Al principio no fue el verbo. El discurso del rey del 9 de marzo no precedió, como fue siempre preceptivo en Marruecos a cualquier proposición de acción. Vino después de que la “calle” se adelantara a pedir reformas políticas, siguiendo la tónica de los tunecinos y egipcios.
A algunos les hubiera gustado que este discurso hubiera sido pronunciado el día 21 de febrero, al día siguiente de las manifestaciones que pedían la democratización del régimen y el fin de la corrupción. Aquel 21 de febrero el rey sólo pronunció un discurso ajeno a lo ocurrido 24 horas antes, para instaurar un Consejo Económico y Social con 18 años de retraso.
Para otros el discurso ha sido interpretado como una victoria del Movimiento del 20 de febrero que pedía el cambio de la constitución para convertir a Marruecos en una monarquía parlamentaria.
Pero ha habido también aquellos para quienes el discurso ha sido claramente insuficiente habida cuenta de que el rey es quien conserva el control de todo el proceso, conservando la última palabra sobre el contenido de las promesas de democratización. Echan de menos una Asamblea Constituyente que sea la que realmente decida y concrete el contenido de los cambios a introducir en la constitución, habida cuenta de que un texto constitucional es “un pacto para regular la vida política” y debe emanar de la representación ciudadana. La comisión técnica propuesta por el soberano para redactar el nuevo texto debería limitarse a “encontrar las formulaciones jurídicas para traducir las reivindicaciones legítimas del pueblo”, como señalan a este propósito los críticos con el discurso, como el prestigioso profesor Abdellah Hammoudi de la Universidad de Princeton.
Se encuentra también entre los descontentos el movimiento islamista ilegal Justicia y Caridad, que por boca de su dirigente Fathallah Arsalan, ha dicho del discurso que sólo es una maniobra del monarca para ganar tiempo.
Tampoco hay que olvidar en este repaso de actitudes al coro de los que, como era de esperar, han saludado desde los partidos en el gobierno el discurso real como “una nueva revolución del rey y del pueblo”.
Del discurso hay que retener varias cuestiones, tanto en su forma como en su contenido. El marco (decorado y presencia en la imagen de sus herederos) y el tono solemne, sugieren continuidad. Las formas también: el rey aparenta no responder a las demandas populares sino continuar su propia agenda. Es la puesta en práctica de la regionalización avanzada (el informe de la comisión consultiva que estudió el tema acaba de ser presentado al monarca), la que exige modificar la constitución y sirve de pretexto para hacer una reforma global del texto.
Aún así, más allá de esta escenificación, aunque a nadie se escapa que el discurso ha sido una respuesta a las exigencias de los manifestantes del 20 de febrero y una anticipación a que las demandas puedan ir más allá como ocurrió en los países vecinos, no puede negarse que atiende a muchas de las reclamaciones que el movimiento de los jóvenes ha puesto sobre la mesa: hace suyas las recomendaciones de separación de poderes y de Estado de derecho de la Instancia Equidad y Reconciliación que habían quedado olvidadas, reconoce la pluralidad cultural y lingüística de Marruecos, amplía los poderes del Primer ministro y del Parlamento, quita la tutela de los gobernadores sobre la futura democracia regional, basada en parlamentos elegidos por sufragio directo, transforma la segunda Cámara en representación de los territorios, convierte la justicia en un poder independiente mientras antes se definía como mera “autoridad judicial” y constitucionaliza un Consejo de gobierno limitado hasta ahora a la simple gestión de los asuntos corrientes sin capacidad decisoria.
La comisión designada por el rey está integrada por 18 miembros y su presidente, el prestigioso constitucionalista Abdeltif Mennouni, antiguo profesor del rey, hombre vinculado a la izquierda aunque ha integrado numerosas comisiones oficiales a lo largo de su vida, entre otras la Comisión de la regionalización, presidida esta por Omar Azziman, que figura entre los miembros de la nueva comisión. Deben destacarse algunos nombres de los recién nombrados, como los profesores Abdellah Saaf y Mohamed Tozy, o personas vinculadas al ámbito de los Derechos Humanos como Amina Bouayach, Driss El Yazami o Ahmed Herzenni.
El presidente de la comisión ha declarado, lo que representa una novedad, que la nueva comisión está habilitada para fijar dominios a modificar en la actual constitución más allá de los ya sugeridos por el monarca en su alocución. Para él, como señaló el rey en su discurso, la reforma debe hacerse en concertación con partidos, sindicatos, sociedad civil, jóvenes y movimientos asociativos. La presión de estos, si se produce, determinará la naturaleza de los cambios.
