Los últimos individuos detenidos en España por su presunta implicación en actividades relacionadas con el terrorismo yihadista lo han sido en Cataluña el pasado miércoles 8 de abril. Formaban una célula de seguidores del denominado Estado Islámico (EI) y tenían voluntad de atentar en el territorio de esa comunidad autónoma. En Cataluña, más concretamente en Barcelona, fue también donde, por primera vez desde que existe el actual yihadismo global, se detuvo en España, en 1995, a un miembro de una de las organizaciones terroristas adscritas a dicho fenómeno, el Grupo Islámico Armado (GIA) argelino, entonces estrechamente relacionada con al-Qaeda.
Del total de los condenados en España por delitos relacionados con el terrorismo yihadista entre 1996 y 2013, el 33,3% fue detenido en Cataluña –hasta un 28,6% en la provincia de Barcelona– y un 30,6% tenía su residencia en esta comunidad autónoma –hasta el 23,5% igualmente en la provincia de Barcelona–. Pero dichos porcentajes son significativamente mayores considerando a los condenados que fueron aprehendidos entre 2004 y 2012, pues ascienden, respectivamente, al 37,5% y el 35,7%. Es decir, cuatro de cada 10 individuos condenados por terrorismo yihadista en España durante ese período de tiempo se localizaba en Cataluña.
Cataluña fue asimismo donde el egipcio Mohamed Atta –cabecilla de los terroristas suicidas que perpetraron los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington– y el yemení Ramzi Binalshibh –quien actuaba como enlace entre la célula del 11-S y los líderes de al-Qaeda– se vieron dos meses antes para ultimar detalles de los planes en curso. Su cita fue fijada entre las localidades tarraconenses de Salou y Cambrils, muy cerca del domicilio de otro miembro de al-Qaeda, argelino, quien estaba en contacto con los miembros más destacados de la célula que dicha organización terrorista había fundado en España en 1994, la llamada célula de Abu Dahdah.
Como resultado de una operación antiterrorista desarrollada en Cataluña en enero de 2003, se desarticuló una célula yihadista relacionada con al-Qaeda en manos de cuyos integrantes se hallaron aparatos de telefonía móvil idénticos a los utilizados poco más de un año después en los atentados del 11 de marzo en Madrid y manipulados del mismo modo. Además, los huidos del 11-M que se dirigieron a Irak pasaron por Santa Coloma de Gramanet, localidad barcelonesa desde la que actuaban miembros del Grupo Islámico Combatiente Marroquí (GICM) vinculados a facilitadores de otra organización yihadista relacionada con la rama iraquí de al Qaeda, Ansar al-Islam (AI).
Por entonces había en Cataluña más de 100 de lugares de culto islámico, número que se ha duplicado. En no menos de una cuarta parte de los mismos se detectaba la presencia de extremistas relacionados con organizaciones yihadistas como, además de las mencionadas, el Grupo Salafista para la Predicación y el Combate (GSPC), al igual que numerosos adeptos a Hizb ut Tahir o comunidades Tabligh, entidades fundamentalistas que no abogan por la violencia pero, como el salafismo, difunden creencias incompatibles con los valores democráticos de las sociedades abiertas. En Cataluña hay unos 50 oratorios salafistas, la mitad de los que se contabilizan en toda España.
Barcelona y no Madrid es la ciudad en que iba a ocurrir un nuevo 11-M en enero de 2008. Diez individuos nacidos en Pakistán, siete de ellos residentes en Barcelona y uno naturalizado español, así como un ciudadano indio, fueron condenados por su intervención en el plan, desbaratado en su fase de preparación, para atentar con explosivos, muy probablemente mediante una acción de carácter suicida, en el metro de la capital catalana. Dicho plan tuvo una conexión directa con Therik e Taliban Pakistan (TTP), una de las principales organizaciones asociadas con al-Qaeda. A miembros notables de esta última enviaban dinero los integrantes de otra célula yihadista desmantelada en Cataluña en septiembre de 2004.
Desde 2013, cuando en España se iniciaron las operaciones antiterroristas que tienen como objetivo las redes vinculadas con organizaciones yihadistas basadas en Siria e Irak, el 35,3% de los presuntos implicados en las mismas han sido detenidos en Cataluña, comunidad autónoma en la que residía un 39,5% de ellos. Hasta el 31,8% y el 36% del total, respectivamente, en la provincia de Barcelona. Estos porcentajes se corresponden al alza con los que, desde hace más una década, sitúan en Cataluña, especialmente en Barcelona y su área metropolitana, a cuatro de cada 10 condenados en España por actividades relacionadas con el terrorismo yihadista.
Estas cifras sobrerrepresentan en conjunto a Cataluña, tomando en consideración el monto de inmigrantes procedentes de países con poblaciones mayoritariamente musulmanas o sus descendientes en la comunidad autónoma –de procedencia principalmente marroquí y paquistaní–, pues suponen un 26% de la de España. Sobrerrepresentan en particular a la provincia de Barcelona, que si bien es la que acumula un mayor número de personas pertenecientes a dicho segmento de la sociedad, suponen un 16% del total español. Además, los procesos de radicalización han empezado a afectar, en el caso catalán, a otros ámbitos sociales, con una llamativa aparición de conversos yihadistas.
