Decía Ignacio de Loyola que en tiempos de tribulación no hay que hacer mudanza, si bien la Comisión Europea parece discrepar con el santo español. En el proceso del Libro Blanco, iniciado en marzo para fomentar el debate acerca de los retos que la UE debe afrontar en un escenario global cada vez más multipolar, la movilidad de los trabajadores comunitarios está siendo señalada como uno de los elementos que podrían fortalecer el proyecto europeo tanto a nivel social como económico. Por un lado, un mayor flujo de personas entre los distintos Estados miembros ayudaría a consolidar un demos europeo y fomentaría la convergencia en términos de bienestar de sus ciudadanos. Por el otro, un mercado laboral europeo plenamente integrado debería ser uno de los pilares básicos de una Unión Económica efectiva que, junto a las Uniones Bancaria y Fiscal, garantizase el buen funcionamiento de la Eurozona.
A este respecto, aunque los datos de movilidad laboral intraeuropea han mejorado en los últimos años, todavía se encuentran lejos de los mostrados en EEUU, habitual referencia en lo que a dinamismo migratorio interno se refiere. Así, mientras en el año 2000 los ciudadanos europeos en edad laboral que se trasladaron a otro país comunitario tan sólo supusieron alrededor del 0,1%, en 2014 dicha ratio había ascendido al 0,5%, cifra significativa pero notablemente inferior al 1,75% de movilidad interestatal estadounidense. Por tanto, cabe imaginar que pasará bastante tiempo antes de que el porcentaje de europeos de entre 20 y 64 años residentes en otro país de la UE, actualmente del 3,7%, se acerque siquiera al 28,6% de estadounidenses de entre 18 y 64 años que viven en un Estado distinto al de su nacimiento.
Mucho se ha debatido en relación a los frenos existentes a la movilidad de los trabajadores entre países de la UE, destacándose tradicionalmente la importancia de las barreras administrativas, idiomáticas, culturales, a la portabilidad del derecho a las pensiones, o al reconocimiento de las calificaciones profesionales; obstáculos que por otra parte se van reduciendo gradualmente, en ocasiones a través de esas pequeñas cosas a las que no se suelen dar la importancia que merecen. No obstante, no se debería poner el foco exclusivamente en las rigideces migratorias entre países europeos, sino también en las que hay dentro de los mismos. En el ámbito nacional, a pesar de que las barreras citadas son mucho menores o incluso inexistentes, los cambios de residencia también tienen un alcance limitado, tal y como se refleja en la tasa de movilidad (en este caso de la población total) del 2,2% entre regiones NUTS-3 (Nomenclatura de las Unidades Territoriales Estadísticas) registrada en 2011.
Esta circunstancia da una idea de la distinta forma de afrontar la cuestión migratoria por parte de europeos y estadounidenses, fruto de sus respectivos devenires históricos, lo que a su vez hace muy difícil (y quizás poco recomendable) que la movilidad laboral dentro de ambos territorios converja completamente. Sin embargo, lo que sí sugieren estos datos es la necesidad de simultanear medidas concretas con una mayor concienciación por parte de los trabajadores europeos de que nuestro mercado laboral interior ya no se limita a nuestra región ni a nuestro país, sino que abarca al conjunto de la UE. En los próximos años sabremos hasta qué punto la Comisión Europea ha tenido éxito en dicho cometido.
Foto: Justin Lynham / Flickr (CC BY-NC 2.0).
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