Una de las prioridades de la nueva Comisión es la lucha contra el cambio climático. De entre las diversas posibles políticas para abordarlo, y más allá del llamado Green Deal Europeo (que es esencialmente una política interna), la presidenta de la Comisión ha planteado la necesidad de que la UE introduzca un arancel sobre las importaciones de carbono que sea plenamente compatible con las reglas OMC.
Se trataría de establecer un arancel a los bienes importados que utilicen en su proceso productivo tecnologías muy intensivas en CO2. Este arancel, denominado Impuesto al Carbono en Frontera (Border Carbon Tax), trataría de evitar el dumping medioambiental ya que, la Unión pretende además establecer un impuesto a la generación de CO2 en la producción europea. La lógica, por tanto, es clara: la UE tendría una producción nacional más limpia, pero si otros países quisieran vender sus productos dentro de la Unión, deberán pagar un arancel (o, alternativamente, contaminar menos para que dicho arancel sea menor, lo que redundaría en beneficio de todos).
Tradicionalmente, ha existido cierto consenso, tanto entre economistas como en el seno de la OMC, acerca de que la política comercial no debía ser utilizada para lograr objetivos medioambientales. Así, los países emergentes y en desarrollo han acusado a la UE y a EEUU de querer utilizar tanto el medio ambiente como los derechos laborales como “excusas proteccionistas” y el GATT/OMC, en general, ha evitado ubicarse en favor de la sostenibilidad medioambiental cuando han surgido disputas comerciales que implicaban un trade-off entre liberalización comercial y sostenibilidad.
Sin embargo, ante la importancia del problema del cambio climático y las dificultades para hacerle frente a la velocidad necesaria, esto está empezando a cambiar. Más allá de que los países adquieran compromisos climáticos en el marco del Acuerdo del París y las COP, lo cierto es que la importancia del comercio internacional puede hacer que países y empresas modifiquen sus comportamientos (en términos de emisiones) para evitar ser sancionados y/o perder acceso a mercados de elevada renta como los europeos.
“el impuesto al carbono va a pasar a formar parte de la conversación en relación a los acuerdos comerciales de la Unión, tanto existentes como futuros”.
Por ello, el consenso sobre la utilidad de las herramientas comerciales para lograr objetivos climáticos está cambiando. Además, en el caso europeo, la opinión pública demanda que la política comercial permita “exportar” los valores europeos, entre los que se encuentra la sostenibilidad (véase, por ejemplo, el debate sobre la ratificación del Acuerdo UE-Mercosur en relación al Amazonas).
Esto supone que es muy posible que la UE termine aplicando este tipo de aranceles. Ahora bien, en la práctica su aplicación es difícil y hacerlos compatibles con la legislación de la OMC, que además es una institución en crisis y que necesita una reforma, es complejo.
De hecho, lo ideal sería forjar un consenso internacional para una reforma de la OMC que introdujera estándares medioambientales en el comercio internacional como una de las múltiples reformas que la organización requiere, y que incluyen temas tan diversos como la reforma de su mecanismo de solución de diferencias, el tratamiento de subsidios o la regulación del comercio de servicios, entre otros. Sin embargo, en el actual contexto de guerra comercial entre China y EEUU dicha reforma es muy improbable, por lo que la UE se verá en la necesidad de actuar por su cuenta, aunque siempre dejando claro que prefiere la vía multilateral, a la que estará dispuesta a regresar si existe suficiente consenso.
Más allá de que desde un punto de vista técnico corresponde a los comisarios de Comercio y Economía diseñar este arancel de forma que se minimicen las distorsiones y se preste atención a los problemas redistributivos que pueda generar, esta medida tiene una dimensión de política exterior. La UE necesita –al igual que ya están haciendo China y EEUU– desplegar sus herramientas de política económica exterior para aumentar su peso geopolítico, y la política comercial es, a día de hoy, la más poderosa.
Por ello, el impuesto al carbono va a pasar a formar parte de la conversación en relación a los acuerdos comerciales de la Unión, tanto existentes como futuros. Ahora bien, más allá de tener un enfoque rígido o de no sentarse a negociar con países que, de entrada, no compartan plenamente el compromiso europeo por la sostenibilidad (como EEUU y muchos países emergentes), la UE debe estar dispuesta a ser flexible. El objetivo no debe ser amenazar con aranceles a quienes no cumplan con los estándares/condiciones europeas (eso sería más propio de Trump), sino ir logrando que, progresivamente, la huella de carbono de las exportaciones de otros países sea menor y se acerque más a la existente dentro de la UE.
“Esta herramienta, bien diseñada, permitiría a la UE ejercer su liderazgo político incentivando al mundo a cuidar el medioambiente”.
Esto supone que la UE esté dispuesta a aceptar reducciones progresivas de dichos aranceles para países que cambien sus políticas ambientales o períodos transitorios durante los cuales no se aplicarían siempre que los demás países vayan cambiando sus políticas.
De hecho, para que el arancel no sea percibido como una herramienta proteccionista, es necesario potenciar dos elementos clave para su credibilidad: el aspecto técnico (que requiere reforzar la parte estadística y analítica para estimar el contenido en CO2 de los bienes importados) y la coherencia interna (las exenciones tienen sentido a países muy pobres, pero no a sectores con capacidad de presión). Cuanto más selectivo, menos creíble.
Esta herramienta, bien diseñada, permitiría a la UE ejercer su liderazgo político incentivando al mundo a cuidar el medioambiente. Además, le permitiría seguir actuando como un poder normativo al tiempo que atiende una de las principales demandas de su ciudadanía.
