La internacionalización —en un sentido amplio: exportación, captación de inversiones extranjeras, inversiones de empresas nacionales en otros países— tiene un condicionante fundamental en la competitividad. Y ésta tiene a su vez un condicionante fundamental en el marco institucional —regulaciones y normativa, funcionamiento del sistema judicial, seguridad jurídica, etc. Varios estudios publicados en las últimas semanas han puesto de manifiesto la deficiente valoración de España en lo que se refiere a este condicionante de la competitividad y la internacionalización: el marco institucional.
Las Administraciones públicas lanzan campañas para promover la imagen internacional a nivel del país, provincia, municipio, etc. En el caso de España, por ejemplo, en las últimas semanas, tras el triunfo del Brexit, se han empezado a plantear campañas para posicionar Madrid como destino alternativo a Londres para el establecimiento de empresas internacionales. Mientras, son muchos los que piensan que las Administraciones deberían concentrar sus energías, más que en campañas de imagen, en un esfuerzo por mejorar el funcionamiento de las instituciones en la economía española.
El World Economic Forum (WEF) ha publicado recientemente dos informes sobre temas de competitividad internacional, que quizás no han recibido en España la atención que merecen. El Global Information Technology Report analiza el estado de las nuevas tecnologías en el mundo. En el estudio se elabora un Networked Readiness Index, que mide y clasifica a los países según su capacidad para aprovechar las nuevas tecnologías.
España se sitúa en el puesto 35 (entre 139) en este ranking de aprovechamiento de tecnologías, por detrás de países como Portugal, Malta o Arabia Saudí. Retrocede además un puesto en relación con la anterior edición del estudio.
El estudio analiza los países en relación con una serie de variables, agrupadas en 10 áreas o “pilares”. Una de las áreas en las que España recibe una peor valoración es en el marco político y regulatorio. En “independencia judicial” España se sitúa en el puesto 84 (entre los 139 países considerados); en “eficiencia del sistema legal para la resolución de disputas”, en el puesto 88; en “protección de la propiedad intelectual”, en el 62; etc.
¿Queremos competir con Gran Bretaña/Londres como destino de empresas internacionales? Pues de entrada tropezamos con grandes diferencias. Gran Bretaña ocupa el puesto 8 del ranking tecnológico del WEF (frente, recordemos, el 35 de España). En “eficiencia del sistema legal para la resolución de disputas” se sitúa en el puesto 6, y en “protección de la propiedad intelectual”, en el 7. Etc.
Pero peor es todavía la posición de España en otro estudio reciente del World Economic Forum, el Human Capital Report 2016, que analiza el estado y el favorecimiento del capital humano en 130 países del mundo (con una especial atención a los temas de educación).
España se coloca en el puesto 45, a la cola de los países europeos, incluidos los países de Europa del Este. Portugal, Grecia, Croacia, Bulgaria… obtienen una mejor valoración que España. Gran Bretaña, por su parte, se coloca en el puesto 19.
Otro estudio muy interesante publicado recientemente es el IMAFIN, Indice de Percepción de España en los Mercados Financieros. El IMAFIN, publicado por Accenture y Marca España, tiene como objetivo medir “la percepción que se tiene de España en los mercados financieros internacionales y su evolución en el tiempo”, a partir de seis indicadores (como la prima de riesgo, la inversión exterior directa en España, la inversión en cartera en España, etc.).
Según la primera edición del IMAFIN que acaba de ser publicada, “el deterioro de la percepción de España ha estado y está altamente influido por el empeoramiento de las variables de gestión pública. Es llamativo que durante todo el periodo de la crisis española, los mercados financieros no dejaron de confiar significativamente en el sector privado español y sus empresas, como demuestran las continuas recomendaciones de los analistas de mantener los valores de renta variable del IBEX 35, así como los permanentes niveles positivos de inversión extranjera directa neta”.
Hemos mencionado en este comentario tres estudios recientes sobre competitividad. La conclusión quizás tiene una relevancia especial en estos momentos, en que España se dispone a constituir un gobierno del que se esperan importantes reformas institucionales. Las campañas públicas de imagen pueden tener sus efectos positivos. Pero parece fundamental tomar conciencia, y actuar en consecuencia, en relación con las limitaciones que presenta el sistema institucional. La internacionalización, la captación de inversiones extranjeras, depende de la competitividad “real” (no la “publicitada”), y ésta depende –entre otros factores- de un marco institucional que, como los estudios citados ponen claramente de relieve, es manifiestamente mejorable.
