El pasado 25 de diciembre, el presidente de Kosovo, Hashim Thaçi, afirmó que “el Tribunal Especial para Kosovo es una injusticia histórica contra Kosovo y contra el Ejército de Liberación de Kosovo (ELK)”. De esta manera, el presidente kosovar justificaba su apoyo a la iniciativa de 43 diputados de la coalición de los tres partidos que forman el gobierno actual –Partido Demócrata de Kosovo, Alianza para el Futuro de Kosovo e Iniciativa para Kosovo– para revocar la Ley del Tribunal Especial creado en 2015 con la finalidad de juzgar a los miembros del ELK que cometieron crímenes durante y después de la guerra (1998-2000). Los embajadores de los países del grupo Quint (Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania e Italia) han expresado su profunda preocupación, aduciendo que la iniciativa de los 43 diputados cuestiona el compromiso de Kosovo con el Estado de derecho y que la revocación de la mencionada Ley tendría consecuencias negativas para las relaciones entre Kosovo y la comunidad internacional.
El Tribunal Especial para Kosovo fue creado a instancias de Estados Unidos y la Unión Europea, después de la publicación de un informe del Consejo de Europa en 2011 firmado Dick Marty, senador y exjuez suizo que en aquel momento era relator especial del Consejo. En dicho informe se sostenía que varios líderes y miembros del ELK participaron en asesinatos de población civil (serbia, romaní y albaneses no nacionalistas), abusos y violaciones, así como en el tráfico de órganos de los prisioneros serbios. Se constituyó en 2015, mucho después que el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia creado en 1993 para instruir procesos y juzgar a criminales de guerra de Serbia, Croacia y Bosnia-Herzegovina. Su sede está en La Haya para garantizar la imparcialidad judicial y la seguridad de los testigos, y está previsto que en las próximas semanas el Tribunal ejecute las primeras acusaciones y detenciones de los imputados.
La consideración de criminales de guerra como héroes nacionales y la oposición a que sean juzgados por los tribunales internacionales ha sido práctica habitual en todas las repúblicas ex yugoslavas. La gran diferencia entre Kosovo y Serbia (o Croacia) está en el hecho que las personas sospechosas y juzgadas por haber cometido crímenes de guerra no ejercían poder político, mientras en el caso de Kosovo, lo más probable que uno de los primeros acusados sea el actual presidente Hashim Thaçi y el diputado Daut Haradinaj (hermano del primer ministro Ramush Haradinaj). En 2005, Daut Haradinaj fue condenado a cinco años de cárcel por el asesinato de tres albaneses durante la guerra, lo que no le impidió convertirse en diputado. Ahora, el Tribunal Especial le acusará por el caso del lago Radonjic, donde fueron asesinados 39 civiles serbios, romaníes y albaneses.
Queda por ver si los diputados del parlamento kosovar subordinarán el interés general del país y las relaciones con su gran protector (Estados Unidos) al interés de proteger a unos individuos acusados de crímenes de guerra. Por ahora, Daut Haradinaj ha afirmado que “el ELK se activará de nuevo si empiezan las detenciones del Tribunal Especial”. El primer ministro Haradinaj – que siempre se opuso a la creación del Tribunal Especial para Kosovo– y el presidente Thaçi –que había apoyado su fundación en 2015– , han asegurado que se debe respetar el parecer de los diputados, según dicta la Constitución. Por ahora, independientemente de si se demuestra o no la implicación de miembros del ELK en crímenes de guerra, sería una injusticia histórica impedir que el Tribunal Especial lo investigue.
