De entre las casi 2.300 resoluciones adoptadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en estos 70 años, es difícil pensar en una resolución que sea mejor conocida por su nombre, número y contenido que la 1325. Aprobada en el año 2000, tras una intensa y sostenida tarea de las organizaciones de derechos de las mujeres, la resolución 1325 reconoce el impacto distinto de los conflictos en las mujeres y las niñas, y la necesidad de que las mujeres participen plenamente, con capacidad de decisión, en la prevención de los conflictos, y en la negociación y consolidación de la paz.
El Global Study sobre la aplicación de la 1325 -un estudio independiente de balance realizado con ocasión del 15 aniversario de la resolución- aporta, junto a recomendaciones concretas para superar los obstáculos que impiden el logro de sus objetivos, evidencias empíricas que demuestran que la participación de las mujeres, en todos los niveles, es esencial para la eficacia operativa, el éxito y la sostenibilidad de los procesos de paz y su consolidación. Entre las conclusiones de los varios estudios consultados (como el del Instituto Universitario de Ginebra) destaca el análisis de 40 procesos de paz entre 2011 y 2015, que pone de manifiesto que, en los casos en los que las mujeres tuvieron la oportunidad de ejercer una influencia profunda en el proceso de negociación, las probabilidades de alcanzar un acuerdo eran muy superiores que en los procesos en que ésta había sido escasa o nula; que cuando se contó con la participación de las mujeres y éstas ejercieron una influencia amplia, las negociaciones culminaron casi siempre con un acuerdo; que se observó una correlación positiva entre la influencia de las mujeres en los procesos de negociación y una mayor probabilidad de que se aplicaran los acuerdos alcanzados; que uno de los efectos más repetido era la presión que ejercían las mujeres para iniciar, reanudar o concluir las negociaciones cuando éstas habían perdido impulso o las conversaciones habían fracasado. Otro análisis estadístico cuantitativo, en cuyo marco se estudiaron 181 acuerdos de paz firmados entre 1989 y 2011, demuestra que los procesos de paz en los que participaron mujeres en calidad de testigos, firmantes, mediadoras y/o negociadoras registraban un incremento del 20% en la probabilidad de alcanzar un acuerdo de paz que perdurase, como mínimo, dos años. Este porcentaje aumenta a lo largo del tiempo, y la probabilidad de lograr un acuerdo de paz que dure 15 años crece un 35%.
Si el vínculo entre la participación de las mujeres y el logro de la paz es tan evidente ¿por qué apenas hay mujeres en las mesas de negociación entre las partes de un conflicto? ¿por qué sólo un 9% del total de las personas negociadoras en 31 procesos de paz entre 1992 y 2011 eran mujeres, y sólo el 2% eran mediadoras principales? ¿por qué la mujeres representan sólo un 3% del personal militar en las misiones de paz, y desarrollan casi exclusivamente labores de apoyo? ¿por qué no hay apenas mujeres en la supervisión y aplicación de los acuerdos de paz?.
La respuesta no es única, pero sin duda está estrechamente ligada a la brecha de género en un ámbito clave como es el del empoderamiento político. A pesar de los avances de la última década, globalmente y en promedio, sólo se ha conseguido cerrar el 23% de la brecha de género en el liderazgo político. Son pocas las mujeres que encabezan gobiernos nacionales, o tienen posiciones de liderazgo en las organizaciones multilaterales de gobernanza mundial como Naciones Unidas (en la última década solo el 24,6 de los puestos más altos de la Organización ha estado ocupado por mujeres).
La aplicación de la Resolución 1325 ha sido un camino de prueba y error, de lecciones aprendidas. Pero sin duda la voluntad política ha sido clave para avanzar. A través de los Planes Nacionales de Acción (alrededor de 60 países los han aprobado) se han ido identificando medidas concretas –que necesariamente han de estar dotadas de suficiente financiación– que han contribuido a garantizar que las mujeres participen y ejerzan una influencia real en los procesos de paz. La actuación local, en el terreno, es esencial. La financiación (identificada como “el obstáculo más grave y constante” para cumplir los compromisos en el ámbito de “mujeres, paz y seguridad”) accesible, flexible y predecible a las organizaciones de mujeres de la sociedad civil es imprescindible para lograr resultados concretos. Y ésta sigue siendo ínfima. Como reitera el Global Study:
“La ayuda bilateral concedida a los Estados frágiles en relación con las cuestiones de género ha aumentado, pero únicamente representa un 6% del volumen total de ayuda y tan solo un 2% de la asistencia destinada a la paz y la seguridad”.
Suecia acaba de presentar su III Plan de Acción Nacional para el periodo 2016-2020, diseñado por un grupo de referencia compuesto por representantes del gobierno y de las organizaciones de la sociedad civil suecos, que también contribuirá a su implementación y seguimiento. Partiendo de la experiencia anterior, el nuevo Plan compromete medidas concretas como apoyo a las organizaciones de la sociedad que trabajan en procesos de construcción de paz en países en conflicto y post conflicto, con especial atención a las organizaciones de derechos de las mujeres; impulso y apoyo a mujeres mediadoras, y promoción de expertise en mediación; o el apoyo a programas económicos de recuperación que fortalezcan el empoderamiento económico de las mujeres en países en conflicto y post-conflicto, entre otras.
España está en proceso de elaborar el II Plan de Acción Nacional, en el que, a través del llamado Grupo de trabajo informal, representantes de la sociedad civil vienen trasladando sus recomendaciones y propuestas, que van en la línea señalada de apoyo activo y permanente a la participación de las mujeres en los procesos de paz y al liderazgo de las mujeres; suficiente dotación financiera, sostenida en el tiempo, a las organizaciones de mujeres que trabajan en el terreno; o a la incorporación de indicadores de impacto, seguimiento, y evaluación de los objetivos marcados, sin duda algunas de las mejores prácticas que España debería incorporar para aplicar la Resolución 1325 con mayor eficacia y transparencia.
El liderazgo de las mujeres es imprescindible para lograr una paz sostenible. De todo esto vamos a hablar hoy, en un seminario que celebramos en colaboración con la Embajada de Suecia, y en el que participarán representantes de la administración de ambos países y de la sociedad civil española (organizaciones de derechos de las mujeres, academia, y think tanks) con la aspiración de hacer propuestas concretas para lograr los objetivos de la Resolución 1325. Síguenos con el hashtag #Aplicando1325.
