Resulta difícil recordar una lucha presupuestaria tan políticamente contraproducente como la que ahora divide a la Cámara de Representantes de Estados Unidos (EEUU). Una lucha que puede dejar al gobierno norteamericano sin dinero el sábado 30 de septiembre a medianoche.
Es responsabilidad del Congreso financiar el gobierno federal. Para ello la Cámara de Representantes y el Senado se ponen de acuerdo y el presidente firma la legislación para convertirla en ley. Pero como la negociación para sacar adelante los 12 proyectos de ley que financian el gobierno es históricamente una tarea laboriosa que no se resuelve pronto, el Congreso recurre a menudo a una prórroga temporal, llamada resolución continuada o Continuing Resolution (CR). Ésta proporciona fondos provisionales para permitir que el gobierno siga funcionando mientras se mantienen las negociaciones presupuestarias. Según la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno, entre los años fiscales 2010 y 2022 se aprobaron 47 resoluciones continuas.
Pero un grupo de republicanos de la línea más dura de la Cámara Baja –que personifica como nadie al GOP (Gran Old Party) en la era de Trump– dice que cualquier proyecto de ley temporal es un fracaso para ellos. Y ha decidido presionar para mantener el Gobierno cerrado –shutdown–hasta que el Congreso negocie los 12 proyectos de ley. Por su parte, el Comité de Asignaciones del Senado ya ha aprobado los 12 proyectos de ley de asignaciones con apoyo bipartidista.
Estos republicanos que amenazan con paralizar la financiación del Gobierno son los mismos que rechazaron el acuerdo sobre el techo de la deuda en junio del 2023. ¿Qué cambios piden? En primer lugar, aprobar una ley de seguridad de las fronteras que reiniciaría la construcción de un muro a lo largo de la frontera sur del país y restringiría el acceso al asilo. En segundo lugar, abordar la supuesta instrumentalización política del Departamento de Justicia y el FBI, reduciendo su financiación. También quieren eliminar lo que denominan políticas «woke» en el Ejército y se oponen a un “cheque en blanco” para Ucrania. Además, algunos han exigido someter al presidente Biden a un impeachment, de ahí que el líder de la Cámara Baja, el republicano Kevin McCarthy, haya dado comienzo a dicho proceso –que no lleva a ninguna parte– con la idea de obtener tiempo y apoyo por parte de su bancada para evitar el cierre.
Es chantaje político y hasta ahora está funcionando. De hecho, la verdadera pregunta es: ¿por qué la derecha más extrema quiere cerrar el Gobierno? Afirman que se trata de reducir la deuda federal, aunque en realidad tiene más que ver con maniobras políticas internas dentro del Partido Republicano.
McCarthy intenta parar el cierre, pero es demasiado débil como para controlar a su propio partido. El problema es que, con un solo voto puede desencadenarse su propia destitución. De esta manera, esta facción extremista del partido ha secuestrado la agenda legislativa, amenazando con forzar la salida de McCarthy si no cumple sus exigencias en materia de gasto.
La única opción que le queda a McCarthy para sacar adelante un CR es trabajar con los demócratas. Si tiene suerte, podría conseguir los votos necesarios para mantener el Gobierno abierto. Pero si recurre al bipartidismo, podría costarle su puesto como speaker. Ese es el dilema de McCarthy. Necesitaría una garantía de los demócratas para votar a su favor como presidente si se alinea con ellos para evitar un cierre. ¿Qué querrían los demócratas a cambio? Nadie se pronuncia.
McCarthy ha advertido a su partido de que los republicanos tienden a ser castigados por los votantes por los shutdowns. Pero su bancada no parece aprender de sus colegas del Senado, más pragmáticos y relativamente moderados, que se oponen al cierre y a los que los analistas políticos ven como favoritos para pasar de una minoría a la mayoría en el 2024.
Él y su partido serán culpados del cierre del Gobierno y de todos los retrasos en los pagos federales, la interrupción de los servicios, la paralización de las obras públicas y el cierre de las oficinas federales. Siempre ha sido así. El partido que fuerza el cierre ya sea parcial o total, siempre será culpado de anteponer sus intereses políticos al interés público. Les ocurrió a los republicanos en 1995-1996, cuando se enfrentaron a Bill Clinton; sucedió en 2013, cuando los republicanos se opusieron a la implementación del Obamacare; y sucedió en 2018-2019, con la amenaza de Donald Trump de vetar cualquier proyecto de ley de gastos que no incluyera fondos para un muro en la frontera. En cada ocasión, los republicanos han recibido la mayor parte de la culpa. No hay razón para pensar que esta vez será diferente.
Y al final los rebeldes republicanos perderán. El Gobierno deberá seguir adelante en algún momento y el presidente Biden, un Senado más sensato y alguna configuración bipartidista de miembros de la Cámara de Representantes se encargará en última instancia de que así sea, por mucho que tarde.
De haber un cierre, éste podría durar semanas, quizá incluso más. A corto plazo, podrían desatar cierta volatilidad, pero en general no han tenido históricamente mucho impacto en los mercados financieros. Un cierre prolongado, sin embargo, puede causar problemas mayores. Goldman Sachs calcula que un cierre reduciría el crecimiento del PIB en aproximadamente 0,2 puntos porcentuales por cada semana de duración, pero el crecimiento se recuperaría tras la reapertura del Gobierno. Un cierre sí podría afectar a la calificación crediticia del país, que ya se vio por el conflicto del techo de la deuda a principios de este año.
El daño al prestigio de EEUU durante un cierre es, por otro lado, difícil de medir, pero sustancial ya que los países se esfuerzan por entender por qué EEUU no puede mantener su Gobierno en funcionamiento. Y, como tal, ciertamente daña la imagen del país en el extranjero. A todo ello hay que sumar la inquietud en Occidente ante el liderazgo de Trump en la carrera por la nominación republicana, con una ventaja abismal sobre sus rivales, a pesar de cuatro acusaciones y juicios relacionados. Y la incertidumbre ante un presidente acosado por las críticas sobre economía, la inmigración y por su edad. Pero no olvidemos que ya no hay presidentes populares en EEUU, es casi imposible caer bien en un país tan dividido. Un bajo índice de aprobación es tan natural que casi constituye una prueba de que se algo estará haciendo bien en su trabajo. Sólo queda esperar.
