Las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente celebradas el 23 de octubre de 2011 han clarificado el mapa político de Túnez nueve meses después de la caída de Ben Ali. Pese a pequeñas irregularidades, las elecciones se han caracterizado por su limpieza y transparencia y han tenido una participación que ha alcanzado el 48,9% de los votantes potenciales (el 77,7% de los votantes registrados y el 14,4% de los no registrados que, finalmente, también tuvieron oportunidad de ejercer el derecho al voto).
El proceso electoral ha sido organizado por la Instancia Superior Independiente para las Elecciones (ISIE). Se trata de las primeras elecciones organizadas por una institución creada ad hoc por la Alta Instancia para la preservación de los objetivos de la Revolución que ha trabajado al margen del Ministerio del Interior y sin la participación directa de la administración heredada del periodo benalista.
Los resultados globales, anunciados cinco días después de la celebración de los comicios, permiten conocer la correlación de fuerzas dentro de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), encargada de redactar una nueva Constitución en el plazo de un año. El sistema electoral escogido es un sistema de representación proporcional por listas cerradas con adjudicación de los escaños por el método de restos mayores en circunscripciones grandes, lo que dificulta la obtención de mayorías absolutas y facilita la representación parlamentaria de partidos minoritarios.
El actor vencedor en este proceso es el partido islamista al-Nahda que ha obtenido unos resultados superiores a los que les auguraban las encuestas. Con un porcentaje de votos del 41,47% ha obtenido 90 de los 217 escaños, convirtiéndose en la principal fuerza política del país, y cuyo secretario general, Hamadi Yabali, previsiblemente encabezará el gobierno. Con un discurso moderado y tranquilizador a lo largo de la campaña el partido de al-Nahda, pese a no haber participado activamente en la revolución de enero de 2011, ha sido el que mejor ha trasladado la idea de ruptura con el periodo benalista. Reorganizado después de una dura represión que llevó a una parte de sus dirigentes actuales a pasar largos periodos encarcelados, el partido ha sido capaz de implantarse en todo el país ganando en todas las circunscripciones. Su programa electoral combina posiciones liberales en materia económica -incluyendo la voluntad de desarrollar las relaciones con la Unión Europea con vistas a obtener un Estatuto Avanzado- con posiciones conservadoras indudables en temas sociales, pero sin poner en cuestión el statu quo modernista recogido en el Código del Estatuto Personal que prohíbe la poligamia y regula de forma equilibrada los procesos de divorcio. En su programa electoral prevé la creación de 590.000 puestos de trabajo en cinco años reduciendo la tasa de paro al 8,5%.
Los partidos de oposición que aceptaron participar en los gobiernos de transición de enero y febrero presididos por Mohamed Ghanucchi, primer ministro con Ben Ali, han sido castigados por un electorado que ha mostrado una voluntad clara de ruptura con el periodo anterior. Es el caso del Partido Democrático Progresista (PDP), liderado por Nayib Chebbi, uno de los opositores históricos tolerados por Ben Ali, o el del al-Taydid, antiguo partido comunista, dirigido por Ahmad Brahim quién concurrió a las elecciones encabezando la coalición Polo Democrático Modernista (PDM). El PDP ha obtenido el 7,83% de los votos y 17 escaños y el PDM el 2,3% de los sufragios y 5 escaños. Estas dos formaciones son, además, las que con mayor vehemencia han defendido la laicidad del Estado durante una campaña electoral en la que la cuestión de la religión y su papel en la sociedad se convirtió en un tema dominante tras la emisión por la televisión privada Nessma de la película “Persépolis”, doblada al dialecto tunecino. Los modestos resultados del PDP, en comparación con unas encuestas que le situaban como la segunda fuerza política del país, parecen mostrar los efectos contraproducentes que el recurso al “discurso del miedo” ante una eventual victoria islamista ha tenido entre la mayor parte de los electores tunecinos que asocian este discurso con el que Ben Ali repitió durante años para justificar su autoritarismo y ganar apoyos entre las elites seculares del país.
Dentro del polo liberal progresista, los partidos que han obtenido mejores resultados son el Congreso por la República, partido creado por Moncef Marzuki, ex-presidente de la Liga Tunecina de Derechos Humanos, que con el 13,82% de los votos obtiene 30 escaños y se sitúa como segunda fuerza política seguido de al-Takattul, liderado por Mustapha Ben Jaafar y miembro de la Internacional Socialista que con el 9,68% de los votos consigue 21 escaños. Ambas formaciones defienden la existencia de un estado civil con separación de poderes entre la esfera política y religiosa, pero han evitado diabolizar al partido de al-Nahda con el que mantienen relaciones de cooperación fraguadas en los años de lucha contra el autoritarismo benalista. Ambos partidos se muestran dispuestos a participar en un gobierno de unidad, así como a asumir responsabilidades institucionales durante el periodo de redacción de la Constitución.
Los sectores próximos al Reagrupamiento Constitucional y Democrático (RCD), disuelto en marzo, se han reorganizado en un mosaico de cerca de 50 pequeños partidos entre los que sobresale al-Mubadara liderado por Kamal Morjane, antiguo ministro de Asuntos Exteriores con Ben Ali, quien está incapacitado por la ley electoral para ser candidato por su vinculación con el antiguo régimen. Sus resultados han sido modestos obteniendo el 2,3% de los votos y 5 escaños en las circunscripciones situadas en el Sahel, cuna de las elites seculares del país. Su reducido peso en la Asamblea no debe hacer olvidar que estos sectores bien implantados en la administración pueden ser un polo de resistencia en el proceso de transición.
La gran sorpresa ha sido el resultado de al-Arida al-Shaabiyya, formación ausente en las encuestas pre-electorales, que ha obtenido un 8,76% de los votos y 19 escaños. Ese resultado habría sido mejor si el ISIE no hubiera invalidado sus listas en seis circunscripciones invocando el recurso a financiación ilegal o la presencia en las mismas de antiguos dirigentes del RCD. Si no hubieran sido invalidadas al-Arida al-Shaabiyya habría obtenido 28 escaños lo que la hubiera situado como segunda fuerza política del país. Estos inesperados resultados muestran por un lado la desconexión entre las elites políticas de la capital y el resto del país y son también un reflejo del eco que el discurso populista en temas sociales tiene en todo el país, desde las regiones del Túnez profundo hasta las provincias más desarrolladas de la franja costera e incluso entre los inmigrantes tunecinos en Italia, en donde el partido habría conseguido un escaño. Esta formación encabezada por Hachmi Hemdi, originario de Sidi Buzid y empresario tunecino propietario de la televisión por satélite al-Mustaqilla que emite desde Londres, habría prometido inyectar 1.000 millones de euros al presupuesto tunecino, establecer un subsidio de desempleo de 100 euros mensuales, establecer un sistema universal de asistencia sanitaria o construir un puente entre la costa tunecina y el sur de Italia. La decisión del ISIE de invalidar estas listas ha originado disturbios en Sidi Buzid, cuna de la revolución, y en cuya circunscripción de no haber sido anulada la lista de al-Arida ésta habría superado en número de votos al partido al-Nahda.
La formación de un gobierno de coalición legitimado por las urnas debe afrontar entre otros retos no sólo la redacción de una Constitución inclusiva, sino también la inexcusable obligación de dar respuesta a las demandas concretas que se encuentran detrás de la revolución: lucha contra la corrupción; reducción del desempleo especialmente entre los jóvenes; corrección de las desigualdades y desequilibrios regionales; y mejora de la situación económica. La estabilización de la situación en Libia y el inicio del proceso de reconstrucción en el país pueden contribuir decisivamente a superar el estancamiento de la economía y a consolidar el proceso de transición política que ahora arranca y que puede convertirse en modelo para otros países de la región.
