Mientras Israel se dedica, por un lado, a neutralizar el efecto de los payasos diabólicos entre sus adolescentes y, por otro, a acelerar la construcción de muro subterráneo que reforzará aún más la imagen de Gaza como la mayor prisión del planeta y a vigilar muy de cerca el rearme de Hezbolá, Hamas y Fatah han llegado a un acuerdo en El Cairo. Un pacto que, más que por voluntad propia, se ha firmado como resultado de una pésima situación socioeconómica y de la enorme presión ejercida por quienes, desde el exterior, mantienen a ambos aún con vida. A la vista de lo ocurrido en tantas ocasiones similares, cabe entender que lo que queda por delante para implementar lo acordado es mucho más difícil aún que el camino recorrido hasta aquí.
Para alimentar el escepticismo bastaría con recopilar los desencuentros, no solo políticos sino también violentos, que salpican la relación entre ambos no solo desde 2007, cuando Hamas acabó tomando Gaza por la fuerza, sino desde la creación del Movimiento de Resistencia Islámica (1987), reacio a integrarse en una OLP que veía como anquilosada y acomodaticia a los dictados de Israel. Desde hace ya más de una década ha quedado tan clara la voluntad de Abu Mazen y los suyos de aferrarse a un poder que perdieron en enero de 2006, como la de Ismail Haniyah y sus adláteres de seguir resistiendo por las armas la ocupación israelí y de soñar con un único Estado en la Palestina histórica. De ahí deriva una de las principales incógnitas para ver cómo se concreta la colaboración acordada el pasado día 12, trabajando juntos para poner fin a la ocupación y lograr un Estado propio.
Pero tampoco son menores las dificultades para lograr en la práctica lo que tantas veces han acordado ya sobre el papel: crear un gobierno de unidad nacional. Recordemos que tanto unos como otros han agotado ya hace tiempo sus respectivos mandatos, sin que se haya podido celebrar las elecciones que permitan renovar la presidencia de la Autoridad Palestina (AP) y la composición del parlamento. Todo ello mientras se han ido deteriorando hasta el extremo la legitimidad y el apoyo popular a unos gobernantes que no son capaces de atender las necesidades básicas de la población, ni mucho menos de garantizar su seguridad, y que sufren un creciente menosprecio tanto por parte del gobierno israelí como del resto de la comunidad internacional.
Peor aún, los 1,8 millones de gazatíes encerrados por Israel en apenas 400km2 han visto empeorar aún más sus condiciones de vida por decisión de la AP, dejando de pagar los salarios a decenas de miles de funcionarios de la Franja y cortando los pagos a Israel por la electricidad que suministra a un territorio que ya hoy es absolutamente invivible. Entretanto, el régimen golpista egipcio se ha esforzado en ahogar aún más a su población, abriendo solo esporádicamente el paso de Rafah, en paralelo a la asfixia que ejerce Israel, impidiendo la reconstrucción de todo lo dañado en sus incursiones militares. En esas condiciones Hamas ha agotado ya su capital político, al tiempo que ha perdido gran parte de los apoyos económicos que le prestaban hasta ahora algunas monarquías del Golfo y Turquía. Y aunque mantenga buena parte de su potencial militar, gracias a Irán y otros, es bien consciente no solo de su inferioridad frente a las Fuerzas de Defensa Israelíes sino también de su incapacidad para controlar a los grupos yihadistas (Daesh incluido) que operan en el interior de Gaza. Esto último no solo cuestiona su pretendida autoridad en la Franja sino que expone a sus efectivos y a la totalidad de la población a las represalias israelíes, dado que Tel Aviv le acusa de no saber controlar a los violentos.
Por su parte, quienes habitan Cisjordania también perciben diariamente la crudeza de la ocupación israelí, a la espera de la activación de un hipotético nuevo proceso de paz impulsado por una administración estadounidense netamente proisraelí. Es, en definitiva, la debilidad extrema de los firmantes y su ansia de sobrevivir lo que les ha llevado a la mesa de negociaciones. Y de ahí no es fácil que ninguno de ellos salga con ánimo colaborador para aceptar pacíficamente el despliegue de 3.000 efectivos de la Guardia Presidencial patrullando la Franja junto a los de Hamas (nada se dice del posible desarme de las milicias de Hamas y de las fuerzas parapoliciales que han ido creando), el levantamiento “lo antes posible” de las sanciones de la AP a la Franja –incluyendo la transferencia inmediata de los salarios retrasados de estos últimos meses–, el traspaso a la AP de la gestión del paso de Rafah (con supervisión egipcia), la propia conformación de un gabinete que debe preparar las convocatorias electorales pendientes…a fin de cuentas, estipulaciones como estas ya se acordaron en 2014… y a la vista está el fracaso cosechado desde entonces.
Todo eso sin olvidar que el gobierno de Benjamín Netanyahu ya se ha apresurado a criticar sarcásticamente el acuerdo por considerar que “hace más difícil lograr la paz”.