Desde el inicio de las revueltas árabes se ha argumentado que Argelia ya experimentó su ‘primavera árabe’ a finales de la década de 1980, y que la guerra civil que sucedió a la anulación de la victoria del FIS en las elecciones legislativas de 2001 ha inmunizado al país. Sin negar la fuerza del argumento, tampoco puede ocultarse que la respuesta del régimen argelino al malestar social catalizado por las protestas no sólo ha consistido en apelar a los fantasmas del pasado y realizar muy moderados cambios políticos (como la reciente apertura del sector audiovisual y las mejoras en la libertad de prensa). Al igual que ha pasado en casi todos los países de la región, las respuestas del gobierno han tenido más bien un carácter económico. De hecho, la política económica argelina, ya sometida a un viraje proteccionista desde hace unos años, ha variado ahora también el rumbo en materia presupuestaria y monetaria. El principal cambio ha consistido en atender algunas de las demandas socio-económicas de la población, especialmente las relacionadas con aumentos salariales y del empleo público, y diversas transferencias de renta, desde mayores subsidios a los alimentos y la energía a ayudas para los materiales escolares.
Sin embargo, en ausencia de reformas microeconómicas (o incluso su reversión), más que una vacuna, esta estrategia se presta mejor a la figura clínica de una anestesia. El incremento presupuestario ha sido destinado a gasto corriente, y la estructura económica del país sigue teniendo serias dificultades para absorber de manera productiva los ingresos de los hidrocarburos para crear actividad y empleo. Los incrementos de gasto público se han traducido en un presupuesto complementario que ha disparado el déficit presupuestario por encima del 30% del PIB. También corre el riesgo de obligar a monetizar parte de las enormes reservas de divisas del país, aumentando las presiones inflacionistas y revocando de hecho la política de esterilización de saldos que ha protegido parcialmente al país de la ‘enfermedad holandesa’, que aflige a los exportadores de recursos naturales poco cuidadosos con su política macroeconómica. De hecho, en los últimos meses los precios al consumo han subido con rapidez reflejando la expansión fiscal y monetaria de ambas medidas, y erosionando rápidamente el poder adquisitivo ganado con los aumentos salariales.
Un mejor reparto de las rentas de los hidrocarburos en beneficio del conjunto de la población, y en especial de los más desfavorecidos, es sin duda una buena estrategia cuando se diseña conforme a las posibilidades de absorción del país y resulta fiscalmente sostenible en el medio y largo plazo. Pero parece más bien que con estas medidas el régimen argelino está intentando comprar tiempo a corto plazo, esperando que las revueltas amainen para poder volver a una senda más ortodoxa en su política económica. La cuestión es cuánto tiempo puede permitirse comprar el país, y a qué coste. Aunque cuenta con mucho espacio de política fiscal gracias a los ingresos de los hidrocarburos, Argelia no es Arabia Saudita. Su posición fiscal no permite expansiones indefinidas ni ilimitadas, ni la baja productividad de sus sectores manufactureros y de servicios puede soportar una espiral inflacionista continuada. Más allá de las cifrs de gasto, el coste de la ‘inmunización’ puede consistir en un fuerte deterioro de los equilibrios macroeconómicos que afecten al crecimiento y al empleo. Pero tal vez el mayor coste consista en las implicaciones de defraudar las expectativas: es decir, que las medidas tomadas se vean anuladas por la inflación y la sociedad argelina se encuentre, tras un ciclo presupuestario y monetario expansivo, en la casilla de partida en términos de bienestar socio-económico. Sería el coste de perder el tiempo comprado.
