Egipto está al borde de la bancarrota y no parece que el gobierno interino ni la oposición tengan solución, ni tan siquiera tiempo o interés, para la crisis económica que afronta el país, como tampoco lo tuvieron antes del golpe de estado de julio de 2013 con los papeles cambiados. El gobierno de Morsi fue incapaz de dar respuesta a los problemas económicos, agravando una situación de por sí muy complicada por los efectos de la revolución de 2011. Lejos de mejorar tras la caída de la dictadura de Mubarak, la economía egipcia se ha sumido en una profunda crisis agravada por las incertidumbres políticas, la ambigüedad y la mala gestión en materia de política económica de los sucesivos gobiernos y los relevos relámpago de las autoridades económicas.
Desde 2011 el turismo y las inversiones extranjeras están en caída libre, las fugas de capital se han intensificado, ha caído la producción de gas y petróleo, el rating de la deuda ha sido rebajado, el paro sigue en aumento y el crecimiento económico se ha hundido por debajo del 2%. La respuesta del gobierno derrocado fue escasa, aunque justo es reconocer que el espacio de política económica era reducido, y básicamente se limitaba a postergar o no un acuerdo con el FMI para obtener un paquete financiero de 4.800 millones de dólares, sin el cual el país afronta el riesgo inminente de default. La significación del acuerdo con el FMI no estriba sólo en su magnitud, sino sobre todo en la señal de confianza a los mercados necesaria para acceder a otras fuentes de financiación. En clave interna, la condicionalidad impuesta por el Fondo se entendió desde el principio por el gobierno finalmente derrocado en julio, al igual que por el interino actual, como un factor de desestabilización política de primera magnitud.
Independientemente de quien gobierne o quien ejerza una oposición económica improbable, no hay muchas alternativas fuera del acuerdo con el FMI. En los últimos meses de su gobierno, Morsi intentó estrechar relaciones con China ante el distanciamiento de Qatar, iniciado antes de su caída, pero sin resultados. Su derrocamiento ha supuesto un retraimiento casi total de Qatar tras desembolsar unos 7.500 millones de dólares durante el año del gobierno de Morsi y sólo los cargamentos de GNL parecían seguir fluyendo hasta que en septiembre de 2013 la tensión bilateral aumentó y Egipto devolvió 2.000 millones de dólares a Qatar tras fracasar las negociaciones para convertir los fondos en bonos a tres años. Estados Unidos anunció a principios de octubre la congelación de más de 250 millones de dólares de ayuda, así como el suministro de armamento, una cuestión crucial para el ejército. Kuwait y Arabia Saudi ya han ofrecido ayuda financiera por un importe de 12.000 millones de dólares a Egipto para evitar una crisis de balanza de pagos, además de cargamentos de combustibles para superar el desabastecimiento de combustibles que en parte precipitó la caída de Morsi. Pero incluso ellos utilizan la consecución del acuerdo con el FMI para graduar su apoyo financiero.
Tras el derrocamiento de Morsi, el FMI se ha mostrado dispuesto a trabajar con las nuevas autoridades para estabilizar la economía del país, incluyendo un programa conjunto con los países del Golfo. Las medidas de ajuste no pueden seguir posponiéndose, y el recurso al FMI hace tiempo que es inevitable tanto para cubrir las necesidades financieras del país como para recuperar la credibilidad de su política económica. El gobierno interino debe abandonar la indefinición y ambigüedad de su predecesor y abordar los problemas del país asumiendo un alto coste político en una situación de escasa legitimidad que requiere de esfuerzos importantes por parte de una población muy afectada por la crisis. Sin embargo, su actitud parece hasta el momento la de no tener prisa por reiniciar las conversaciones con el Fondo, al igual que pasó con el anterior gobierno, y fiarlo todo al apoyo financiero de los nuevos socios del Golfo. A su lado, la ayuda estadounidense o la europea es incapaz de proveer incentivos suficientes para acometer las reformas. Un programa conjunto del FMI con participación destacada del Golfo podría suponer una solución aceptable para todas las partes, proyectando estabilidad en la financiación y credibilidad en unas reformas más graduales.
