Uno de los rasgos que definen a la UE es la gran apertura de su economía, que se considera uno de los pilares fundamentales sobre los que se asienta su alto nivel de desarrollo socioeconómico. En consecuencia, la UE siempre se ha mostrado muy receptiva a la inversión extranjera directa y sus Estados miembros cuentan con mecanismos que compiten entre sí para atraerla de manera activa. Esta visión positiva de la inversión extranjera como motor de crecimiento económico llega hasta el punto de que sólo 12 de los 28 Estados miembros de la UE han establecido mecanismos para supervisar y eventualmente vetar dichas inversiones por motivos de interés nacional.
“¿Por qué se plantea en este momento la necesidad de establecer un mecanismo de supervisión de inversiones europeo?”.
Sin embargo, en febrero de 2017 los ministros de Economía de Alemania, Francia e Italia enviaron una carta conjunta a la comisaria de Comercio, Cecilia Malmström, solicitando el establecimiento de un mecanismo de supervisión de inversiones a nivel europeo. Dos meses después, el Partido Popular Europeo envió una misiva con la misma petición al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, quien recogió el guante y propuso la creación de este mecanismo en su discurso sobre el estado de la Unión en septiembre 2017.
¿Por qué se plantea en este momento la necesidad de establecer un mecanismo de supervisión de inversiones europeo? Debido fundamentalmente a la evolución de la inversión china en Europa, que ha crecido de forma exponencial en los últimos años, pasando de 1.600 millones de euros en 2010 a 35.000 millones en 2016 y con un gran potencial de crecimiento, pues el stock de inversión china en el exterior apenas equivale al 10% de su producto interior bruto. Sin embargo, la polémica no viene motivada por esta dimensión cuantitativa. De hecho, los países europeos siguen compitiendo entre sí por atraer más inversión del gigante asiático. La controversia surge de las implicaciones estratégicas, de seguridad y orden público, que pueden tener una parte de esa inversión. Estamos, por tanto, ante un debate que no debe singularizarse en ningún país ni entenderse como una medida proteccionista, especialmente en un contexto como el actual, cuando resulta particularmente necesario el papel de Europa como uno de los principales garantes de un orden económico internacional abierto e inclusivo.
Un punto central de esta controversia es cómo debe posicionarse Europa ante las inversiones en sectores estratégicos de actores que no operan siguiendo las reglas del mercado. En este sentido, la inversión china ha generado suspicacias cuando se ha dirigido a empresas tecnológicas, particularmente si sus actividades están vinculadas o pueden vincularse a seguridad y defensa, o a infraestructuras críticas. Este tipo de inversiones chinas en Europa ha crecido de manera exponencial desde la crisis de la Eurozona, concentrándose las adquisiciones de empresas tecnológicas en las mayores economías europeas, y las de infraestructuras críticas en los países del sur y del este de la Unión. Estas operaciones son posibles gracias al acceso preferente a financiación que ofrece el Estado chino a estas empresas y que le reportan a China acceso a alta tecnología e influencia política.
“(…) la inversión china ha generado suspicacias cuando se ha dirigido a empresas tecnológicas”.
Estas adquisiciones de empresas tecnológicas a través de financiación pública facilitan el posicionamiento de China como competidor en el sector industrial de alto valor añadido, que están impulsando con programas como China 2025, la transferencia de tecnologías de doble uso para su desarrollo militar y su acceso a información sensible.
En cuanto a la influencia política, la demanda de financiación de algunos países de la Unión les hace más receptivos a los intereses políticos de Pekín, lo que en varias ocasiones ha debilitado la cohesión de la política exterior europea. Por ejemplo, en relación al fallo de la Corte Permanente de Arbitraje sobre el Mar del Sur de China en julio de 2016 o cuando en junio de 2017 Grecia vetó en la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas la condena por parte de la UE del historial de derechos humanos del régimen chino.
El mecanismo de supervisión de inversiones que está articulando la Comisión Europea pretende incrementar la transparencia sobre las inversiones que puedan afectar a la seguridad o al orden público, concienciar sobre sus implicaciones estratégicas, especialmente a los Estados que no cuentan con sus propios mecanismos de supervisión de inversiones, y permitir que la UE supervise inversiones vinculadas a proyectos que ha financiado. Para lograr estos objetivos, el borrador de la Comisión propone un mecanismo que se basa en la cooperación entre la Comisión y los Estados miembros a partir del reparto de información entre ellos. Este mecanismo no obligaría a los países miembros a establecer sus propios organismos de supervisión de inversiones, ni otorgaría a la Unión capacidad para bloquear inversiones dentro de sus Estados miembros. Es, por tanto, una legislación bastante más laxa de la que ya tienen vigente varios de sus Estados miembros y de los miembros del G7.
España cuenta con herramientas propias que permiten suspender el principio de libertad inversora en la línea de los supuestos que maneja la Comisión. Esto no implica que su puesta en funcionamiento no pueda tener efectos positivos para nuestro país. La difusión de información que impondría este mecanismo permitiría a España tener información con cierta antelación sobre inversiones en otros Estados que pudieran tener un impacto directo en nuestro país. Así, si volviese a darse un caso como la conversión de China Three Gorges Co. en accionista principal de Energías de Portugal, lo que, entre otras cosas, también le sirvió para controlar EDP España, la información de dicha operación llegaría antes de que se convirtiera en un hecho consumado.
Aún no está del todo claro cómo va implementarse este mecanismo de supervisión de inversiones, sobre el que está previsto que se pronuncie el Consejo Europeo antes de finalizar el año. En este proceso se están intentando reconciliar los intereses contrapuestos de diferentes actores públicos y privados. Por un lado, hay divergencias entre Estados miembros como Alemania, Francia e Italia, que apoyan el establecimiento de instrumentos más restrictivos y con mayores competencias para la Comisión, frente a quienes quieren minimizar las posibilidades de que este mecanismo pueda usarse de forma proteccionista y reducir los flujos de inversión hacia sus países; por otro lado, dentro de los países miembros, hay divergencias entre los intereses de seguridad y orden público y los intereses privados de quienes quieren vender sus activos corporativos.
Habrá que ver, por tanto, si finalmente se aprueba un mecanismo de supervisión de inversiones europeo y el alcance del mismo. Por el momento, la propuesta sobre la que se está trabajando, basada en compartir información y mantener en los Estados miembros la capacidad de veto de las operaciones de inversión, parece mantener un equilibrio razonable entre los múltiples intereses en juego.
