Entender la Unión Europea sin una evaluación constante se trata de un ejercicio casi imaginativo. Su efectividad, tanto en el seno de la propia Unión como a efectos de su repercusión en los Estados miembros, es enjuiciada a diario desde diferentes parámetros: desde el funcionamiento de sus democracias hasta la evolución de su economía. Sin embargo, dentro de los estándares democráticos valorados, el foco mediático no se dirige con frecuencia a lo referido al derecho de las minorías.
Este hecho podría parecer lógico teniendo en cuenta que los Estados miembros están obligados a ser garantes de estos derechos, pero todavía hoy hay países advertidos e incluso amenazados por las instituciones comunitarias por tener una conducta contraria a la protección de los mismos. Es lo que ocurre por ejemplo en la República Checa, donde el problema de la discriminación de niños de etnia gitana sigue presente.
El primer paso contra esta práctica lo dio Estrasburgo en 2007 con la sentencia en el caso D. H. y otros contra la República Checa, en la cual se resolvía que la política de asignar automáticamente a niños gitanos a escuelas especiales para discapacitados se consideraba discriminatoria. Desde esta fecha la Unión Europea se afanó en la publicación de documentos para luchar contra el antigitanismo. Ejemplos de ello las Comunicaciones de la Comisión (en 2010 sobre la integración social y económica del pueblo romaní en Europa y en 2012 con las Estrategias nacionales de integración de los gitanos: un primer paso para la aplicación del marco de la UE) y las Recomendaciones del Consejo Europeo (como la relativa a la adopción de medidas eficaces de integración de los gitanos de 2013).
Durante este período organizaciones no gubernamentales, encabezadas por Amnistía Internacional, continuaron evaluando los índices de discriminación de niños gitanos en la República Checa. Al amparo de un informe del Departamento de Inspección de los colegios checos se constataba una estadística reveladora: sabiendo que la comunidad romaní representa menos del 3% de la población checa, el 28,2% de los niños que estudiaba en colegios para alumnos con “discapacidad mental leve” era de etnia gitana. Además del problema del excesivo porcentaje de presencia de niños gitanos en estas escuelas especiales, Amnistía denunciaba otras dos conductas discriminatorias habituales en los colegios checos: en primer lugar, la tendencia a calificar como “escuelas de romaníes” a escuelas ordinarias de determinadas áreas, lo que provocaba que padres de niños no gitanos enviaran a sus hijos a otros colegios. En segundo lugar, la segregación en centros ordinarios de niños gitanos a clases donde se impartía un nivel educativo más bajo.
La recogida de firmas de Amnistía Internacional y otras cinco organizaciones denunciando estos hechos y su posterior queja formal dieron resultado, y el 26 de septiembre de 2014 la Comisión anunció que utilizaría sus facultades para incoar procedimientos de infracción contra la República Checa por vulnerar las leyes contra la discriminación de la Unión Europea, amenazándola incluso con la posibilidad de ser llevada ante el Tribunal de Justicia de la UE si la situación continuaba produciéndose.
Siete meses después del comunicado de la Comisión, Amnistía elaboró un nuevo informe en el que se descubría que el problema seguía vigente y que la principal carencia era la incapacidad del Ejecutivo checo para combatir los prejuicios sistemáticos arraigados en el sistema educativo contra los alumnos romaníes.
Es cierto, por otra parte, que el gobierno del actual primer ministro Bohuslav Sobotka ha demostrado un compromiso mayor que el de sus predecesores en la lucha contra la discriminación infantil. Concretamente, desde el Ministerio de Educación se ha actuado con la propuesta de enmienda a la Ley de Educación (que establece medidas de apoyo para los alumnos menos favorecidos), y con la proposición de consultas regulares y periódicas por parte de la Inspección de Escuelas Checa respecto a la colocación del alumno en determinados programas educativos.
Aunque sea vital construir una esfera de protección jurídica incluyendo medidas en materia de legislación, la mera existencia de estas leyes no garantiza la igualdad de derechos. Es necesario a su vez crear las condiciones necesarias para que las disposiciones se apliquen en la práctica, promoviendo para ello campañas de concienciación que sirvan para erradicar los prejuicios arraigados en la sociedad. Este déficit en la aplicación de las leyes es lo que precisamente señala Amnistía Internacional en su último informe como principal obstáculo de la República Checa a la hora de combatir la segregación romaní en los colegios.
Como se puede observar en los recientes datos que recoge el Pew Research Center, el antigitanismo en Europa no es un problema exclusivo de la República Checa (aunque tampoco es compartido por todos los países de la UE, como se puede ver en el caso español). Los Estados miembros deberían trabajar por revertir la imagen de los romaníes y del resto de las minorías; si, por el contrario, no garantizan la protección de sus derechos estarán incumpliendo además los propios principios fundacionales de la Unión Europea, entre los que encuentran la democracia, la igualdad y el respeto a los derechos humanos. Ya lo avisaba Hannah Arendt cuando decía que el más básico sustento de los derechos humanos debe ser pertenecer a una comunidad política. Con miembros excluidos de la misma no hay igualdad, y sin igualdad tendría que ser difícil poder hablar de democracia.
