La posibilidad de un nuevo impeachment, esta vez contra Michel Temer, es cada vez mayor. Las previsiones de una renuncia voluntaria, tras la filtración de una grabación comprometedora contra el presidente, fueron rápidamente frustradas por la rotunda negación del directamente implicado. A nadie se le escapa, comenzando por los mercados, la gravedad del momento y sus consecuencias letales sobre el futuro del Brasil, especialmente cuando comenzaban a aparecer los primeros, pero sólidos, indicios de una recuperación económica.
La sensación de hecatombe que se vive en Brasilia y en el resto del país se ha visto agravada por las acusaciones contra el senador Aécio Neves, ex candidato presidencial del PSDB (Partido de la SocialDemocracia Brasileña), y la circulación el pasado mes de abril de la famosa “Lista Fachin” donde aparecen implicados 108 políticos brasileños en relación al escándalo de Odebrecht. Entre ellos 24 senadores y 39 diputados de prácticamente todos los partidos del espectro político nacional.
Como se especulaba tras su toma de posesión en agosto de 2016, Temer nunca pudo contar con la legitimidad suficiente como para gobernar con comodidad. Las sospechas de golpe, difundidas por los seguidores de Dilma Rousseff y Lula da Silva, junto con las acusaciones de corrupción contra algunos de los miembros de su gabinete, hicieron mucho más vulnerable a un gobierno nacido débil y corroído por los enfrentamientos internos. La ausencia de una actitud clara en la investigación de los escándalos de corrupción lo debilitó aún más.
A un año largo de las próximas elecciones presidenciales (octubre de 2018) las opciones a disposición del sistema son escasas. A esto se agrega el desprestigio generalizado de los políticos, de los partidos y del Parlamento. Sólo la justicia se salva de la quema y esto complica la búsqueda de una salida, ya que si se cesa a Temer por un juicio político, o éste finalmente renuncia, correspondería al Congreso elegir al nuevo presidente. ¿Cuál sería entonces la legitimidad de un nuevo mandatario elegido por parlamentarios sospechosos de corrupción? Por otra parte, ¿qué hará el Supremo Tribunal Federal, que contemplaba imputar al presidente por obstrucción a la justicia?
Salvo reforma constitucional, difícil en este momento, no se puede convocar elecciones anticipadas, como reclama una parte de la ciudadanía en sus manifestaciones callejeras. Se había hablado en las semanas anteriores de una posible negociación en marcha entre las principales fuerzas políticas para limitar los efectos del Lava Jato en los próximos comicios, ya que no sería descartable el crecimiento de opciones antipolíticas, de candidatos outsiders o de alguna opción claramente populista. De hecho, el diputado y ex militar Jair Bolsonaro, ubicado en la extrema derecha, ha visto crecer sus opciones de cara a octubre de 2018 en las últimas encuestas.
La preocupación por lo que está ocurriendo y la manera en que se sustancie la actual crisis trasciende más allá de las fronteras brasileñas, dada la importancia y el tamaño de su economía. En Argentina, por ejemplo, la recuperación económica del país depende en buen grado de sus exportaciones al mercado vecino. Por otro lado, la mayor parte de las empresas españolas tienen fuertes inversiones en Brasil.
Una pregunta que muchos se formulan se relaciona con las próximas elecciones y sus posibles beneficiarios. Algunos apuntan a Lula, en primer lugar, ya que encabeza prácticamente todas las encuestas. Cuanto antes sean las elecciones mejor para Lula, ya que de ese modo evitaría una condena judicial por corrupción y su consecuente inhabilitación. Sin embargo, su nivel de rechazo, cercano al 50% lo inhabilitaría para imponerse en la segunda vuelta, requisito del sistema político brasileño si nadie alcanza el 50%. De ahí que la nota dominante de la actual coyuntura sea precisamente la incertidumbre.
