Se habla y debate en los últimos tiempos acerca de diferentes reformas para la economía española: el mercado laboral, la digitalización, el impulso a las nuevas energías, las pensiones, etcétera. Hay un tema, sin embargo, que quizás debería recibir más atención: la mejora del marco institucional.
Dentro de este marco un aspecto clave es el funcionamiento del sistema judicial, por el impacto que tiene sobre la economía y su competitividad.
El tema es objeto de un reciente trabajo del Banco de España, El impacto de la eficacia de la justicia en la inversión empresarial en España, de Juan S. Mora-Sanguinetti, que se plantea estudiar el efecto que tiene la eficacia de la justicia sobre la inversión empresarial. Para ello se realiza un ejercicio: analiza la relación existe entre el nivel de inversión y la eficacia del sistema judicial en las diferentes provincias españolas.
El trabajo recuerda de entrada que “en nuestro país el tiempo de resolución en primera instancia se encuentra por encima de la media de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Relacionado con ello, durante la pasada recesión España registró una de las tasas de litigación, ya sea en relación con el PIB o en términos per cápita, más elevadas de la OCDE”.
Para medir la inversión empresarial el trabajo considera la “ratio de inversión bruta, definida como el cociente entre la formación bruta de capital fijo (tanto tangible como intangible) de cada empresa y su stock de capital total”.
Por su parte, la eficacia del funcionamiento del sistema judicial se mide a través de la “tasa de congestión” judicial, que se define como “la ratio entre el volumen de conflictos acumulados sin resolución (que incluye los casos que se arrastran del pasado más los nuevos casos ingresados en el año en curso) y el número de conflictos resueltos”.
Como se señala, “cuanto mayor es la tasa de congestión, mayores serán la duración y el coste esperado por las empresas para ver sus conflictos resueltos por la justicia, y, por lo tanto, la eficacia del sistema tenderá a ser menor”.
El análisis, comparando los datos de las provincias españolas durante un periodo de tiempo, llega a una conclusión clara: existe una relación negativa entre inversión y la tasa de congestión judicial. Se estima que “un aumento en una unidad en la tasa de congestión provoca una caída de la inversión de 1 punto porcentual”.
Los problemas del sistema judicial español son mencionados habitualmente por parte de las empresas extranjeras como un factor negativo en el clima de negocios de España. Según la edición 2020 del “Barómetro del Clima de Negocios en España desde la Perspectiva del Inversor Extranjero”, un estudio basado en una encuesta entre inversores extranjeros en España publicado por ICEX, IESE y Multinacionales por Marca España, la principal debilidad del marco de negocios es la “rapidez y eficacia de los juzgados mercantiles”.
La segunda debilidad, por cierto, tiene también que ver directamente con el marco institucional: “carga burocrática en el funcionamiento de la empresa”.
Otro estudio que recoge las valoraciones sobre el clima de negocios en España por parte de empresas extranjeras es el barómetro que elabora la Cámara de Comercio alemana, en el que el “funcionamiento de la justicia” también obtiene una valoración negativa.
Como señala, en relación con el sistema judicial, el trabajo del Banco de España: “la ineficacia del sistema judicial en la jurisdicción civil, aproximada por su tasa de congestión, tiene un impacto negativo y significativo sobre la inversión empresarial en España. Por tanto, al objeto de elevar el nivel de inversión privada en España, motor fundamental del crecimiento económico a medio y a largo plazo, una recomendación de política económica vendría dada por la conveniencia de incrementar la eficacia de nuestro sistema judicial, reduciendo sus elevadas tasas de congestión, lo que permitiría mejorar la seguridad jurídica en la contratación entre empresas privadas”.
Con los nuevos fondos europeos del Next Generation EU (el Plan de Recuperación para Europa), España se propone afrontar importantes reformas. Los aspectos regulatorios e institucionales suponen un lastre para la competitividad de la economía española, y por tanto para su crecimiento y el bienestar de la sociedad, y deben recibir la debida atención.
