Tras varios años de estancamiento, el Consejo Europeo ha decidido abordar la política común de seguridad y defensa, sus capacidades y el estado de su base industrial en su reunión del 19-20 de diciembre en Bruselas. También se ha puesto a ello la Comisión, que se ha ofrecido a racionalizar y financiar la base tecnológica e industrial de la defensa europea. Visto desde la óptica idealista, el Consejo Europeo parecería una oportunidad única para solucionar todos los males de la PCSD respetando la soberanía y los intereses nacionales de los Estados miembros. Sin embargo, detrás de los relatos oficiales se puede esconder el deseo de tirar para adelante a costa de dejar por el camino a muchos perjudicados y, entre ellos, podría encontrarse el sector industrial de la seguridad y la defensa en España si el Gobierno no toma precauciones.
Porque visto desde la óptica realista, el relato sería distinto: la industria europea de defensa atraviesa uno de sus peores momentos: caen los pedidos de sus Estados miembros (una reducción del 19% entre 2001 y 2010), se reduce la inversión en I+D (el 14% entre 2005 y 2010) y la agresividad de nuevos competidores arrebata cuotas del mercado internacional a las exportaciones europeas. Para evitar lo peor, los gobiernos y las grandes industrias de la defensa de Francia, Alemania y el Reino Unido proponen a la Comisión (new deal) que acelere la concentración industrial en Europa y que permita su acceso a fondos de I+D destinados al desarrollo regional y a la investigación civil. A cambio permitirán a la Comisión intervenir en un sector intergubernamental que le estaba vetado por los mismos que ahora le permitirán pasar de ser regulador a promotor, financiador, comprador e, incluso, operador.
En el orden del día del Consejo Europeo figuran los tres ámbitos a discutir: políticas, capacidades e industria. Para centrar las discusiones sobre ellas, la alta representante y directora de la Agencia Europea de la Defensa ha elaborado un Informe que cubre los tres puntos pero que dedica mayor atención a los dos primeros, mientras que la Comisión –en colaboración con sus mentores– ha presentado una Comunicación que desarrolla de forma exhaustiva la cesta industrial. Simplificando, los documentos vienen a decir que la industria europea está todavía muy fragmentada (el 85% de los fondos de la investigación y la tecnología de la defensa son nacionales), que se producen demasiados equipos del mismo tipo y que se dedica poco dinero a la I+D. En esas condiciones, la forma de sacar adelante esa industria es profundizar en el mercado europeo de la defensa, favorecer la competitividad y aumentar la demanda europea. Para ello proponen liberalizar el mercado de las adquisiciones; la Comisión, que ya había promulgado dos directivas –defence package– desde el lado de la oferta –adquisiciones (2009/81) y transferencias (2009/43)– se propone ahora acabar de una vez con las preferencias nacionales en las adjudicaciones (75% del total), prohibir las compensaciones (offsets) y restringir mecanismos como las ventas gobierno a gobierno o los acuerdos internacionales que escapan al control de Bruselas. Para fomentar la competitividad se propone armonizar los estándares de los equipos, apoyar a las PYME y explotar sinergias civiles-militares. También se abre el acceso a fondos comunes de investigación para tecnologías duales (programa Horizon 2020 y Fondos Estructurales Europeos) y la Comisión se ofrece incluso a comprar, poseer y adquirir equipos.
Si se miran las propuestas desde una óptica idealista, todos parecen ganar, pero si se mira desde una óptica realista, unos tienen que perder para que otros ganen. Con esta lógica de reindustrialización ganan los grandes y la Comisión. Francia, el Reino Unido y Alemania preservarán la posición dominante que ya tienen en los sectores industriales tradicionales: naval, aéreo y terrestre apoyándose en la liberalización que impondrá la Comisión y, además, reforzarán sus posiciones industriales en los sectores de futuro: espacial, ciberseguridad o telecomunicaciones aprovechando los fondos comunes de I+D se destinarían, no a todas las industrias para aumentar su competitividad sino a las que ya lo son y pueden sacar mejor partido de ellos. Por su parte, la Comisión desplazará a la EDA en la función asesora intergubernamental que ha ocupado y, además de regular, pasaría a definir estándares, financiar I+D, adquirir equipos y operarlos, comunitarizando un sector estratégico para la UE (96.000 millones de euros, 400.000 empleos directos y unos 960.000 indirectos en 2012).
Otros pierden (los medianos, pequeños, el Consejo y la Agencia Europea de la Defensa). La liberalización y los incentivos benefician a unos más que a otros. Los gobiernos grandes no verán mermados sus intereses industriales críticos porque los han protegido con clausulas de salvaguardia por razones de seguridad nacional (seguridad de suministro y soberanía). Tampoco les afectará la liberalización en la medida que circunvienen la regulación aplicable mediante prácticas proteccionistas o, simplemente, las incumplen ya que la denuncia no impide la consumación de la adjudicación (según la Comisión, de las adquisiciones amparadas por su Directiva 2009/81 entre agosto de 2011 y marzo de 2013, Francia no asignó ningún contrato fuera del país de 216, Alemania uno de 162, Italia dos de 196 y el Reino Unido 16 de 45). Pierden los que cumplen la Ley –su letra y su espíritu– o a los que se les puede aplicar la Ley porque no son fuertes. Pierden los que no se han movilizado para proteger sus tecnologías e industrias críticas y los órganos intergubernamentales como el Consejo y la Agencia Europea de la Defensa, porque la Comisión dispone de mayores recursos para planificar y ejecutar las políticas. Pierden los que tienen escasa capacidad de influencia en procesos de decisiones como el de diciembre, porque sus industrias quedarán excluidas de los nuevos centros de excelencia y especialización y se verán desplazadas a los niveles inferiores de subcontratación. Además, les tocará pelearse entre ellos –y con las regiones– por los pocos fondos europeos que queden por asignar (si es que los hay porque la Comisión no ha precisado cantidades y, en principio, son fondos destinados al desarrollo regional y vetados a la industria de defensa).
Todavía no se conoce la posición oficial de España respecto a las cuestiones que se dirimen en el Consejo de diciembre, pero para sortear los peligros del idealismo y del realismo, la estrategia española debería ir al Consejo con un plan de entrada y otro de salida. Con el de entrada se debe evitar que el Consejo avance más en el capítulo industrial que en los otros dos y evitar concesiones irreversibles. Condicionar cualquier medida a su evaluación para evitar hechos consumados o desviaciones en la práctica: avanzar paso a paso, en programas concretos y sujetos a evaluación. No adoptar nuevas medidas hasta que no se haya evaluado el resultado de las anteriores. Con el de salida, se deben afrontar varias asignaturas pendientes que se resumen en tres: (1) elaborar una estrategia industrial del sector (visión, objetivos, instrumentos y planes de acción); (29) integrarla en el sistema económico nacional (normalización); y (3) gestionarla de modo intergubernamental (la base tecnológica e industrial de la defensa es una cuestión de Gobierno y no sólo del Ministerio de Defensa).
En las próximas semanas se verá en qué onda, idealista o realista, ha estado trabajando el Gobierno, y qué conclusiones acuerda el Consejo Europeo sobre la base tecnológica e industrial de la defensa europea. Pero hay que andarse con ojo y vigilar porque en cualquier momento alguien nos puede robar la cartera…y los empleos, el tejido industrial, la soberanía, las capacidades de ingeniería, los mercados internacionales y el 1% de nuestro PIB.
