Es bien conocido que la Unión Europea tiene varias fuentes de ingresos, entre las que se encuentran un porcentaje inferior al 1% del Producto Interior Bruto (PIB) de los Estados miembros que la componen, los recursos propios tradicionales (entre los que están los derechos de importación sobre productos procedentes de países no miembros), y un porcentaje sobre el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) de cada país.
Lo que no es tan conocido es que la Unión también ingresa cantidades importantes por las multas que impone a las empresas que vulneran la normativa comunitaria. Ejemplo de estas sanciones lo tuvimos el pasado 4 de diciembre, cuando nos encontramos con la impactante noticia de la multa de la Comisión Europea a seis bancos europeos, por un montante total de 1.712 millones de euros.
Joaquín Almunia, Vicepresidente de la Comisión y Comisario de Competencia, desvelaba en una conferencia de prensa esta cifra, que supone un récord absoluto en cuanto a las multas de la Comisión se refiere (el anterior desafortunado récord, de 1.470 millones de euros, lo ostentaban siete fabricantes de tubos catódicos para televisores y pantallas; entre ellos, Philips y Samsung).
El motivo de las sanciones es el de haber manipulado los tipos de interés de referencia, entre los que se encontraban tanto el Euríbor, como el líbor británico o el tibor japonés. El propio Almunia señalaba que el objetivo que tiene la Comisión con las multas es doble: tanto “castigar” como “disuadir” a las empresas del recurso a prácticas ilícitas.
Con estas medidas, la Comisión pretende demostrar su determinación en la lucha contra los cárteles. Así, la imposición de multas al sistema financiero, sin duda, el sector más influyente, es una muy buena noticia que demuestra que la Comisión no sólo se dedica a proponer ajustes y recortes, sino también a garantizar los derechos de los consumidores. Ésta es una cuestión muy valiosa, ya que los citados derechos, por inexistencia de tradición de competencia en este sentido, no estarían asegurados en todos los países de la UE.
Es digno de destacar el hecho de que entre los sancionados no se encuentra ningún banco español, pero sí entidades alemanas (Deutsche Bank), británicas (Royal Bank of Scotland) o francesas (Société Générale), amén de JP Morgan, Citigroup y RP Martin.
No obstante, éstas no son las únicas entidades que han participado en la manipulación. Sin ir más lejos, Barcleys (británico) o UBS (suizo) lo han hecho, pero finalmente no han sido sancionadas. ¿El motivo de su inmunidad? Haber colaborado en la investigación que se ha llevado a cabo.
En cualquier caso, quedan varias cuestiones sobre la mesa. Entre ellas, como decíamos al principio del presente post, el dinero de las multas forma parte de los presupuestos de la Unión… pero, ¿dónde irá exactamente? ¿Será atendida la propuesta de los eurodiputados socialdemócratas para que vaya a fomentar el empleo juvenil a nivel europeo?
Y quizás más importante aún: ¿Habrán aprendido la lección estas entidades financieras? ¿Seguirán haciéndolo en el futuro? ¿Habrá tenido la actuación de la Comisión, como pretendía Almunia, un efecto disuasorio?
