Colombia tiene ante si múltiples retos a futuro. Dicho así parece una absoluta obviedad, pero la reiteración mecánica de una situación puede llegar a restarle trascendencia o incluso banalizarla, de ahí que sea preciso de vez en cuando contemplar algunas de las ingentes tareas que se acumulan y agolpan en una larga lista que tiene el estado colombiano para lograr la paz. La complejidad aumenta cuando, además, es preciso que la respuesta gubernamental sea simultánea e integral. De lo contrario, el proceso de paz podría fracasar.
La firma de la paz resuelve una larga guerra, pero con ello comienza una nueva etapa de extraordinaria complejidad que, entre otras muchas cosas, significa reintegrar a la vida civil a un ejército guerrillero, las FARC, que ha combatido durante cincuenta años al estado colombiano. Cualquier estado encargado únicamente de este cometido podría estar prácticamente desbordado, pero no es el único. La paz también ha permitido visibilizar de manera mucho más evidente la dimensión del crimen organizado, que ha logrado fortalecerse por la diversificación de sus actividades y una extraordinaria proyección internacional, mediante el tráfico ilegal de cocaína particularmente en el resto de la región latinoamericana y en Europa. A ello se suma la posibilidad, como está ocurriendo, que incluso logren el control de nuevos territorios que hasta hace poco controlaba la guerrilla.
Así, el crimen organizado se ha convertido en uno de los retos priotarios del estado colombiano. La búsqueda de soluciones creativas, eficientes y eficaces es perentoria, pero cabe preguntarse si la posibilidad de crear una fórmula legal para favorecer el sometimiento colectivo a la justicia de las bandas criminales, a cambio de algunas ventajas para los delincuentes que las integran, podría ser una solución. Esta fórmula ha sido enviada por el gobierno al Congreso, a finales de octubre de este año, para ser discutida y aprobada. Una iniciativa surgida del ofrecimiento del Clan del Golfo –conocidos también como los Úsuga o los Urabeños– de acogerse voluntariamente a la justicia, a principios de septiembre. La idea sería crear el marco legal, no sólo para este caso particular, sino para incentivar la entrega de otras bandas, que quisieran seguir los pasos del este clan.
Considerando los criterios de clasificación establecidos por el Ministerio de Defensa colombiano (Directiva 005, 22/04/2016), es posible tener una idea aproximada de la dimensión y el poder de estas bandas criminales entre las que se encuentra el Clan del Golfo:
- Los grupos delincuenciales organizados (GDO): “Grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo en la Convención de Palermo [que persigue delitos transnacionales, en especial la trata de personas y de armas], con miras a obtener directa o indirectamente un beneficio económico u otro beneficio de orden material”. La Fundación Ideas para la Paz (FIP) contempla dentro de este grupo a los “Los Rastrojos”, “La Cordillera”, “La Constru” y “La Empresa” y otras bandas locales como los “Los Caqueteños”, “Los Botalones”, “Los Costeños”, “Los Pachenca”o el “Clan Isaza”.
- Los grupos armados organizados (GAO): “Los que bajo una dirección de un mando responsable ejerzan sobre un territorio un control tal que les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas”. Entre estos grupos se encontrarían el Ejército Popular de Liberación (EPL) o “Pelusos”, los Bloques Meta y Libertadores del Vichada o “Puntilleros” y Las Autodefensa Gaitanistas de Colombia (AGAC) también llamadas “Clan del Golfo”, “Clan Úsuga” o “Urabeños”, cuyo jefe Darío Antonio Úsuga (alias “Otoniel”), hizo explícita y pública, a principios de septiembre, la voluntad del Clan de someterse a la justicia. De acuerdo con cifras oficiales, solamente este grupo estaría compuesto por 3.000 o 3.500 miembros, entre los cuales unos 1.900 estarían dedicados en exclusiva a la actividad armada, y el resto serían integrantes de otras bandas criminales subcontratadas por el Clan para llevar a cabo todas sus actividades ilegales.
Todas estas organizaciones han sido perseguidas con gran eficacia por la Fuerza Pública (Policía y Fuerzas Armadas), y las operaciones Agamenón I y II han ejercido una presión implacable contra todas estas bandas criminales y muy particularmente contra el Clan del Golfo. De hecho, el presidente Juan Manuel Santos considera que el ofrecimiento de sometimiento realizado por “Otoniel”, es resultado de los éxitos de estas operaciones (la muerte de “Gavilan” y el anuncio del ofrecimiento de “Otoniel”, acaecidos en septiembre, fueron los sucesos que relacionó para demostrar hasta qué punto la actuación de las autoridades debilitaba a la organización criminal). Sin embargo, es evidente que únicamente mediante la vía represora no es posible desmantelar el mundo criminal. De hecho, ya está demostrada la extraordinaria capacidad de recomposición y de adaptación de estas organizaciones frente a los persistentes golpes desarticuladores asestados por las autoridades, lo que les permite no sólo sobrevivir sino continuar fortaleciéndose y expandiéndose mediante organizaciones difusas y fragmentadas, características que dificultan su persecución. En este contexto, las soluciones innovadoras y creativas son más necesarias que nunca, y el proyecto para el sometimiento de las bandas criminales cumple con esas condiciones. El gobierno ha reaccionado con rapidez y ha enviado la propuesta al Congreso.
Aunque no se ha hecho pública, ha habido filtraciones a la prensa sobre el procedimiento y los posibles beneficios para el Clan en caso de entregarse. El debate que podría suscitarse, más en un período preelectoral como éste, es si bajo esta propuesta hay posibilidad de que existan márgenes de impunidad para los criminales. El gobierno en este sentido ha sido claro y firme. En primer lugar, ha negado cualquier posibilidad de negociación porque el Clan Úsuga únicamente será reconocido como un grupo criminal y no político, y en consecuencia se sometería a la justicia ordinaria. Así mismo, ha afirmado no cesar en la persecución de la banda hasta el fin total de sus actividades y actos criminales y la entrega de sus miembros, que parece demostrado con la incautación récord de 12 toneladas de cocaína pertenecientes al clan realizada por la Fuerza Pública hace unos días. Es posible que puedan incorporarse mejoras y discutir determinados puntos, pero la iniciativa es evidentemente positiva no sólo por la desarticulación de las bandas que pudieran entregarse, sino también por las que pudieran desarticularse gracias a la información proporcionadas por éstas.
En este sentido, vale resaltar la valentía política del gobierno. La información que, en principio, proporcionarían los criminales tras entregarse voluntariamente no sólo brindaría datos sobre más criminales, sus actividades y rutas, sino sobre los representantes del Estado que, mediante su complicidad con las redes criminales, hacen posible sus actividades. Por estas y otras causas, está justificado insistir en la conveniencia de utilizar esta fórmula, más allá de los “ajustes” que sean precisos realizar. Sin embargo, es preciso apuntar que si la represión policial no es suficiente para desarticular las redes criminales, por eficaz que sea, tampoco lo es esta propuesta. Ni siquiera la combinación de ambas, aunque ello aumentaría considerablemente la capacidad del estado para perseguir a las bandas criminales.
Estas limitaciones se deben a la debilidad del estado en Colombia. Mientras no se vuelquen todos los esfuerzos en resolver este problema estructural, cualquier iniciativa que se adopte tendrá resultados parciales y será insostenible en el tiempo. También, es necesario tener muy presente que la dimensión y el poder adquirido por estas bandas, en buena medida, se debe a la incapacidad histórica del Estado de tener presencia en todo el territorio nacional, aunque no es esta la única circunstancia ni la más importante. En Colombia, el estado existe y está presente en buena parte de su territorio, aunque no en su totalidad, y para explicar la existencia de estas redes podría ser más importante no tanto la ausencia como la falta de eficiencia y eficacia estatal. Estas características han hecho posible, también históricamente, la excepcionalidad ante la ley para determinados grupos o personas, incluidas las redes criminales. Para ello la corrupción ha sido un instrumento esencial porque mediante la misma es posible quedar eximido del cumplimiento de la ley, o de que ésta no sea aplicada por la autoridad competente. En términos prácticos, esto ha significado contar con el consentimiento pasivo de las autoridades o incluso con su activa participación, configurándose así el mejor escenario posible para el desarrollo y crecimiento de estas redes y sus actividades.
En otras palabras, en Colombia el problema no es tanto la ausencia de Estado, como la complicidad de determinados representantes del mismo con dichas redes.
Esto obliga a replantearse los términos del llamado “combate” al crimen organizado y su orientación. Hay un empeño en concentrar todos los esfuerzos en las organizaciones y no en reforzar el Estado, y aún bajo este planteamiento dominante hay importantes debilidades. Es preciso tener en cuenta que no hay una estrategia nacional frente al crimen organizado. En 2011, el Consejo Nacional de Seguridad sacó una estrategia contra las bandas criminales, pero no se aplicó. Posteriormente, en 2015, el Presidente anunció una “política integral” frente al crimen organizado. Ciertamente se diseñó un plan, pero no hay una política gubernamental escrita en un documento oficial para poder evaluar la actuación y los resultados de dicha política y atribuir responsabilidades en relación con los mismos. Tampoco existen órganos judiciales especializados en el crimen organizado, ni la debida comunicación y coordinación necesaria entre la policía, el sistema judicial y el penitenciario.
Mas allá de todo ello, por necesarias y acertadas que sean las iniciativas, mientras no se centren buena parte de los esfuerzos en fortalecer el imperio de la ley para todos los ciudadanos y todo el territorio, siempre quedaran espacios para que las redes criminales continúen progresando. Cuanto más sólida sea la presencia estatal para garantizar el imperio de la ley, menos oportunidades habrá de corrupción y de impunidad, y en consecuencia, se reducirán las posibilidades de penetración del crimen organizado en el estado y en la sociedad, condiciones fundamentales para su progreso.
Esta conclusión no deja de sumar un reto más a la larga y complicada lista de tareas del estado colombiano, pero sin ello toda iniciativa creativa fracasará.
