El relato habitual sostiene que las principales consecuencias del fracaso económico de América Latina, basado en su tendencia a crecer poco entre grandes crisis económicas y una democracia de mala calidad, se centran en violaciones sistemáticas del Estado de derecho, inestabilidad jurídica y vulneración del derecho de propiedad de los inversores. [1]
Las reclamaciones de los inversores extranjeros ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI – Banco Mundial), muestran efectivamente a América Latina liderando el ranking: el 22% de los casos tramitados entre 1966 y 2021 en ese organismo corresponden a América del Sur y el 6% a América Central, en total un 28%, una cifra superior en dos puntos porcentuales a los casos generados por Europa del Este y Asia Central, y el doble del África Subsahariana.
Figura 1. Porcentaje de casos presentados ante CIADI, 1966-2021
En estos resultados pesa el tipo de inversiones recibidos. El 71% de los casos globales ante el CIADI se generaron en las inversiones en minería, gas, electricidad, transporte y banca y finanzas. Estos sectores concentran el grueso de la IED en América Latina. Si bien es cierto que los inversores en América Latina han acudido más al CIADI que los de otras regiones, hay un efecto composición de la inseguridad jurídica “revelada” que castiga a América Latina.
Figura 2. Distribución sectorial casos CIADI, 1966-2021(%)
Un análisis más matizado de la supuesta inseguridad jurídica de América Latina puede hacerse con los World Governance Indicators del Banco Mundial, actualizados en 2021. La Figura 3 recoge el respeto por el Estado de derecho (rule of law) en los principales países latinoamericanos y su posición relativa ante los 113 países de la economía global. El indicador mide el decil en el que está cada país, estimando para cada uno el valor medio y mínimo del periodo 1996-2021.
Figura 3. Seguridad jurídica en América Latina: rango del indicador Rule of Law del Banco Mundial
Chile, Uruguay y Costa Rica están entre el 25% de países (incluidos los desarrollados) con mayor respeto al Estado de derecho, mientras Bolivia, Guatemala, Haití y Venezuela entre los de peor puntuación. Las grandes economías de la región ocupan un orden previsible. Brasil encabeza el ranking (en la mitad de la tabla global), seguido por Colombia, México, Argentina y Perú. Lo más interesante es el rango de variación de algunos países, como Argentina: 34 percentiles entre el máximo y el mínimo, un indicador implícito de que durante estos casi 20 años se han alternado procesos de mejora y empeoramiento regulatorio.
Para explorar esa idea hemos construido el Mapa de Calor de la Figura 4, que representa las desviaciones que cada país ha tenido a lo largo de la historia en lugar de su posición en el ranking global. El código de color es simple: el verde indica que ese año está mejor que la media y el rojo que ha empeorado.
Figura 4. América Latina: mapa calor del indicador de Rule of Law. Desviación de la media del periodo 1996-2021
[1] Este documento forma parte del Informe Elcano 32 “¿Por qué importa América Latina?”, publicado el 5 de julio de 2023.
Tribunas Elcano
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