesgo”. También comparó la gestión de Repsol en Vaca Muerta con la YPF nacionalizada. Si antes “se habían hecho cuatro pozos… con la gestión estatal hay 64 pozos hechos y 50 y pico de ellos terminados”. Y a partir del acuerdo con Chevron se harán 115 pozos en un año. No sólo eso, Chevron traerá “el conocimiento y la tecnología para que podamos hacerlo nosotros”;, ya que “ésta es una sociedad de 50 y 50”, operada por YPF y con “el trabajo, los técnicos y la dirección del proyecto” de YPF. Buena parte de las previsiones gubernamentales descansan en un estudio de YPF que pronostica un aumento de los precios del petróleo, no así del gas, del 30% en los próximos cinco años. El barril pasaría de US$79 a 102. Estas cifras explican las estimaciones de ganancias futuras, tanto las prometidas a la provincia de Neuquén como las previstas para el propio negocio.
El discurso kirchnerista apunta que YPF busca socios para explorar y explotar Vaca Muerta, no para “entregarla” o someter al país a un “saqueo”. Pese al magro desempeño de Chevron, YPF no tenía otras opciones. Un año después de aprobar la ley de “soberanía hidrocarburífera” y ante unas elecciones legislativas cruciales para su futuro, Cristina Fernández necesitaba mostrar que la “nueva” YPF podía conseguir un socio extranjero para Vaca Muerta pese a las demandas judiciales y la presión internacional de Repsol. Así, facilitó a Chevron su asociación con YPF con una inversión inicial de 1.240 millones de dólares en Loma La Lata y Loma Campana, un área de 395 km2 cuadrados, de los 12.000 de Vaca Muerta, es decir el 3% de su superficie total, un área que podrá extenderse a 600 km2 en cinco años.
El contrato de Chevron con YPF y los beneficios del Decreto 929/13
El contrato de Chevron con YPF se regirá por la ley de EEUU y permite la intervención de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) con sede en Francia, como árbitro en caso de disputa entre las partes. Para los activos físicos o a la operación del campo petrolero rige la ley argentina. La vigencia de la ley argentina se extiende a otros rubros. Chevron deberá traer los 1.240 millones de dólares comprometidos desde el exterior y deberá liquidarlos en el mercado oficial de cambios y la filial argentina de Chevron no puede aportar fondos.
Los 1.240 millones no bastan para poner en explotación Vaca Muerta ni para activar plenamente Loma La Lata y Loma Campana. Pero YPF confía en financiar fácilmente la mitad de los 16.000 millones de dólares que deberán aportar entre 2014 y 2019, aunque podrían ser 20.000 millones. Las necesidades de capital y la extensión de la inversión son mayores para toda Vaca Muerta. Según algunos cálculos se requerirían 10.000 millones de dólares anuales, durante un quinquenio, para producir lo suficiente y recuperar el autoabastecimiento perdido 10 años atrás. En Vaca Muerta ya hay 50 concesiones diferentes y si cada una perfora una media de 400 pozos (a razón de 10 millones de dólares por unidad), serían necesarios 200.000 de dólares millones para comenzar a poner en valor el yacimiento.
Si bien los hidrocarburos afectados pertenecen a YPF, desde la firma del contrato la mitad de lo encontrado será de Chevron. Después del quinto año ambas empresas podrán exportar sin retenciones y con libre disponibilidad de divisas el 20% del crudo producido. Para facilitar la inversión en Vaca Muerta el gobierno promulgó el Decreto 929/13, según muchos observadores redactado a la medida de Chevron, ya que habilita concesiones especiales con plazos prolongados para los proyectos no convencionales, autoriza operaciones de desdoblamiento de concesiones y posibilita la unificación de áreas colindantes.
Se cree que el gobierno otorgó a Chevron todo lo solicitado: 1) 0% de derechos de exportación y libre disponibilidad de las divisas generadas por la exportación de hidrocarburos; 2) si el estado obligara a las empresas a vender sus productos en el mercado interno –ante un eventual desabastecimiento–, el gobierno abonará la diferencia entre el precio local e internacional; 3) derecho a reclamar ante los tribunales internacionales posibles incumplimientos contractuales; 4) libre giro de utilidades a la casa matriz y 5) joint venture al que YPF aporta la concesión de Vaca Muerta, mientras las dos comparten los costos de explotación, know how y tecnología. También habría una aparente cláusula secreta, relacionada con el pago de una eventual indemnización a Repsol. Si su demanda internacional terminara imponiéndose, YPF debería asumir su pago en solitario.
El portavoz de Chevron, Kurt Glaubitz, aseguró que la inversion dará ganancias: “Chevron proporciona el 50% de la financiación y recibirá una parte proporcional de las ganancias. Este acuerdo nos da tranquilidad para remitir ganancias por arriba de lo reinvertido”. Glaubitz destacó que la explotación de Vaca Muerta puede revolucionar el sector energético en Argentina, como lo hizo el shale en EEUU. YPF prevé en 2017 una producción de 80.000 barriles de petróleo diarios, de los cuales la mitad sería para Chevron.
El decreto fue bien recibido por el sector petrolero. La Cámara de Empresas Productoras de Hidrocarburos (CEPH) y Chevron, Exxon, YPF, PAE, Gas Medanito y CGC calificaron el decreto como «un gran paso» para el autoabastecimiento energético. Esto se explica porque YPF controla un área mayor de Vaca Muerta que la que explotará con Chevron y las restantes petroleras están a la espera de hacer buenos negocios. A fin de 2012 YPF firmó un acuerdo preliminar con Bridas, para explotar conjuntamente un área de 663 km2, aunque aún no definió si será Bridas Energy o Bridas Corp. Mientras la primera es propiedad de los hermanos Bulgheroni, en la otra tienen un 50% de las acciones y el resto es de China National Offshore Oil Corporation (CNOOC). YPF y los Bulgheroni quieren sumar a CNOOC y el decreto 929 facilitaría su presencia. El decreto también incentiva a las empresas ya presentes en Vaca Muerta.
¿Quiénes se oponen al acuerdo? ¿Cuáles son los principales obstáculos?
Entre los principales obstáculos está la fuerte oposición ambientalista al fracking. A esto se suma la protesta de los mapuches de la zona afectada. Los activistas de origen indígena ocuparon varias torres de YPF en la provincia de Neuquén. Pero, para un alto funcionario provincial “los pozos no están en territorios de pueblos originarios, sino en campos fiscales provinciales. Los pueblos originarios están a 60 u 80 kilómetros de donde se va a realizar la explotación”.
Según la ley argentina las provincias son las propietarias de los yacimientos de hidrocarburos y corresponde a la Legislatura provincial refrendar el acuerdo, lo que probablemente hará el 14 de agosto. La convocatoria de elecciones legislativas en octubre también puede comprometer el resultado, aunque de momento el gobierno provincial cuenta con el voto de 25 legisladores sobre 33. YPF y el gobierno nacional confiaban en una rápida aprobación, pero el fuerte rechazo de la oposición sumada a la inminencia de las elecciones primarias obligatorias del 11 de agosto han postergado la decisión hasta después de esa fecha.
Los legisladores provinciales desconocen el texto completo del contrato privado de YPF con Chevron y sólo votarán el acuerdo que firmó el gobernador Jorge Sapag con YPF. Para Rubén Etcheverry, ex vicepresidente de empresa provincial Gas y Petróleo del Neuquén (GYP) y opositor a Sapag, el acuerdo constituye «un escándalo y una asociación ilícita». El decreto 929 establece que las petroleras podrán extender sus concesiones 35 años más si se trata de yacimientos de hidrocarburos no convencionales. Sin embargo, su redacción avasalla los derechos de las provincias y si los sucesores de Sapag quisieran retocar el acuerdo, no podrían. Neuquén cede a cambio de promesas, que no son públicas ni lo serán, ya que YPF exigió “confidencialidad”. A esto se suma que la extracción de shale gas requiere un uso intensivo de recursos hídricos y eléctricos, y un mayor riesgo medioambiental, lo que explica la fuerte resistencia de la oposición provincial.
Una encuesta encargada por el gobernador reveló un rechazo masivo al proyecto, lo que llevó a aminorar los plazos. Otra, de la última semana de junio, mostraba que el 52,25% se oponía al acuerdo, mientras un 38,15% lo apoyaba; y que un 57,45% lo consideraba poco o nada transparente y un 27,64% muy o bastante transparente. El sindicato de Petroleros propuso convocar un plebiscito para que los neuquinos se pronuncien, mientras la mayoría de las agrupaciones sociales provinciales proponen una gran movilización y un paro contra el proyecto.
El gobierno nacional también presiona para acelerar los plazos y lanzó un plan de inversiones en obras públicas por 1.000 millones de pesos en localidades vecinas a Loma La Lata y Loma Campana. Si bien el ministerio de Planificación afirma que todo es “pura coincidencia”, muchos piensan en una “moneda de cambio” para que Sapag avale el acuerdo. El gobierno nacional también ofreció un nuevo esquema de financiamiento para reactivar una inversión de 1.560 millones de dólares para poner en marcha la construcción del complejo hidroeléctrico Chihuido, frenado desde hace más tres años por falta de fondos.
Numerosos analistas y técnicos, entre ellos la mayoría de los ex secretarios de Energía y ex altos cargos de YPF (antes de su privatización) se oponen al decreto y centran su crítica en el favoritismo hacia Chevron. Muchos políticos se preguntan por qué se sancionó un decreto y no se impulsó una ley que regulara la explotación de hidrocarburos no convencionales de forma integral. Insisten en que los beneficios otorgados son exiguos y al tener un único destinatario seguramente no atraerán inversiones masivas. La posibilidad de desembarcar en Vaca Muerta podría incentivar nuevos proyectos de empresas extranjeras.
La consultora Abeceb.com señaló que la implementación del decreto plantea dudas sobre los concesionarios que no participen y advierte que «convivirá un sector desregulado con otro fuertemente intervenido», junto con los numerosos decretos contradictorios promulgados en un año». Alieto Guadagni, ex secretario de Energía, criticó el pronóstico de Kicillof relativo al «carnaval de inversiones» que llegaría tras el acuerdo con Chevron, al que califica de «acuerdito», comparando los 1.240 millones de dólares aprobados con los 28.000 millones que estimó Repsol para desarrollar Vaca Muerta. Para el ex presidente de YPF y ex secretario de Energía Daniel Montamat: «La necesidad imperiosa de empezar urgentemente a invertir en Vaca Muerta llevó al Gobierno a entrar en contradicción consigo mismo», ya que su determinación «plantea un conflicto entre la épica de la soberanía hidrocarburífera construida a golpe de relato, un año atrás –cuando se expropió a los españoles–, y el pragmatismo de un gobierno acorralado por la realidad».
Algunas de la críticas más duras, contra el acuerdo y contra Chevron, se hicieron fuera de Argentina. La calificadora Fitch juzgó “insuficiente” el programa de incentivos para atraer inversiones en el sector energético y cuestionó el marco regulatorio, calificándolo de “altamente incierto”. La revista Fortune considero un “error” de Chevron el acuerdo con YPF, no sólo por vulnerar el “código no escrito entre las grandes empresas energéticas”, como Repsol, sino también por haber negociado con la Argentina, un país que “probablemente le habría prometido la luna” a cualquier empresa de energía dispuesta “a ingresar en un nuevo contrato”.
Las explicaciones oficiales y la defensa de la “soberanía energética”
En 2012 Cristina Kirchner nacionalizó YPF, calificándolo de triunfo para la “soberanía energética”. Pero el 16 de julio pasado, tras un año en que la producción de gas y petróleo siguió cayendo, el gobierno anunció el acuerdo con Chevron. Su firma supuso una flagrante contradicción en su discurso nacionalista. Por eso se produjo una ofensiva oficialista en toda regla respaldando el acuerdo. La presidente Fernández acusó de «gataflorismo» a sus críticos (la gata Flora es una persona constantemente insatisfecha), mientras Kicillof señaló que “pasamos de chavistas a vendepatrias en un día».
Si Cristina Fernández dijo: “Nos decían que no traíamos inversión extranjera, que no nos tenían confianza, que nadie venía a invertir. Ahora… conseguimos que una de las principales compañías del mundo venga a invertir más de 1.000 millones de dólares para la explotación de hidrocarburos no convencionales en Vaca Muerta y son todas críticas. Parecen la Gata Flora… Esperaban que YPF fuera un fracaso para luego volverla a manos privadas”. Kicillof desarrolló un razonamiento original y afirmó que «no hay empresa estatal de petróleo -incluida Venezuela, la rusa Gazprom, cualquier otro modelo como en Noruega, China- que no esté asociada con capital extranjero para la producción de hidrocarburos».
Desde el punto de vista gubernamental, el decreto 929 tiene grande ventajas para Argentina y niega que sea una norma específica para Chevron. El gobierno estima que será la primera compañía en invertir Vaca Muerta pero no la única, y que a partir de aquí comience a revertirse el déficit energético y que tras Chevron sigan acuerdos con Bridas, CGC, Medanito y Dow, la petroquímica canadiense que invertiría unos 400 millones de dólares en Vaca Muerta. Según trascendidos periodísticos, también existirían conversaciones con Exxon y Pemex.
José Urtubey, vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), propietario de Celulosa Argentina y hermano del kirchnerista gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, fue el primer responsable de la UIA en apoyar el acuerdo. «Desde lo industrial, el acuerdo… no hace perder soberanía y está en línea con potenciar la matriz energética. Es un avance con efectos que pueden satisfacer a la industria local». Esta valoración se contradice con la de otros actores económicos muy críticos con las ventajas fiscales ofrecidas al sector petrolero. Entre los productores agrarios, la Sociedad Rural de Rosario protestó por un tratado que permitirá a Chevron «gozar de beneficios como comercializar sin derechos de exportaciones, disponer libremente de divisas e incluso a recibir resarcimientos… Mal ejemplo para todos, con ventajas injustas para pocos y puerta a corrupciones».
Roger Tissot, un analista canadiense independiente, señaló que “la jugada de Chevron habla de una percepción -muy pragmática y oportuna- del riesgo país en los mercados de América Latina donde opera, como Venezuela, Brasil y Ecuador. En Argentina, seguramente, Chevron también tiene temores de que le suceda algo similar a lo de Repsol». Para Chevron, “el acuerdo es una señal positiva sobre lo atractiva que podría ser Argentina si las reglas de juego se mantuvieran mas estables en el tiempo. Es un proyecto interesante, que no le implica un desembolso demasiado importante y lo asume como capital de alto riesgo y de alta rentabilidad». En Argentina, el gobierno es el más beneficiado en el corto plazo, «porque, demuestra que está haciendo algo, que no va en contra de la inversión privada, y al mismo tiempo, le da un mayor poder de negociación sobre todo con los países de quienes importa combustibles”.
Conclusiones
El acuerdo entre YPF y Chevron apunta claramente a la urgencia de YPF de tener un socio tecnológico e inversor para explotar Vaca Muerta ante la imposibilidad de hacerlo con sus propios recursos. Galuccio creyó que Chevron podría aportarle lo que buscaba. Al mismo tiempo quería dar una señal clara a los mercados de que son una empresa fiable con la que se puede hacer negocios, pese a haber expropiado a Repsol sin pagar nada a cambio. La asociación con Chevron le permite maquillar la situación y pensar en nuevos planes, aunque su futuro depende en buena medida de la resolución de los numerosos frentes abiertos por Repsol, que todavía mantiene una parte de las acciones de YPF. Por su parte, al firmar el acuerdo con YPF Chevron se convirtió en el primer inversor extranjero en aliarse con nueva petrolera estatal, al tiempo que desafió la amenaza de Repsol de llevar a tribunales a quienes atenten contra sus intereses.
En el frente político la expropiación de Repsol marcó el ascenso fulminante de Axel Kicillof y el momento de gloria de La Cámpora, junto con el declive del hasta entonces todopoderoso y más pragmático ministro de Planificación Julio de Vido, una situación que parece haberse revertido ante la falta de resultados concretos de los planes más radicales. Para Galuccio resultaba poco conveniente un diseño sumamente ideologizado de la política energética, ya que Kicillof quería imponer mayores regulaciones al sector. Sin embargo, su pérdida de influencia facilitó el acuerdo con Chevron. Para firmar el acuerdo, el gobierno de Cristina Fernández tuvo que hacer demasiadas concesiones, la mayoría impensables hace un año.
Sólo el desarrollo de los campos de Loma La Lata y Loma Campana, en Vaca Muerta, requiere inversiones multimillonarias, sin hablar de la puesta en explotación de todo el yacimiento. Sin embargo, el secreto que rodea el acuerdo impide profundizar en numerosos puntos. Por ejemplo, no está claro cuánto aportará finalmente cada socio, Chevron e YPF. Tampoco se comunicó el porcentaje del gas y petróleo obtenido que se quedará cada parte, ni el marco legal del acuerdo, ni dónde se solucionarán las potenciales disputas en caso de que existan desacuerdos. Es más, buena parte de las previsiones se basan en un estudio que pronostica un aumento del precio del petróleo, que no del gas, lo que otorga una mayor dosis de incertidumbre al emprendimiento. Por eso, es difícil saber en qué medida YPF estará en condiciones de conseguir la financiación suficiente como para replicar asociaciones similares a la de Chevron con otras empresas del sector.
Pese a ello, y en un claro acto de voluntarismo, tras el acuerdo con Chevron, YPF espera convencer a más inversores internacionales. Para las compañías extranjeras entrar en Vaca Muerta con una inversión inicial de 1.000 millones de dólares es un buen negocio, siempre y cuando desaparezca el riesgo de las reclamaciones de Repsol y el yacimiento comience a generar los resultados esperados. Paradójicamente, cuando Repsol controlaba YPF ofrecía condiciones a sus potenciales socios menos beneficiosas que las ofrecidas por la nueva YPF.
