Tahrir ha vuelto a los titulares de la prensa internacional, convertido esta vez en un escenario de violencia- con más de 1.000 heridos-, en el que las fuerzas policiales han chocado con quienes demandan un mayor impulso en la exigencia de responsabilidades por las víctimas de la revolución. Con ser importantes los motivos concretos de los familiares ahora movilizados en esa emblemática plaza, lo que está en juego en Tahrir va mucho más allá, al plantear dos visiones distintas sobre el ritmo y dirección del proceso que Egipto debe encarar en la etapa postMubarak.
A la espera de la confirmación sobre la fecha de las próximas elecciones, inicialmente previstas para septiembre (legislativas) y diciembre (presidenciales), el debate político se va decantando en torno a dos posiciones. Por un lado, hay quienes prefieren que se mantenga el calendario inicial, con la convocatoria de elecciones legislativas y presidenciales, a las que debe seguir la elaboración y aprobación de una nueva Constitución. Por otro, los hay que exigen más tiempo para prepararse en condiciones de poder competir en términos de igualdad en esos comicios y que, igualmente, demandan la apertura inmediata de un proceso constituyente que fije el marco en el que se desarrollen posteriormente dichas elecciones.
Entre los primeros destacan principalmente los Hermanos Musulmanes (HHMM). A partir de su legalización como partido (con el nombre de Libertad y Justicia), su estrategia sigue varias vías simultáneas. Por una parte, reiteran su compromiso de no presentar candidatos en más del 49% de los distritos electorales y su renuncia a competir en las elecciones presidenciales; intentando así rebajar la inquietud que su entrada en las instancias de poder pueda causar dentro y fuera del país. Por otra, proponen la creación de una gran coalición gubernamental en la que estén representados todos los partidos (el Wafd ya ha aceptado integrarse), con el compromiso compartido de que se logre un acuerdo sobre el número de escaños al que debe aspirar cada uno (intentando evitar el monopolio o dominio de un solo partido). En todo caso, insisten en la necesidad de mantener inalterable el plan electoral inicial, conscientes de que su mayor organización y disciplina, así como su consolidada implantación social, le rendirá buenos réditos antes de que otras fuerzas puedan darse a conocer.
En cuanto a los segundos, son los jóvenes del Movimiento 25 de Enero quienes más claramente apuestan por un retraso en la convocatoria electoral. Aunque su nombre pueda dar a entender que se trata de un grupo político ya organizado, la realidad muestra una considerable diversidad de actores y opiniones, con el común denominador de ser escasamente conocidos por los potenciales votantes. En realidad son ellos- frente a los HHMM y al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (CSFA)- los únicos que demandan un verdadero cambio de régimen, lo que los convierte en elementos incómodos para el sistema. Su fuerza está, hoy por hoy, en su capacidad para volver a llenar la plaza de Tharir, como se proponen hacer el próximo 8 de julio. Pero eso no puede ocultar su debilidad estructural, en la medida en que carecen de líderes y programas conocidos por el gran público.
En medio de esos dos sectores se encuentra el CSFA, interesado en preservar el régimen pero igualmente deseoso de no tener que encargarse directamente del gobierno. Sea cual sea su decisión sobre este asunto, corre el riesgo de provocar el rechazo del que se considere marginado en sus demandas, lo que derivaría probablemente en un mayor nivel de inestabilidad interna que podría arruinar la salida del pozo en el que actualmente está sumido el país. De momento, el CSFA parece mucho más próximo a los HHMM (aunque juegue a permitir incluso la legalización de partidos salafistas para fragmentar el voto islamista) que a los demandantes de un giro auténticamente democrático. Tiempo al tiempo.
