El pasado 5 de julio el gobierno francés anunció, a través de un comunicado emitido por su Ministerio para Europa y de Asuntos Exteriores, la repatriación de 16 mujeres vinculadas a la organización yihadista Estado Islámico (EI), junto a 35 menores, desde los campos de detención del noroeste de Siria, donde se encontraban confinadas bajo custodia de las Unidades de Protección Popular (YPG), pertenecientes a las milicias kurdas de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), principal aliado sobre el terreno de la Coalición Internacional contra EI liderada por EEUU. El anuncio marca un cambio de postura de París en relación con la repatriación de yihadistas francesas o con arraigo en Francia, al tiempo que pone el foco en aquellos otros países europeos concernidos que no han dado pasos similares.
El campo de Al Hol fue habilitado por las FDS para albergar a los familiares de los combatientes de EI, mujeres y niños, a medida que la organización iba perdiendo los territorios que dominaba en Siria e Irak. Como el vecino de Al Roj, el campo fue establecido como solución temporal para custodiar a dichas familias sobre el terreno antes de su repatriación. Sin embargo, tres años y medio después del colapso del califato, ambos centros continúan abiertos, alojando, en el caso de Al Hol, a cerca de 60.000 familiares de militantes de EI con nacionalidades de hasta 60 países, aunque solo 25 hayan llevado a cabo alguna iniciativa de repatriación. El anuncio francés se produce, además, cuando el control de los campos, cuya situación humanitaria y de seguridad está muy deteriorada, se encuentra condicionado por las crecientes tensiones entre el YPG y Turquía, que quiere erradicar a las milicias kurdas del sur de la frontera turco-siria.
Hasta el momento Francia había gestionado el retorno de 35 menores, aplicando el criterio de “caso por caso” –que consiste en evaluar cada expediente de repatriación de manera individual–, procediendo a devolver a suelo francés solo a aquellos niños que cumplían con los requisitos establecidos, sin considerar otros traslados en grupo que incluyesen a mujeres adultas. El razonamiento sostenía que los simpatizantes y afiliados de EI mayores de edad deberían ser juzgados en la región, opción poco viable en la práctica. El cambio de postura del gobierno galo ha sido celebrado tanto por colectivos de familiares de las mujeres y los menores afectados como de defensa de los derechos humanos en el país vecino. Del mismo modo, Fionnuala Ní Aoláin, relatora especial para la lucha contra el terrorismo y los derechos humanos de la ONU, se mostró satisfecha y reiteró su llamamiento a otros países concernidos para que repatríen a sus mujeres y niños.
El cambio de postura de Francia incrementa la presión sobre aquellos otros países europeos que todavía no han dado ningún paso en esa dirección.
Según cifras del International Center for the Study of Radicalisation (ICSR), entre 1.000 y 1.200 mujeres europeas o residentes en Europa Occidental se habrían unido a las filas de grupos yihadistas activos en Siria e Irak, principalmente a EI, entre 2012 y 2019. En noviembre de 2021 había 231 mujeres con nacionalidades de países europeos en los campos del noreste de Siria, con al menos 645 menores a su cargo. Hasta el pasado 5 de julio, ocho países de Europa Occidental habían repatriado a 58 de ellas: Alemania lo había hecho con 22, Bélgica con 13, Suecia con 10, los Países Bajos con seis, Finlandia con cuatro, e Italia, Irlanda y Noruega con una cada uno. Descontando además las ahora repatriadas por Francia, entre las 154 que se estima permanecen todavía en los campos hay tres españolas, con 14 menores a su cargo.
Además de las consideraciones éticas, las dificultades que enfrentan los gobiernos europeos al abordar la repatriación de sus nacionales son de naturaleza política, legal y de seguridad, siendo estas últimas en las que me centraré. Para empezar, es necesario tener en cuenta que las mujeres europeas vinculadas a EI que permanecen en Siria no pueden ser consideradas un bloque monolítico, ya que se trata de un contingente que incluye a mujeres que no comparten las mismas motivaciones ni experiencias individuales de movilización hacia la yihad global. Algunas pudieron hacerlo coaccionadas sin compartir los objetivos de su organización de referencia, pero las partidarias europeas de EI desplazadas a Siria e Irak han mostrado con frecuencia tanto su compromiso ideológico como su implicación, asumiendo una gran variedad de roles. Sabemos que un buen número de estas mujeres han sido muy activas en labores de radicalización y reclutamiento de nuevas militantes para la organización yihadista y también en tareas de financiación o apoyo logístico, e incluso en actividades de combate durante su estancia en la zona de conflicto, todos hechos punibles en los países de la UE.
Pero existen dificultades para el procesamiento judicial de estas mujeres en sus países de origen, ya que la obtención de evidencia incriminatoria sobre las actividades que hayan podido llevar a cabo en favor de EI resulta en no pocos casos limitada desde una perspectiva legal. Además, tras varios años de adoctrinamiento intensivo y exposición a altos niveles de violencia, lejos de haber renunciado al salafismo yihadista de EI, podrían haber reforzado su ideología, constituyendo por tanto un potencial foco de expansión de ideas extremistas a su retorno. Y no solo eso, también podrían hacerlo tras haber adquirido capacidades para la comisión de atentados terroristas en suelo europeo y con la voluntad de realizarlos.
Lo anterior plantea, de un lado, inquietudes relacionadas con la seguridad nacional que han favorecido la posición adoptada inicialmente por muchos gobiernos europeos de mantener alejadas a las mujeres internadas en los campos del noreste de Siria, a fin de evitar los potenciales riesgos que su repatriación pudiera conllevar. Por otro lado, las condiciones en los campos, particularmente en el anexo de Al Hol, donde se hallan cerca de 10.000 personas –en su mayoría mujeres extranjeras y sus hijos u otros menores a su cargo–, son tales que, si no se las repatría, EI podría beneficiarse de que, rechazadas en sus países de origen, estas busquen su proyecto de vida dentro de la organización terrorista, con el consiguiente riesgo de seguridad tanto para la región como para nuestras sociedades, a las que podrían retornar de forma irregular con un retroalimentado sentimiento de odio.
En relación a este dilema de repatriar mujeres desde los campos de Al Hol y de Al Roj, organismos internacionales, como por ejemplo el Counter-Terrorism Committee Executive Directorate (CTED) de Naciones Unidas, han llamado insistentemente a los países de todo el mundo a repatriar, como también ha hecho EEUU. Además, el consenso entre expertos, diplomáticos y profesionales procedentes de la sociedad civil en considerar mayor el riesgo de mantenerlas en los campos sirios que el de repatriarlas a sus países de origen ha crecido en los últimos años, al considerar que las lecciones aprendidas hacen que la repatriación, rehabilitación y resocialización en sus países de origen sea a día de hoy “un objetivo factible”.
Además de las consideraciones éticas, las dificultades que enfrentan los gobiernos europeos al abordar la repatriación de sus nacionales son de naturaleza política, legal y de seguridad.
El primer paso de una eventual repatriación es valorar el perfil de cada una de las mujeres retornadas. Este proceso, conocido como screening, debe orientar las acciones a desarrollar en cada caso, y tendrá que realizarse atendiendo tanto a sus motivaciones individuales a la hora de desplazarse al califato, como a las actividades que hayan podido desarrollar sobre el terreno en favor de EI. En el caso de aquellas sobre las que ya pesen órdenes internacionales de detención –como ocurre con las tres españolas– o hayan cometido delitos previos a su partida, estas deberán responder ante la justicia penal en sus países. Mientras, la experiencia de países como Alemania puede ser útil a otros para resolver algunas dificultades del enjuiciamiento de aquellas mujeres repatriadas que hayan estado implicadas en actividades delictivas en Siria o Irak. Finalmente, y con el objetivo de su rehabilitación en el ámbito local, tanto para las que deban ingresar en prisión como para quienes no, los gobiernos deben contar con programas específicos, con perspectiva de género, que favorezcan su desradicalización y resocialización efectiva.
El cambio de postura de Francia incrementa la presión sobre aquellos otros países europeos que todavía no han dado ningún paso en esa dirección. Además, la experiencia –tanto los errores como, sobre todo, los aciertos– de aquellos vecinos que ya han repatriado puede servirles de guía de actuación. Las iniciativas de repatriación venideras podrían también materializarse de forma coordinada, especialmente entre miembros de la UE. Y es que a los gobiernos que aún no han tomado una decisión se les acaba el tiempo para resolver un dilema acuciante.
Imagen: Campo de Al Hol en el noroeste de Siria. Foto: Y. Boechat (VOA) (Wikimedia Commons / Dominio público).
