La serie de atentados ocurridos en El Cairo el viernes 24 de enero, perpetrados por una organización terrorista de orientación yihadista con el resultado de seis muertos y varias docenas de heridos –todos egipcios–, ha recibido especial atención por parte de los medios de comunicación. Pero ello obedece más a las circunstancias sociales y políticas por las cuales atraviesa el país árabe en estos momentos que a lo inesperado, aquí y ahora, de ese tipo de expresiones de terrorismo dentro de sus fronteras. El terrorismo yihadista, como fórmula para incidir sobre la estructura del poder, no es novedad alguna en Egipto. Ya en la década de los 70 del pasado siglo actuaban organizaciones como la denominada Yihad Islámica Egipcia (YIE), que en junio de 2001 dejó de existir como tal para –establecida la mayor parte de sus dirigentes y cuadros en Afganistán como consecuencia de la persecución a que estaban expuestos en su país de origen– integrarse en al-Qaeda.
Quien entonces, en junio de 2001, era líder de la YIE, Ayman al-Zawahiri, pertenecía también al directorio de al-Qaeda desde la fundación de esta última en 1988. Su influencia fue decisiva en la estrategia finalmente adoptada por al-Qaeda a partir de los años 90, dirigida no sólo contra el enemigo lejano, sobre todo las naciones occidentales, como contra el enemigo cercano, es decir, los gobernantes de países con poblaciones predominantemente musulmanas acusados por los yihadistas de no conducirse en sus funciones de acuerdo con la ley islámica. Después de que Osama bin Laden fuese abatido en mayo de 2011 por una unidad especial de la marina estadounidense en la localidad paquistaní de Abbottabad, al-Zawahiri pasó a sucederlo como emir de al-Qaeda, que entre tanto había dejado de ser una organización unitaria para transformarse en una estructura terrorista global descentralizada.
Desde comienzos de ese mismo año, 2011, se estaban desarrollando revueltas populares en algunos países del Norte de África y Próximo Oriente Medio, en cuyos inicios al-Qaeda no tuvo protagonismo alguno. Lo que no significaba que al-Qaeda estuviese fuera de juego. Al-Zawahiri, al igual que los dirigentes de las extensiones territoriales de al-Qaeda en la Península Arábiga, Irak y el Magreb, esperaban a que los acontecimientos en curso ofrecieran antes o después, como así ha sido desde la desintegración estatal en Libia hasta la contienda civil en Siria, oportunidades que aprovechar. Al-Zawahiri emitió reiteradamente consignas apelando a la movilización yihadista en su país de origen, donde una merma en las condiciones generales de seguridad, observable incluso antes de la caída de Hosni Mubarak, posibilitó que en la península del Sinaí se incrementaran las actividades terroristas y se difundieran entramados yihadistas, articulándose a la postre una entidad afín a al-Qaeda.
Esta entidad, una porción de la cual está constituida por extremistas excarcelados en medio del caos que siguió a las masivas protestas sociales iniciadas en febrero de 2011, es Ansar Bayt al-Maqdis (ABM), que el mismo 24 de enero asumió la autoría de los cuatro atentados concatenados ejecutados ese día en El Cairo. Entre los blancos afectados estaba el Directorio de Seguridad, sede de la Policía y los Servicios de Seguridad del Estado. ABM había designado reiteradamente a las estructuras egipcias de seguridad como su principal blanco. Incluso intentó acabar con la vida, mediante un atentado suicida, del ministro del Interior el 5 de septiembre del pasado año. En el comunicado con que hizo suya esta tentativa de asesinato, ABM se presentaba como un grupo que busca “el establecimiento de la religión de Alá mediante la yihad” y criticaba la represión oficial contra los Hermanos Musulmanes y sus seguidores que estaba teniendo lugar tras ser depuesto el presidente Mohamed Morsi el 3 de julio de 2013, asegurando que ello obligaba a “apoyarlos”. Unos meses antes, en enero, ABM proclamaba que Egipto se había tornado en “la fortaleza de la umma”.
Hasta entonces y desde 2011, ABM había focalizado la mayoría de sus actos de terrorismo contra blancos israelíes, beneficiándose para ello de su base en una zona fronteriza con Israel, país al que ese grupo yihadista se refirió en marzo de 2013 como “un tumor canceroso”. También había saboteado repetidamente el gasoducto que abastece a Israel desde Egipto. Pero, tras el golpe de Estado militar, modificaron sus planes para empezar a atentar preferentemente, como ha quedado de manifiesto con los últimos sucesos de El Cairo, contra sedes y miembros de las fuerzas egipcias de seguridad y defensa en distintos lugares del país, más allá del Sinaí. Estas habían llevado a cabo hasta ese momento, en especial desde el verano de 2013, importantes operaciones –de índole militar– contra núcleos yihadistas asentados en esa zona, donde se estaban produciendo numerosos atentados con decenas de muertos y la seguridad de la navegación por el canal de Suez estaba en entredicho. En tales operaciones murieron varias docenas de yihadistas, una tercera parte de los cuales procedían de otros países.
Extensiones territoriales de al-Qaeda como al-Qaeda en la Península Arábiga (AQPA) u organizaciones estrechamente asociadas con aquella como la somalí al-Shabab, al igual que varios influyentes doctrinarios del salafismo yihadista radicados en Oriente Próximo han hecho llamamientos a la yihad contra el Gobierno impuesto por los militares egipcios, calificado de “apóstata” por los yihadistas, así como contra las agencias estatales de seguridad bajo su control directo. La complacencia, más o menos crítica, que tanto ABM como el propio líder del núcleo central de al-Qaeda, al-Zawahiri, expresaron con anterioridad respecto al acceso de los islamistas egipcios al poder, al igual que las ambivalencias mostradas por dirigentes de los Hermanos Musulmanes respecto a la yihad y a notorios yihadistas, como el llamado Jeque Ciego, condenado y preso en EEUU, están en la base de los argumentos utilizados por los militares egipcios para criminalizar a los Hermanos Musulmanes.
Pero la clasificación de los Hermanos Musulmanes como organización terrorista que las actuales autoridades egipcias formalizaron el pasado mes de diciembre supone un exceso, aunque entre los militantes de ABM haya antiguos miembros del histórico movimiento islamista y aunque –según los datos de opinión pública disponibles– un tercio de los egipcios adultos los implique en atentados terroristas, como en concreto el perpetrado en diciembre de 2013 frente a la comisaría de Mansura, al norte del país, que ocasionó 16 muertos y más de 100 heridos, pese a que ABM se lo atribuyó. Es verosímil que esta proporción se incremente después de los cometidos el 24 de enero. Aun así, la decisión de tratar a los Hermanos Musulmanes como una organización terrorista y forzarlos a la clandestinidad está más asociada con el objetivo de lograr la estabilidad política en Egipto, al que obedecería también la reciente decisión de convocar elecciones presidenciales antes de las parlamentarias –en vez de la prevista secuencia contraria–, que de luchar contra el terrorismo yihadista.
Si el terrorismo yihadista tiene ahora una finalidad preferente e inmediata en Egipto, no es otra que producir inestabilidad política. Potencial de movilización no falta a sus instigadores cuando, con datos de 2012 que se pueden considerar vigentes, un 19% de los egipcios adultos expresa actitudes favorables hacia al-Qaeda. A menos que las autoridades de El Cairo no actualicen y adapten su respuesta antiterrorista, haciéndola discriminada y selectiva mientras avanzan iniciativas encaminadas a la legitimación ex post facto de la nueva distribución del poder en el país, corren el muy elevado riesgo de agravar la amenaza. Si no sobreactúan y la contienen, favoreciendo un orden social que estimule la recuperación económica del país, podrán conseguir la estabilidad política. La UE y EEUU –contando con la inteligencia israelí– tienen capacidad para incidir sobre ello y está en su propio interés hacerlo. En este supuesto, cooperación antiterrorista e incentivos a la democratización deberían ir de algún modo acompañados.