La imagen de Slobodan Praljak ingiriendo el contenido de un frasco de veneno durante la última sesión del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (el TPIY, creado el 25 de mayo de 1993) ha recorrido el mundo. Fue director de cine en tiempo de paz, general croata durante la guerra de Bosnia-Herzegovina (entró como voluntario en el ejército sin haber tenido formación militar básica y en solo cinco meses llegó a general) y presidiario grafómano (durante su estancia en la cárcel, escribió seis libros donde expone su visión de la guerra). A pesar del patetismo de su muerte, que los medios de comunicación han comparado con la de Hermann Goering en el proceso de Nuremberg, se le recordará como el criminal de guerra que ordenó el bombardeo y destrucción del puente de Mostar, símbolo de la convivencia entre cristianos –católicos y ortodoxos– y musulmanes. Su histriónica tentativa de dar un final glorioso a una vida infame, enturbió como un hecho paradójico y contradictorio la sentencia que el TPIY acababa de pronunciar contra él y contra la cúpula política y militar croata de la época de la guerra de Bosnia-Herzegovina (1992-1995).
El presidente serbio Slobodan Milošević murió antes de que se probara que fue responsable directo de la guerra de Bosnia-Herzegovina. La sentencia contra el general serbo-bosnio Ratko Mladić –acusado de genocidio y crímenes contra la humanidad por la masacre de Srebrenica y condenado a cadena perpetua– sostiene que, a pesar del apoyo político, económico y militar del gobierno de Belgrado, el Estado serbio no compartió “empresa criminal común” alguna con los serbo-bosnios en el territorio de la antigua república yugoslava de Bosnia-Herzegovina.
El veredicto contra Slobodan Praljak –acusado por crímenes contra la humanidad y condenado a 20 años de cárcel– mantiene que el Estado croata ha participado en una “empresa criminal común” con los croatas de Bosnia-Herzegovina en territorio bosnio. Praljak compartió su plan criminal en aquella época con el presidente Franjo Tudjman, el ministro de Defensa Gojko Susak, y el comandante en jefe del Ejército, Janko Bobetko.
Los actuales políticos croatas, mientras homenajeaban a Praljak como un héroe nacional, han valorado el fallo del TPIY como “falsificación de la historia”, “calumnia”, “error moral”. La presidenta Kolinda Grabar-Kitarović advirtió que “nadie ajeno, ni el TPIY, va a escribir nuestra historia”.
La conclusión jurídica de que Croacia fue corresponsable en la empresa criminal en territorio bosnio (hecho histórico) y Serbia no, (conclusión jurídica que contradice al hecho histórico) se deriva de que, a lo largo de los más de 24 años de funcionamiento del TPIY, sus sucesivos magistrados han aplicado diferentes criterios. Otro motivo de la exculpación de Serbia reside en el hecho de que Milošević consiguió camuflar sus actividades criminales, mientras Tudjman, debido a su megalomanía, dejó testimonios grabados y escritos de las suyas.
Las interpretaciones jurídicas que no corresponden a la verdad histórica y las reacciones a las mismas de los políticos y periodistas croatas (y serbios ) difícilmente pueden ayudar a la reconciliación de los países involucrados en las guerras de la ex Yugoslavia. El TPIY ha finalizado su trabajo, pero los criminales de guerra seguirán gozando de la consideración de héroes nacionales por mucho tiempo.
