El cañón de Rugova se encuentra en las inmediaciones de la ciudad de Peja/Peć, en Kosovo occidental, justo donde comienza la frontera con Montenegro y siendo parte del fenómeno montañoso denominado como los Alpes albaneses. Esta zona se había caracterizado, hasta hoy, por su paisaje y su valor geológico y espeleológico. Sin embargo, en el contexto de los acuerdos fronterizos necesarios para avanzar en el estatus de Kosovo, Rugova se ha convertido en un elemento de tensión.
Afectada por la telaraña que compone la compleja administración de la zona y la presencia de minorías en territorio ajeno, la imposibilidad de aprobar en sede parlamentaria el acuerdo de demarcación fronteriza con Montenegro se ha convertido, conjuntamente con la situación de pulso político desde las elecciones parlamentarias de 2014, en el mayor escollo de Pristina en su camino hacia Bruselas. Camino que, por otra parte, había comenzado a vislumbrarse tras la aprobación el 1 de abril de este año del Acuerdo de Estabilidad y Asociación entre Kosovo y la Unión Europea.
El 5 de agosto de 2015, el primer ministro kosovar, Isa Mustafa, anunciaba que su Gobierno había llegado a un acuerdo con el Ejecutivo montenegrino para aprobar el acuerdo de demarcación fronteriza. Este pasó sin dificultades por la Asamblea de Montenegro. No ocurrió lo mismo, por otra parte, en Kosovo, donde desde el primer momento el pacto suscitó las incendiarias protestas de las fuerzas opositoras, con su modus operandi habitual: el lanzamiento de gases lacrimógenos para interrumpir las sesiones parlamentarias.
El argumento de la oposición, encabezada por Vetëvendosje y Alianza para el Futuro de Kosovo, es que dicho acuerdo le concedería a Montenegro catorce aldeas y ocho mil hectáreas de terreno kosovar. De tal magnitud ha resultado el acontecimiento para las fuerzas opositoras, que el líder del partido nacionalista Vetëvendosje, Albin Kurti, ha declarado que nos encontraríamos ante lo que él denomina como Acuerdo de la Capitulación e, incluso, que si este problema se enquista, podría significar la aparición de un nuevo conflicto en la zona en cuatro o cinco años.
La petición de estos dos partidos pasa porque la frontera entre Kosovo y Montenegro sea delimitada por una Corte de Arbitraje Internacional. Y no es que el gobierno de Mustafa y el recién electo presidente, otrora primer ministro, Hashim Thaci, hayan negado la posibilidad de que sea un organismo internacional quién establezca los límites de la frontera. La cuestión va más allá de la concreta delimitación y tiene que ver directamente con una Unión Europea que ha insistido en que no habrá liberalización de visados para los kosovares mientras que el acuerdo de demarcación fronteriza no sea aprobado en el Parlamento de Kosovo. Así lo anunció en su última visita a Pristina el Director General para la Política de Vecindad y Negociaciones de Ampliación de la Comisión, Christian Danielsson.
La liberalización de visados es una cuestión vital para el futuro de Kosovo, teniendo en cuenta que es el único territorio de los Balcanes que aún no disfruta de la misma y que, además, se trata de uno de los mayores focos de inmigración irregular hacia la Unión Europea, especialmente desde que en abril de 2013 se firmara el Acuerdo para la Normalización de las Relaciones entre Belgrado y Pristina, que reguló la libre circulación entre el territorio kosovar y el serbio. Así, hay que recordar que en el primer trimestre de 2015, los kosovares formaban el mayor grupo de peticionarios de asilo en la UE, situación que se vio revertida con la apertura de este canal de entrada hacia zona comunitaria, permitiendo salvar el escollo de la solicitud de visado a miles de ciudadanos de Kosovo durante ese mismo año, como señalaba Carmen González Enríquez.
De esta manera, al Ejecutivo liderado por Mustafa le urge la aprobación del acuerdo, que aunque en principio iba a ser votado en el Parlamento el 1 de septiembre, se aplazó por los citados enfrentamientos. La situación se manifiesta con una doble lectura en la que el Gobierno advierte que rechazar el acuerdo conllevaría la celebración de elecciones anticipadas, mientras que la oposición amenaza con el resurgimiento del conflicto en Kosovo.
Las implicaciones de este desacuerdo han cristalizado en un empeoramiento de aquello que ya era un problema en Kosovo: la erosión de una democracia frágil, cuestión que a su vez es la segunda condición impuesta desde Bruselas para la liberalización de los visados. Los incidentes en el Parlamento dieron como resultado el arresto de un tercio de los diputados de la oposición, lo que ha reforzado las críticas sobre el comportamiento autoritario y antidemocrático de un Gobierno que, como señala Andrea Cappusela, vulnera la Constitución deteniendo a diputados sin que el Parlamento lo apruebe.
Esta no es más que otra prueba del mayor problema que manifiesta el régimen de poder de Kosovo. Hay Estado de Derecho y leyes suficientes para amparar la democracia; sin embargo, estas se incumplen sistemáticamente ante la inexistencia de separación de poderes y la persistencia de la corrupción. Todo ello al amparo de una sociedad civil debilitada y de un Gobierno y una oposición que actúan al margen de todo cauce democrático. Mientras tanto, la Unión Europea observa como su particular apuesta se resiente, y frente al funcionamiento de las instituciones kosovares, aborda un dilema similar al que tiene que enfrentar en otros países de los Balcanes Occidentales: garantizar estabilidad o exigir democracia.
Si la compleja administración de la zona, el pulso político y la presencia de minorías en territorio ajeno ya complicaban el camino por el laberinto de Kosovo, la cuarta prueba, la de los Alpes albaneses, ha separado a los dos principales compañeros de viaje. Habrá que estar atento al momento en el que se vuelvan a encontrar.
