La distribución territorial del poder político y administrativo ha sido el tema más conflictivo de la democracia española desde sus inicios, el problema sobre el que ha girado gran parte del debate político durante 40 años y que ha estructurado la relación entre los partidos políticos y las tensiones en el interior de cada uno de los grandes. Es ahora, a raíz del desafío independentista catalán, el reto más importante para la estabilidad del sistema político español.
Ante esto, muchos apuestan por una reforma del sistema de distribución territorial del poder que clarifique y ponga fin a esta permanente tensión, y permita a la democracia española dedicar más tiempo y esfuerzos a aspectos más relevantes para el bienestar de sus ciudadanos y para su futuro. Si los partidos políticos emprenden esta vía, conviene que tengan en cuenta las preferencias de los votantes, que han cambiado notablemente durante los últimos años.
Utilizando los datos de los Barómetros del CIS, observamos cómo el apoyo al Estado autonómico tal y como existe en la actualidad es ahora muy inferior al de 2005, en pleno periodo de crecimiento económico y antes de que se produjera el debate en torno al Estatuto de Cataluña en el 2006. De recibir el apoyo de más de la mitad de la población, el Estado de las Autonomías actual ha pasado a ser apoyado por algo más de un tercio, una caída que se ha producido en dos periodos: el primero, entre el 2006 y 2012, con un descenso pronunciado que puede achacarse a la crisis económica pero también al espacio ocupado en el debate político por la tensión en Cataluña. A partir del 2012 comienza una ligera recuperación que se frena y se invierte a partir del 2017 a causa de los sucesos en Cataluña.
La caída en el apoyo al statu quo se ha traducido en un aumento de las posiciones centralistas a favor de un Estado sin autonomías que han pasado del 9% en el 2005 al 20% en el 2018. En el extremo contrario, los partidarios de que las CCAA tengan el derecho a declarar su independencia forman un porcentaje muy estable de la población española, concentrado en Cataluña y País Vasco, que se mueve en torno al 10% de la población total de forma continuada. Menos estables y también decrecientes son los apoyos a la reforma del sistema tanto en el sentido de una mayor descentralización como de lo contrario.
En resumen, encontramos a la población dividida en tres grandes grupos de opinión: el mayor, con un 36%, prefiere que las cosas sigan como están. El segundo, con un 29%, optaría por centralizar competencias o por acabar del todo con las Comunidades Autónomas. Y el último y más pequeño, 23%, querría más poder para las CCAA o la posibilidad de su independencia. Cómo se traduzca esto en términos de apoyos electorales determinará la posibilidad de una reforma que reduzca el peso de este conflicto en la vida política española, teniendo en cuenta que no es posible un diseño institucional que pueda complacer los intereses y preferencias ideológicas de todas las partes.
