No es la primera vez que Bruselas responde a una gran preocupación sectorial con un plan o estrategia sin tracción regulatoria ni respaldo económico. Es el caso de la Ley de Materias Primas Críticas, el Plan de Acción Eólico o REPowerEU, por citar algunos ejemplos recientes, cuyos objetivos no vinculantes y excesivamente ambiciosos se dan por inalcanzables apenas unos años después de su lanzamiento. La gran pregunta que rodea al Clean Industrial Deal (CID) es si, efectivamente, será una iniciativa transformadora que logre reconducir una industria europea agotada después de tres años de crisis energética, pérdida de competitividad en sectores que se consideraban esenciales: como la automoción y la química; e incomparecencia en aquellos que determinarán el futuro: como la economía digital, el sector espacial y inteligencia artificial.
El CID, muy influido por el Informe Draghi, pone el foco en dos grandes sectores: el de la industria intensiva en energía y el de las tecnologías limpias. Siguiendo la tesis de la Brújula de Competitividad, el documento insiste en la compatibilidad entre descarbonización y competitividad, manteniendo la ambición de alcanzar la neutralidad climática para 2050 pero presentando algunas novedades: el reconocimiento del exceso regulatorio como un lastre y la necesidad de proteger a las industrias europeas de la competencia desleal. En este sentido, el CID quiere ser una actualización sectorial del Pacto Verde Europeo para un nuevo tiempo marcado por la incertidumbre geopolítica, el rearme militar, la fragilidad de las cadenas de valor y el retorno de la política industrial. Para ello, presenta propuestas en torno a seis grandes ejes: (1) reducir los precios de la energía; (2) mejorar la financiación de la descarbonización industrial; (3) generar nuevos mercados para productos descarbonizados; (4) la economía circular; (5) constituir nuevos partenariados internacionales; y, finalmente (6) mejorar la capacitación de los trabajadores europeos.
El CID, muy influido por el Informe Draghi, pone el foco en dos grandes sectores: el de la industria intensiva en energía y el de las tecnologías limpias.
Para reducir los precios de la electricidad, el CID sigue al pie de la letra el recetario de Draghi: reducir la carga burocrática y los tiempos asociados al permitting para nuevos proyectos renovables, aliviar la carga fiscal sobre la factura eléctrica y ofrecer garantías financieras estatales para la firma de Power Purchase Agreements (PPA) o contratos por diferencia (CfD). Si bien las dos primeras propuestas recaen casi exclusivamente en las competencias de los Estados miembros y la Comisión se limita a emitir recomendaciones, el desarrollo de PPA presenta una importante innovación al incorporar al Banco Europeo de Inversiones (BEI) como garante de estos acuerdos. Esta medida, que España ha venido desarrollando con escasos resultados desde 2022, debería facilitar el acceso de las pymes y empresas de tamaño medio sin calificación crediticia a contratos bilaterales de compraventa de electricidad. Esta no es la única función reservada para el BEI, que también lanzará un “Paquete de fabricación de redes” por un valor de 1.500 millones de euros, destinado a ofrecer garantías crediticias a la industria y escalar la producción europea de componentes, uno de los actuales cuellos de botella de la transición.
Para el gas natural, el CID insiste en hacer permanente la plataforma de compra conjunta AggregateEU, flexibilizar los objetivos obligatorios de almacenamiento para el invierno e incrementar, sin especificar el cómo, el peso relativo de los contratos de suministro a largo plazo en la fijación de precios. En materia de diplomacia energética, el Action Plan for Affordable Energy propone incentivar la inversión europea en proyectos exportadores de gas natural licuado (GNL) en terceros países y respaldar la firma de contratos de compra a largo plazo, que deberán limitar su duración hasta 2049, tal y como establece la Directiva del Mercado del Gas. Volver a hablar de una diplomacia del gas natural supone una ruptura con la estrategia comunicativa de la Comisión durante la crisis energética, que prefería enmarcar cualquier acuerdo relacionado con el gas fósil bajo el paraguas del hidrógeno descarbonizado. Es un acierto volver a poner el foco en la seguridad energética del presente, aunque esta dependa de fuentes fósiles, y dejar atrás una diplomacia del hidrógeno que ha generado expectativas irrealizables sobre las futuras importaciones de hidrógeno en la Unión Europea (UE).
Con el objetivo de facilitar la financiación de la descarbonización industrial, el CID propone un nuevo Marco de Ayudas Estatales orientado a acelerar y flexibilizar la aprobación de este tipo de ayudas. El CID parece interiorizar el relato de la neutralidad tecnológica, término que aparece en tres ocasiones para aclarar que las medidas de apoyo a PPA, CfD y relajación de ayudas de Estado no dejarán fuera a la energía nuclear ni a aquellas soluciones asociadas con la captura de carbono, como el hidrógeno azul.
La que probablemente sea la medida estrella del CID es la creación de un Banco de Descarbonización Industrial, que estaría dotado con 100.000 millones de euros para un periodo de 10 años, financiados a través del régimen de comercio de derechos de emisión (EU ETS). Este nuevo banco representa una transformación del Fondo de Innovación, hasta ahora centrado en la innovación en fase experimental, para reorientarlo hacia el despliegue a gran escala de tecnologías limpias en sectores industriales intensivos en emisiones. Aunque cambia de nombre y duplica su presupuesto –el Fondo de Innovación contaba con 45.000 millones de euros para el periodo 2020-2030–, su fuente de financiación sigue siendo el EU ETS, por lo que no supone una asignación adicional de recursos, sino más bien una redefinición estratégica en el marco presupuestario existente.
A través de la Industrial Decarbonisation Accelerator Act, se espera aumentar la demanda de productos bajos en emisiones introduciendo criterios de sostenibilidad y contenido local en la contratación pública y privada. El CID proyecta impulsar los primeros mercados de productos industriales descarbonizados, asumiendo que el consumidor final deberá pagar un sobrecoste (green premium) que será compensado parcialmente, entre otras ayudas, a través de contratos de carbono por diferencia. Este es, sin duda, uno de los elementos más complejos de la transición energética en la UE: cómo descarbonizar una industria que compite globalmente y cuyas soluciones tecnológicas no son solamente más costosas, sino que en ocasiones ni siquiera están disponibles. Con respecto a este último elemento, el documento anuncia una modificación del Reglamento InvestEU para aumentar el importe de las garantías financieras para apoyar nuevas inversiones en tecnologías limpias.
Para proteger a la industria europea de la competencia desleal, la Comisión reforzará los Instrumentos de Defensa Comercial, con investigaciones antidumping o de sobrecapacidad más ágiles. Para el arancel de carbono en frontera (CBAM), se propone una revisión antes del final de 2025 con el objetivo de simplificar la burocracia asociada, ampliar su ámbito de aplicación a otros productos e incluir las emisiones indirectas. La supervivencia del sector metalúrgico y siderúrgico europeo, duramente afectado por la crisis energética, el proteccionismo estadounidense y la sobrecapacidad de China, se consolida en el CID como una prioridad estratégica para la Comisión y el nuevo Plan de Rearme Europeo. Para ello, el Steel and Metal Action Plan introduce una exención del EU ETS para las exportaciones industriales e incluye una reducción del 15% de las cuotas de importación de acero en el mercado europeo.
Destacando la importancia de la dimensión exterior del Pacto Verde Europeo, el CID subraya la necesidad de concluir los Acuerdos de Libre Comercio pendientes, por ejemplo, con el Mercado Común del Sur (Mercosur), y desarrollar partenariados internacionales asociados a la transición energética: clubs de materias primas críticas, mercados de productos descarbonizados integrados o inversión cruzada en el sector de las renovables. El CID también contempla la firma de nuevas Asociaciones de Comercio e Inversión Limpias (Clean Trade and Investment Partnerships, CTIP) con terceros países, orientadas a sectores específicos. A pesar de no aparecer en el documento, América Latina, con su riqueza mineral, una matriz energética relativamente descarbonizada y compatibilidad regulatoria, se perfila como la región mejor situada para iniciar este tipo de asociaciones.
La mención específica al nuevo Pacto por el Mediterráneo resulta en un brindis al sol que demuestra a partes iguales la compleja situación regional y la falta de ideas en Bruselas para relanzar, más allá de la dimensión migratoria y su securitización, el proyecto Euro-Mediterráneo. El CID no da detalles sobre el nuevo Pacto, pero la financiación de proyectos renovables para consumo local y la compensación de los efectos negativos del CBAM o de la nueva Regulación de Metano deberían ser temas protagonistas.
Sobre economía circular, el CID propone la creación de un Centro de Materias Primas Críticas de la UE para facilitar compras conjuntas, emulando el modelo japonés del JOGMEC identificado por el Informe Draghi. Además, propone limitar las exportaciones de productos reciclables para fomentar su procesado en la UE y la adopción de una Ley de Economía Circular en 2026 con la meta de alcanzar una tasa de 24% de circularidad de materiales en 2030. Este objetivo se antoja ya irrealizable, a tenor de los escasos avances durante la última década: desde 2010, la circularidad ha aumentado apenas un 1,1%, situándose en 11,8% en 2023.
En materia de formación profesional, el CID deja poco más que buenas intenciones. El documento anuncia que creará una Unión de Capacidades (Union of Skills), de la que se desconocen los detalles, pero que deberá servir para coordinar las políticas educativas de los 27. Igualmente, propone incentivar la movilidad profesional industrial facilitando el acceso a la vivienda, la homologación de títulos y programas de prácticas internacionales bajo el paraguas existente de Erasmus+. Los programas de desarrollo de la fuerza laboral tardan años, si no décadas, en dar resultados tangibles y exigen una asignación constante de recursos que, por el momento, no está contemplada en el CID. Será el desarrollo regulatorio posterior el que determine el grado de realismo y ambición del CID para relanzar la formación profesional en la UE, un objetivo que también ha sido señalado por Draghi como prioritario.
En definitiva, el Clean Industrial Deal nace con la vocación de revertir el declive industrial europeo y acelerar su descarbonización. El CID identifica la crisis energética como una de las causas centrales de esta situación, pero también reconoce la excesiva burocracia, los problemas para desarrollar innovación aplicada a escala industrial y la necesidad de proteger a la industria europea de la competencia internacional desleal. El diagnóstico resulta correcto, pero es inevitable reflexionar sobre la verdadera capacidad transformadora del plan. Por ejemplo, el CID es concebido atentando contra uno de sus principios rectores: reducir la burocracia y la sobrerregulación, al presentar un calendario de aquí a 2027 en el que se lanzarán 40 iniciativas de distinto tipo: desde la Ley de Economía Circular, la Hoja de ruta de empleos de calidad o el Plan de trabajo de ecodiseño. Igualmente, el CID repite errores del pasado al anunciar objetivos difícilmente alcanzables y de carácter no vinculante. Es urgente que la Comisión reformule su estrategia de comunicación sobre objetivos energéticos (hidrógeno, biometano, materias primas, fabricación de tecnologías, reciclado, etc.) y abandone el voluntarismo para preservar la credibilidad de aquellos vinculantes y relacionados con la senda de reducción de emisiones. Igualmente, el CID insiste en la importancia de la dimensión exterior del Pacto Verde Europeo, pero no logra aterrizar propuestas concretas para socios europeos clave en la descarbonización industrial, especialmente el espacio mediterráneo y América Latina.
Además, la Comisión retrasa la adopción de decisiones clave para el futuro, especialmente en lo que respecta a la asignación de recursos, y abusa de las recomendaciones a los Estados miembros ante la falta de competencias. Una de las grandes incógnitas en torno al CID es, precisamente, cuál es el volumen real de los fondos adicionales destinados a la descarbonización industrial en la UE. Gran parte de los Estados miembros cuentan con un escaso margen fiscal y los recursos del próximo Marco Financiero Plurianual 2028-2034 compiten, ante el final de los Fondos NextGenerationEU, con otras prioridades como el gasto en defensa. Por ello, y aunque el CID recoge muchas de las propuestas regulatorias planteadas por Draghi, no parece que sea un catalizador del “cambio radical” al que aspiraba inicialmente con su Informe.
