El próximo 15 de septiembre se cumplirán 20 años de la adopción de la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, una resolución histórica de Naciones Unidas en la que 189 gobiernos se comprometieron a lograr la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas. La Plataforma definió compromisos concretos en doce ámbitos considerados de especial preocupación, incluidos los de representación política, economía, educación, violencia contra las mujeres, pobreza, medios de comunicación, salud o conflictos armados, entre otros.
El proceso de Beijing (Beijing+20) ha sido, sin duda, un motor imprescindible para la promoción de los derechos de las mujeres en todo el mundo. Pero 20 años después, hay un consenso general sobre el escaso y desigual avance en materia de igualdad. Según datos de Naciones Unidas, es cierto que el porcentaje de mujeres en los parlamentos se ha casi duplicado en los últimos 20 años; 25 directoras ejecutivas lideran hoy empresas de la lista Fortune 500, frente a una única mujer que aparecía en dicha lista en 1998; la protección jurídica contra la violencia de género ha aumentado considerablemente, como también otras legislaciones que garantizan la igualdad entre hombres y mujeres; y casi todas las regiones en desarrollo han logrado la paridad de género en educación primaria.
Sin embargo, como señaló en su informe de evaluación el Secretario General de Naciones Unidas, el progreso ha sido inaceptablemente lento, con estancamientos, e incluso retrocesos, en algunos contextos. Todavía mueren 800 mujeres al día al dar a luz por causas que podrían evitarse (el 99% de esas muertes se producen en países desarrollados); las mujeres dedican 16 millones de horas al día a buscar agua en países de África Subsahariana (frente a los 6 millones de horas que dedican los hombres); las mujeres ganan entre un 10 y un 30% menos que los hombres por realizar el mismo trabajo; siguen representando el 60% de las personas analfabetas a escala mundial; una de cada tres mujeres sigue sufriendo violencia física o sexual en algún momento de su vida; y, entre 1992 y 2011, sólo el 9% de los negociadores en las mesas de negociación de la paz eran mujeres.
Entre los días 9 y 20 de marzo la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de Naciones Unidas (CSW) ha llevado a cabo en Nueva York, en el marco de su 59 sesión, el examen de los progresos logrados en la implementación de la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing.
Para alimentar el debate, además del informe citado del Secretario General Ban Ki-moon, un total de 166 países, incluida España, han proporcionado exámenes nacionales de la situación de las mujeres, aportando datos de evolución desde 1995, así como recomendaciones para intentar alcanzar los objetivos aprobados hace casi 20 años. Entre éstas, el gobierno español destaca como prioridades reducir la brecha salarial; apoyar la conciliación de la vida laboral y personal; erradicar la violencia contra las mujeres; mejorar la participación en puestos de responsabilidad en los ámbitos político, económico y social; impulsar la igualdad de oportunidades a través del sistema educativo; e integrar plenamente el principio de igualdad de trato y de oportunidades en todas las políticas y acciones del gobierno.
Al iniciar sus trabajos, los representantes gubernamentales en la 59ª CSW reconocían, en una declaración política, que persisten obstáculos y barreras estructurales en la aplicación de los compromisos asumidos en Beijing, que han surgido nuevos problemas para el logro de la igualdad; que ningún país ha logrado plenamente la igualdad y el empoderamiento de las mujeres, y que muchas mujeres y niñas sufren formas múltiples e interrelacionadas de discriminación, vulnerabilidad y marginación durante todo su ciclo de vida. Sobre este nada optimista diagnóstico de la situación, se comprometieron a adoptar nuevas medidas para lograr resultados concretos en cada ciclo de examen (el próximo será en 2020), y a redoblar los esfuerzos para lograr la plena consecución de la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres en 2030.
Como subrayó la Directora de ONU Mujeres en su discurso de clausura de los trabajos de la CSW, no hay atajos para lograr la igualdad. Será necesario que la agenda de desarrollo post 2015 sitúe a la igualdad de género en el centro del desarrollo sostenible, y que se logren progresos sólidos y medibles en 2020, de manera que en 2030 la desigualdad de género desaparezca. Para ello, entre otras medidas, habrá que seguir impulsando leyes y políticas que rompan con las discriminaciones y estereotipos de género.
Fijar una fecha para alcanzar objetivos es un buen modo de acelerar los cambios. Pero sin duda son la voluntad y el compromiso firmes de gobiernos y de actores de la sociedad civil en sentido amplio (empresas, ONG, universidades, sindicatos, fuerzas políticas) los únicos que pueden lograr que la plena igualdad entre hombres y mujeres sea una realidad cuanto antes.
La campaña de ONU Mujeres “Por un planeta 50-50 en 2030: demos el paso para lograr la igualdad entre hombres y mujeres” pretende acompañar y servir de estímulo a los gobiernos en esa tarea. Los gobiernos de Brasil, Alemania y Cabo Verde han aprobado ya distintos compromisos legislativos para impulsar la igualdad entre hombres y mujeres, que sin duda pueden servir de acicate a otros gobiernos.
La movilización social, el debate público, y la generación de conocimiento sobre la igualdad de género son, también, elementos que contribuyen a romper estereotipos, a recordar los retos pendientes, y a impulsar las necesarias transformaciones sociales. Sólo un planeta 50-50 será capaz de mayores cotas de prosperidad, bienestar, derechos y libertades, y paz y seguridad. Y esto, en un mundo complejo y convulso como el actual, sería un poderoso factor de estabilidad que sumar a los de equidad, y competitividad económica que justifican que la igualdad de género sea un objetivo de primera magnitud en el siglo XXI.
(Ver infografía ampliada Igualdad de Género: ¿dónde nos encontramos hoy?)
