¿Cómo ha evolucionado la seguridad libia en los últimos años?
Libia no ha tenido ningún problema interno de seguridad serio y en el exterior solo llevó a cabo la desastrosa intervención militar en el Chad entre 1977 y 1987. Posteriormente, las sanciones de Naciones Unidas de 1992 impidieron al régimen libio seguir actualizando sus inventarios hasta que en 1999 pudo volver a comprar armamento en el exterior. Hasta febrero de 2011 contaba aproximadamente con 40.000 miembros en la Milicia Popular (8.000 del Cuerpo de Guardias de la Revolución), 10.000 policías y 76.000 en las fuerzas armadas. Su nivel de operatividad era muy bajo debido a la falta de cuadros de mando, mantenimiento y adiestramiento. Preocupado porque pudieran darle un golpe de estado, el coronel Gadafi ha jugado a dividir y enfrentar las fuerzas armadas y las de seguridad, primando la lealtad personal frente a la profesionalización. Las fuerzas policiales se vieron desbordados por las manifestaciones de Bengasi y Al-Bayda que no fueron pacíficas al estilo de las tunecinas y egipcias y el Gobierno libio recurrió a las fuerzas militares y los disturbios degeneraron en enfrentamientos armados a medidas que se formaron milicias con las armas requisadas en las instalaciones militares y policiales tomadas. El uso de medios aéreos para reprimir las manifestaciones o para evitar que los rebeldes ocuparan instalaciones militares condujo a la condena internacional del régimen libio con la resolución 1979 del Consejo de Seguridad.
¿Cuál es el estado de los enfrentamientos entre las fuerzas armadas leales y opositoras al régimen de Gadafi?
Tras las deserciones de los primeros días, el núcleo principal de las fuerzas armadas y de seguridad se mantiene leal al régimen de Gadafi. Tras replegarse inicialmente hacia sus posiciones de Tripolitania en el oeste bajo la presión de las columnas rebeldes, consiguieron primero detener su avance, consolidar sus posiciones y desde principios de marzo han pasado a tomar la iniciativa militar y están haciendo retroceder a las fuerzas hacia Bengasi en el este y haciéndose progresivamente con el control de las ciudades de la Cirenaica. Según la información disponible en fuentes abiertas –siempre poco precisa- en los enfrentamientos participarían entre 6.000 y 8.000 soldados por cada bando con la diferencia de que las fuerzas rebeldes no cuentas con medios aéreos, cuadros de mando y adiestramiento. Cuentan con abundante equipo pesado y armamento ligero que requisaron en las bases militares, cuarteles y depósitos de armamento abandonados pero están faltos de organización y formación para sacarles partido. Ambos bandos se enfrentan a similares problemas logísticos (grandes distancias desde los depósitos hasta las zonas de enfrentamiento) y de disciplina (abandonan sus puestos de combate en cuanto se ven en riesgo). No disponiendo ninguno de los dos bandos de una clara superioridad militar, el enfrentamiento tiende a prolongarse y puede desembocar en una guerra civil o en un reparto territorial de facto.
¿Debe intervenir militarmente la comunidad internacional para derrocar el régimen de Gadafi?
La necesidad de resolver la situación creada en Libia ha generado una controversia entre quienes creen que una intervención militar solucionaría la crisis y entre quienes ven contraindicaciones en el remedio elegido. La intervención militar vendría justificada por el uso de la fuerza contra la población civil libia, un empleo reconocido en la resolución 1970 pero al que no se acompañó la autorización para usar la fuerza mediante una intervención militar. La controversia ha crecido a medida que la crisis ha evolucionado hacia una guerra civil, a la que sería aplicable el Derecho Internacional Humanitario de los conflictos armados pero no el principio –porque no existe como derecho- de la responsabilidad de proteger, ya que las fuerzas leales a Gadafi están dirigiendo sus acciones contra objetivos militares y no contra la población. Si volvieran a atacar poblaciones civiles de forma sistemática, es probable que se acelerara una intervención militar tal y como se le ha prevenido, por ejemplo, por el secretario general de la OTAN, Anders F. Rasmussen.
Pero si no cruza esa línea roja resultará difícil poner en marcha una intervención militar por diversas razones. En primer lugar, se debe probar la existencia de crímenes de guerra de forma que el Consejo de Seguridad no tenga dudas de que lo que se pretende con la intervención es proteger a la población civil y no una injerencia en los asuntos internos de Libia para imponer un cambio de régimen. Rusia y China, entre los que disponen derecho a veto se niegan a aprobar una nueva resolución que legitime la intervención que Francia y el Reino Unido vienen demandando. En segundo lugar, desde el punto de vista operativo la operación presenta complicaciones serias. Una intervención militar aunque sea limitada a una exclusión aérea conlleva el uso de la fuerza para imponerla y, una vez, en marcha puede llevar a una escalada militar que obligue a intervenir con fuerzas terrestres, tal y como vienen advirtiendo los mandos militares y de inteligencia estadounidenses. En tercer lugar, las fuerzas opositoras y los actores árabes en su conjunto siguen dividas sobre la conveniencia de que exista esa intervención a cargo de fuerzas extranjeras. En cuarto lugar, las operaciones tienen un coste militar, presupuestario y político que pocos países pueden permitirse, especialmente ahora que sus capacidades expedicionarias están empeñadas en Afganistán o Irak. Finalmente, la exclusión aérea no impide a las tropas leales a Gadafi continuar los enfrentamientos con helicópteros, carros o artillería y cualquier otra forma de intervención militar indirecta, apoyando con armas y asesoramiento a los rebeldes, produciría resultados más tarde y se debería llevar a cabo a través de actores locales y regionales no occidentales por las razones expuestas.
