En los últimos años se ha dado una doble transición hacia un nuevo patrón geo-económico de la inversión extranjera directa (IED) y nuevos estándares de regulación. Los países en desarrollo ya superan a los desarrollados como receptores de IED y aplican modelos de contenido local que obligan a que parte sustancial del proyecto sea realizado por empresas nacionales. A ello se añade el resurgimiento de las políticas industriales y un mayor escrutinio en la selección de las IED. Por otro lado, el régimen internacional para su protección está puesto en cuestión por algunos Estados cuando resulta más necesario. El ritmo de firma de acuerdos se ha reducido y los nuevos tienden a preservar el espacio regulatorio de los gobiernos para reducir el riesgo de litigios. En el plano europeo, las nuevas competencias de la UE plantean el debate entre quienes defienden elevados estándares de protección y aquellos que prefieren mantener la soberanía de los gobiernos en medio ambiente, salud o seguridad. Las dificultades encontradas en Alemania y el Parlamento Europeo por el capítulo de inversiones del Acuerdo de Libre Comercio con Canadá muestran la sensibilidad del asunto.
Todo apunta a una intensificación de los riesgos, especialmente en los nuevos mercados a que deberán exponerse las inversiones españolas en su próxima ola de internacionalización. Como se aprecia en el siguiente gráfico, los riesgos de la IED española están en países que protegen los derechos de propiedad por encima de la media, su diversificación es elevada y las 2/3 partes están en países avanzados de bajo riesgo y rentabilidad. Fuera de la OCDE, la IED española se ha dirigido a los grandes mercados emergentes de América Latina y, en mucha menor medida, a los principales mercados mediterráneos, mientras que en Asia y África es todavía muy reducida. Por tanto, el problema no es una asunción excesiva de riesgo por parte de los inversores españoles sino su aversión al mismo, que limita la rentabilidad y las oportunidades.
La política española de apoyo a la IED en el exterior debe fomentar el riesgo en vez de penalizarlo, pues la cartera de riesgos no peca por exceso sino por defecto. Debe también promover una mayor integración de la acción exterior en la materia y gestionar adecuadamente el tránsito a una política comunitaria de protección de la IED capaz de fijar las expectativas empresariales. Parece conveniente acelerar el ritmo de transición manteniendo la apuesta por estándares elevados de protección, extender la agenda comunitaria al recurso a organismos internacionales y represalias comerciales, cuidando las negociaciones de estos aspectos en el TTIP. La europeización de las políticas de protección de IED debe proceder transfiriendo las preferencias españolas con argumentos en clave europea, no nacional, recurriendo a instrumentos nacionales para cubrir las brechas geográficas de la estrategia comunitaria. Finalmente, la resolución de la expropiación de YPF ha mostrado que los conflictos deben tratarse como disputas comerciales evitando su politización, pero recurriendo a la presión internacional con acciones creíbles, pausadas y consistentes en el tiempo.
Este post sintetiza algunas de las implicaciones de Elcano Policy Paper: “La seguridad de las inversiones en el exterior: una agenda en expansión””.
