En los últimos años hemos asistido a la aparición creciente de conflictos bilaterales por motivos políticos y económicos entre los países de América Latina, de forma paralela a las tradicionales disputas fronterizas. Todos ellos surgen a la par que numerosos proyectos de cooperación política e integración económica. Estos últimos pretenden impulsar la integración regional para fomentar el desarrollo conjunto de sus países y sociedades. Se presenta así una realidad paradójica: se insta a la integración, pero la relación con los países vecinos suele ser conflictiva. Este hecho no se explica sin la lacra que supone el nacionalismo en las sociedades latinoamericanas, que frecuentemente es utilizado como estratagema política por sus gobernantes. En el panorama actual destacan una serie de conflictos bilaterales latentes que perjudican las relaciones vecinales y regionales y que ni UNASUR ni otras instancias de integración han ayudado a resolver. Por motivos de espacio prescindiré abordar aquellos conflictos transfronterizos latentes y sin repercusiones actuales.
Nicaragua tiene abiertas varias disputas territoriales con distintos países vecinos: Colombia, Costa Rica, Panamá y Jamaica. En 2001, Nicaragua denunció a Colombia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por la delimitación de la frontera marítima entre ambos países y reclamó la soberanía de las islas San Andrés y Providencia. El 19 de noviembre de 2012, la CIJ declaró que la soberanía de dicho archipiélago correspondía a Colombia, pero perdió 75.000 km2 de zona económica exclusiva en favor de Nicaragua. El presidente Santos consideró que el fallo era “inaplicable” porque la Constitución colombiana prohíbe modificar las fronteras nacionales.
Entre Costa Rica y Nicaragua, el principal foco del conflicto es la soberanía del cauce del río San Juan y sus territorios adyacentes. Una disputa vinculada al proyecto de construcción de un nuevo canal interoceánico paralelo al de Panamá. En septiembre de 2009 el presidente Daniel Ortega, en plena campaña electoral, comenzó trabajos de dragado y limpieza del río, provocando la entrada de tropas nicaragüenses sobre territorio costarriqueño. En 2010 Costa Rica denunció que éstas hubiesen entrado de forma ilegal a la isla del Portillo, y el presidente Ortega respondió diciendo que la isla pertenecía a Nicaragua. Así que Costa Rica decidió acudir a la CIJ. El último de los acontecimientos en este conflicto se produjo el pasado 13 de agosto cuando Daniel Ortega declaro la soberanía de Nicaragua sobre el territorio de Guanacaste, a lo que Laura Chinchilla respondió llamando a consultas a su embajador en Nicaragua. A parte de estos dos países, Panamá y Jamaica también mantienen conflictos transfronterizos con Nicaragua. Todos ellos, a iniciativa de Colombia, presentaron el pasado 23 de septiembre una demanda ante la ONU denunciado los “afanes expansionistas de Nicaragua” en el mar del Caribe.
Argentina mantiene disputas con dos de sus países vecinos: Chile y Uruguay. El intento de perjudicar a la empresa de origen chileno LAN (actualmente LATAM) que opera algunas rutas interiores en beneficio de la estatalizada y deficitaria Aerolíneas Argentinas, ha provocado una crisis en las relaciones bilaterales con Chile. Una medida cautelar de la justicia argentina ha impedido, de momento, el desalojo de LAN del aeropuerto de Aeroparque, en la ciudad de Buenos Aires. Sin embargo este hecho y la actuación de la presidenta Kirchner, que dirigió varios tuits cuestionando la ética del presidente chileno, han perjudicado la relación con su vecino.
El conflicto con Uruguay es uno nuevo episodio del asunto “Botnia”, que data de 2005, cuando la finlandesa Botnia – ahora operada por UMP- construyó una planta de pasta de celulosa a orillas del Río Uruguay. Argentina denunció la construcción de la papelera por los daños ambientales que iba a provocar en el Río Uruguay. Durante los cinco años siguientes esta controversia se ha mantenido latente. Uno de los momentos de mayor tensión fue en 2006 cuando Néstor Kirchner decidió denunciar a Uruguay ante la CIJ. La crisis bilateral se ha reabierto cuando el pasado 3 de octubre el presidente José Múgica anunció que permitiría a UMP aumentar su producción en 100.000 toneladas anuales y Argentina amenazó con acudir de nuevo a la CIJ. El conflicto se enmarca en unas ya tensas relaciones personales entre los dos presidentes.
Venezuela y Paraguay también se encuentran inmersos en una crisis política desde junio de 2012 cuando Caracas rompió sus relaciones diplomáticas con Paraguay. El motivo fue que consideraba la moción de censura del Parlamento paraguayo contra Fernando Lugo; un golpe de estado. Los miembros de Mercosur suspendieron a Paraguay como estado miembro y aprovecharon la ocasión para materializar el ingreso de Venezuela, que estaba bloqueado por el Senado paraguayo. El triunfo electoral de Horacio Cartes propició la normalización de las relaciones con todos los países de Mercosur salvo Venezuela, a quién Paraguay responsabiliza del aislamiento regional sufrido. En la última cumbre de Mercosur se anunció el retorno de Paraguay y el pasado 9 de septiembre se ha creado un comité del Palasur; para resolver la relación jurídica entre Paraguay y Venezuela dentro de Mercosur, pudiendo ser este el comienzo del final de la crisis.
El último de los conflictos latentes en la región lo mantienen Chile y Perú por la soberanía de 37.900 km2 de mar territorial. En la actualidad dicho territorio es de soberanía chilena, pero Perú lo reivindica como suyo. El presidente peruano Alan García recurrió en 2008 a la CIJ para resolver litigio. Se esperaba que la CIJ se pronunciase en septiembre de 2013, pero no lo hará hasta 2014. La novedad del tratamiento de este conflicto es lo que le diferencia respecto al resto. Los gobernantes de ambos países han declarado públicamente que acatarán el fallo de la Corte sea cuál sea su resolución. La experiencia del bien que supone estrechar relaciones y cooperar con el país vecino en un mundo cada vez más globalizado e interdependiente, ha permito que la coherencia se imponga al nacionalismo. Ambos países son conscientes del beneficio mutuo derivado del crecimiento del flujo de inversiones e intercambio comercial bilateral de los últimos años, y las perspectivas positivas que supone la Alianza del Pacífico, del que ambos forman parte. Hay demasiado en juego como para que las relaciones se vean perjudicadas por un conflicto transfronterizo. Solo la experiencia concreta de que la relación con el otro es un bien, permitirá superar los conflictos bilaterales. Y todavía más en un mundo globalizado donde la regionalización es la nueva forma de protagonismo.
