El Instituto Nacional de Estadística ha presentado recientemente una proyección de la población española al año 2052, muy publicitada en los medios de comunicación, de la que se deduce un grave peligro demográfico para nuestra sociedad como consecuencia de la baja natalidad y del freno a la inmigración. Según esa proyección, España perderá continuamente población en los próximos años, hasta llegar a 41 millones en el año 2052 (un 10% menos que en la actualidad) y será además un país de viejos, con un 37% de la población mayor de 64 años en ese año, frente al 17% actual. En esas condiciones, el sistema de pensiones no podría mantenerse.
Esta proyección demográfica, como todas, es el resultado de extrapolar hacia el futuro los comportamientos del presente. Lo que dice en definitiva es: si la natalidad, la migración y la mortalidad mantienen las mismas tendencias de evolución de los últimos años, vamos hacia un desastre demográfico, sin suficiente población en edad laboral (16-64 años) para sostener las pensiones de los jubilados. El ejercicio es técnicamente impecable pero debe entenderse como lo que es, recordando que estas extrapolaciones no tienen en cuenta las variaciones del entorno económico en el futuro, ni los cambios normativos (por ejemplo, un aumento en la edad de jubilación) y que, en consecuencia, su capacidad predictiva a largo plazo es pequeña.
La proyección se ha realizado en un momento de grave crisis económica que afecta a dos de los tres elementos básicos: natalidad y migración. Por este motivo, la extrapolación de los datos actuales lleva a resultados catastróficos. Imaginar que el futuro va a ser realmente así equivale a pensar que España no va a recuperar el crecimiento económico en los próximos años, algo que sólo los más pesimistas suponen. Puestos a ser pesimistas, habría que tener en cuenta que las crisis económicas prolongadas y profundas pueden llevarse por delante los sistemas públicos de salud y por tanto reducir la esperanza de vida de la población. A fin de cuentas, las personas mayores consumen mucha más atención médica, hospitalización y medicinas que las de mediana edad o los jóvenes (ocho veces más de media). Si el gasto sanitario se recorta sustancialmente también lo hará el número de personas que consiguen llegar a los 80 o 90 años de vida. Y, en consecuencia, en un caso así, el peso de las pensiones sobre las cuentas de la Seguridad Social disminuye. Una disminución de la esperanza de la vida a causa de la crisis económica no es algo infrecuente: el caso más reciente es el de Europa del Este y la antigua Unión Soviética. Sin embargo, la proyección de la que hablamos aquí supone que la esperanza de vida sigue aumentando en España hasta los 91 años para las mujeres y los 87 para los hombres, frente a los 83 y 76 actuales. Es decir, no tiene en cuenta de ninguna forma el efecto que una crisis económica prolongada con recortes del gasto público puede tener sobre el sistema de salud, sobre las condiciones de vida de los ciudadanos o sobre su gasto disponible para servicios médicos. Esto implica una contradicción en la proyección: o bien la situación económica empeora en las próximas décadas (algo improbable) y en ese caso la esperanza de vida disminuye, o bien la economía mejora y la esperanza de vida sigue aumentando. Ambas cosas no pueden ser ciertas a la vez.
Respecto a la natalidad, la proyección del INE extrapola a las próximas cuatro décadas el ligero aumento de la fecundidad que se ha producido en los últimos años (de 1,24 en 2001 a 1,36 en 2011) de forma que se colocaría en 1,56 en 2052, todavía muy lejos de la tasa de reemplazo (2,1 hijos por mujer), la cifra mínima necesaria para que una población no disminuya. La natalidad española está entre las más bajas dentro de la UE, con algunos países de Europa del Este por debajo según los datos de Eurostat, la oficina estadística de la UE. En realidad, ningún país de la Unión llega a los 2,1 hijos por mujer, aunque Francia e Irlanda casi alcanzan esta cifra. Este es el gran problema que la política demográfica debe abordar y que conduce a Europa, y a España dentro de ella, al envejecimiento y al declive demográfico. Una política responsable debería plantearse medidas pro-natalistas como las que Francia ha implantado con éxito en las últimas décadas y que han conseguido un aumento importante de su natalidad. Nuestros sistemas de bienestar están demasiado orientados a la atención a los ancianos y muy poco al cuidado de los niños, probablemente porque los primeros votan y los segundos no. Como hemos dicho, la mayor parte del gasto sanitario se dedica a prolongar la vida de las personas más allá de los 70 años, mientras que no se invierte nada en promover que nazcan nuevos individuos.
En cuanto a las migraciones (inmigración y emigración), la proyección del INE extrapola a las próximas cuatro décadas las cifras del período 2010-2011, desglosándolas por orígenes. La proyección en este aspecto presenta dos problemas. El primero es que se basa en cifras que el propio INE adelantó como estimaciones en 2011, pero que luego no se confirmaron en sus datos consolidados. Según esas estimaciones, el número de entradas a España en 2011 era menor que el de salidas. Sin embargo, las cifras finales mostraron un saldo migratorio positivo de 70.000 personas (es decir, más entradas que salidas). El segundo problema es que el comportamiento de la migración es mucho más sensible a los cambios económicos que otras variables demográficas y puede preverse una mayor entrada migratoria cuando la situación económica mejore.
En resumen, el futuro de la población española no será tan negro como pinta esta proyección, pero eso no debe ocultar el hecho de que la natalidad española es excesivamente baja y que su fomento debería constituir una prioridad para el Estado. Los españoles tienen menos hijos de los que desean, pero el excesivo precio de la vivienda en relación con los salarios ha constituido durante años el principal impedimento para cumplir ese deseo. En este momento, aunque el precio de la vivienda ha bajado notablemente, el paro, la disminución de los salarios y la escasez del crédito siguen dificultando el acceso. Pero es probable un futuro cercano en que la vivienda se mantenga relativamente barata mientras que el empleo crezca. En esas condiciones, la natalidad podría recuperarse, especialmente si desde el Estado se adoptan políticas natalistas, algo que exige gobiernos responsables capaces de ofrecer apoyo a los padres (aunque los niños no voten).
