El 7 de junio de 2017 la Comisión Europea presentó el esperado Defence Package, sentando las bases de su contribución al desarrollo de la defensa europea. El Defence Package consta de dos elementos: el Reflection Paper on the Future of European Defence y el European Defence Fund.
El Reflection Paper tiene como objetivo contribuir al debate sobre el futuro papel de la UE en el ámbito de la seguridad y la defensa hasta 2025, y esboza tres escenarios posibles que van desde el statu quo hasta un escenario de integración plena en el ámbito de la defensa europea.
Sin prejuzgar la evolución de dicho debate, el Defence Package de la Comisión contiene un segundo elemento, el European Defence Fund, un vehículo financiero cuyo propósito es reducir duplicidades y avanzar hacia una base tecnológico-industrial de la defensa europea más competitiva. A su vez, el European Defence Fund de la Comisión gira en torno a dos instrumentos:
- El European Defence Research Program: un fondo destinado a estimular la investigación en el ámbito de la defensa, que cuenta con aproximadamente 90 millones de euros para los próximos tres años (25 millones para 2017, 40 millones para 2018 y 25 millones en 2019), y se espera que esté dotado de unos 500 millones por año a partir de 2020. Como tal, el European Defence Fund convertirá a la Comisión en uno de los principales inversores en I + D de defensa en Europa (junto a Francia, Alemania y Reino Unido), y consolida a la UE como uno de los principales inversores en el mundo.
- El European Defence Industrial Development Programme: un fondo destinado a la co-financiación de capacidades de defensa desarrolladas por la industria europea hasta la fase de prototipo. La Comisión apoyará proyectos presentados por un mínimo de tres compañías de al menos dos Estados miembros diferentes. Para ello, se destinarán 500 millones de euros para el bienio 2019-2020 y, a partir de 2020, la Comisión tiene preparado invertir aproximadamente 1.000 millones de euros anualmente. En concreto, se pretende dar prioridad a aquellos proyectos que hagan uso de la Cooperación Estructurada Permanente, un mecanismo contenido en el Tratado de Lisboa que permite a ciertos Estados miembros avanzar más rápido en el desarrollo de capacidades de defensa comunes.
Las referencias a la Cooperación Estructurada Permanente ponen de manifiesto los esfuerzos de la Comisión por vincular su agenda de consolidación tecnológico-industrial a la necesidad de avanzar en la construcción política de la defensa europea, dejando así la pelota en el tejado del Consejo. La Comisión identifica como punto de partida de su agenda industrial tanto la Estrategia Global para la Política Exterior y de Seguridad de la UE, presentada por la alta representante Federica Mogherini en junio de 2016, como el Implementation Plan on Security and Defence, adoptado en las conclusiones del Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores de noviembre de 2016. Asimismo, y también con el fin de asegurar la coordinación entre los ámbitos tecnológico-industrial y político-estratégico, es importante tener en cuenta el hecho de que en el Consejo de Exteriores y Defensa de mayo de 2017 los Estados miembros apelaron a la Agencia Europea de Defensa (AED) a que les ayudase a identificar áreas prioritarias en los ámbitos de capacidades y de investigación y desarrollo tecnológico. Esto garantizará a la AED y a los Estados miembros un importante papel a la hora de fijar las bases conceptuales de la agenda tecnológico-industrial de la Comisión.
La irrupción de la Comisión Europea en el ámbito de la seguridad y la defensa plantea interrogantes de diversa índole: ¿será capaz la Comisión de convertirse en un actor de referencia en un ámbito hasta ahora reservado a los Estados miembros? Dadas las discrepancias entre los Estados miembros respecto a cuestiones tan fundamentales como el uso de la fuerza o qué regiones deben ser geo-estratégicamente prioritarias para Europa, existe el riesgo de que los avances que se deriven de la determinación de la Comisión en el ámbito industrial no se vean reciprocados por una mayor cohesión entre Estados miembros en los aspectos políticos y estratégicos de la defensa europea. En este sentido, ¿hasta qué punto es razonable exigir a los Estados miembros que se comprometan con la agenda de la Comisión de promocionar una mayor integración de la base tecnológico-industrial de defensa europea, si dicha agenda no se asienta sobre una visión político-estratégica coherente sobre el futuro de la Europa de la Defensa?
“El compromiso financiero adquirido a día de hoy por la Comisión en el ámbito de la defensa constituye ya de por sí un verdadero punto de inflexión”
Los próximos Consejos Europeos de diciembre de 2018 y junio de 2019 deberían contribuir a aclarar el nivel de apoyo y compromiso de los Estados miembros con la agenda industrial de la Comisión, despejar posibles dudas sobre la relación entre el Defence Package y la AED, y aclarar los términos del anunciado vínculo entre la agenda de la Comisión y la Cooperación Estructurada Permanente.
Sin prejuzgar la importancia de estas cuestiones, o de posibles iniciativas adicionales, el compromiso financiero adquirido a día de hoy por la Comisión en el ámbito de la defensa (más de 500 millones de euros por año para I + D y más de 1.000 millones por año a partir de 2020) constituye ya de por sí un verdadero punto de inflexión, convirtiendo al Defence Package en un proceso de referencia para España. ¿Qué tipo de retos y oportunidades plantean el Defence Package de la Comisión y el prospecto de una consolidación industrial europea en el ámbito de la defensa para el Gobierno de España, sus fuerzas armadas y su tejido tecnológico-industrial? ¿Puede la actual agenda de consolidación industrial amenazar la capacidad de España de producir bienes de defensa en sectores clave, como por ejemplo el naval o el electrónico? En ese caso, ¿cómo podría España mitigar posibles riesgos, a través de determinadas alianzas y partenariados en Europa?
Esta serie de preguntas plantean un importante debate que hasta ahora no ha recibido la atención suficiente en nuestro país: ¿debe España aspirar a producir sus propios sistemas y tecnologías de defensa a nivel nacional o, por el contrario, optar por adquirir los sistemas más competitivos disponibles en el mercado, europeo y/o global? Obviamente, la respuesta a este dilema dependerá de cada caso, o de cada sector. Al fin y al cabo, la aspiración de nuestras fuerzas armadas de mantener capacidades de defensa de estándares elevados y la profundidad financiera y excelencia tecnológica que requieren ámbito como la electrónica, la defensa anti-misiles, la ciber-defensa, el espacio, la aeronáutica, la inteligencia artificial o la guerra naval de última generación hacen virtualmente imposible para cualquier Estado (con la excepción de EEUU) alcanzar excelencia en prácticamente ningún dominio por sí solo. La cooperación es, así, una realidad financiera e industrial, pero también político-estratégica (dado el compromiso de España con la OTAN y la Europa de la Defensa).
La pregunta clave, por tanto, es ¿cómo articular una estrategia nacional de posicionamiento en Europa y tejer una red de alianzas y partenariados tecnológico-industriales que permitan a España, sus fuerzas armadas y sus empresas maximizar su excelencia a nivel de capacidades y know-how tecnológico-industrial, y mitigar posibles dependencias (tecnológicas, políticas o estratégicas)? En este sentido, es importante tener una cartera diversificada de partenariados en los ámbitos de capacidades y tecnológico-industrial, teniendo en cuenta la importancia del nivel europeo e incorporando también a posibles socios extra-europeos que puedan añadir valor tecnológico y/o estratégico (como, por ejemplo, EEUU, Israel, Japón, Australia o Corea del Sur). Esto requiere una estrategia industrial de defensa nacional que atienda a criterios geo-estratégicos, políticos, financieros y tecnológico-industriales y siente las bases del posicionamiento de España en el actual proceso de reconfiguración de la industria de defensa europea.
