En mayo de 2013, alrededor del Parque Gezi de Estambul, el pueblo turco se congregó para denunciar el creciente autoritarismo del gobierno, las limitaciones a la libertad de expresión y la imparable corrupción que estaba consumiendo al país. Durante estas protestas, el uso de las redes sociales y su poder viral pusieron en jaque al gobierno y, en especial, a Recep Tayyip Erdoğan, por aquel entonces Primer Ministro del país. El gobierno asistía atónito al observar como Twitter, Facebook o YouTube debilitaban el creciente control que ejercía el gobierno sobre los flujos de información que circulaban en Turquía y como el mensaje oficial del ejecutivo quedaba en entredicho.
En septiembre de 2014, el gobierno de Turquía, ya con Erdoğan como presidente, aprobaba un conjunto de modificaciones a la polémica Ley 5651, que habilitaba a Ankara a bloquear cualquier contenido en Internet y acceder a los datos de cualquier usuario sin necesidad de mandamiento judicial. El objetivo era volver a controlar los flujos de información y los mensajes que se transmitían en la Internet turca. Fueron muchos los blogueros y tuiteros del país procesados por utilizar Internet para criticar abiertamente la gestión del presidente Erdoğan. También, entre febrero de 2014 y mayo de 2015 no sólo se bloquearon más de 80.000 sitios webs, –entre los que se hallaban el controvertido semanario francés Charlie Hebdo o el popular juego en red Minecraft, acusado de fomentar la violencia entre los jóvenes turcos– sino que, además, a lo largo del pasado año el 92% de las peticiones de supresión de contenidos recibidas por Twitter tuvieron su origen en Turquía.
Desde 2013, la suspensión temporal de los servicios proporcionados por Twitter, Facebook, YouTube, WhatsApp o Periscope ha sido constante, siempre coincidiendo con eventos importantes como elecciones, escándalos de corrupción o manifestaciones en contra del gobierno. No cabe duda del control gubernamental de la red turca, máxime cuando el principal proveedor de Internet del país, Turk Telekom, está parcialmente participada por el gobierno de Ankara.
Durante el fallido levantamiento militar del pasado 15 de Julio, Erdoğan comprobó en primera persona el poder de Internet. Haciendo uso de FaceTime para comunicarse con una periodista del canal CNN Turkey fue capaz de movilizar a sus seguidores e impedir que el intento de golpe de estado pudiese haber llegado a buen puerto. La posterior purga –se estima que cerca de 80.000 personas, entre militares, jueces y funcionarios, entre otros– fue también posible gracias al control que el gobierno ejerció sobre Internet antes, durante y después del golpe.
En definitiva, tal y como ha sucedido con otros mandatarios mundiales, el presidente Erdoğan también comprendió en sus propias carnes que el ciberespacio – y más concretamente Internet– es una dimensión configurada para ejercer poder. No es de extrañar que el gobierno de Ankara, ávido por conocer todo lo que sucede dentro de sus fronteras y limitar la disidencia política, emplee la red para ejercer control, proyectar poder e incrementar influencia.
