No son números de lotería los que dan título a este texto sino la cifra de refugiados realmente acogidos por España cuando se cierra el año: 18 de un total de 17.680 que se comprometió a recibir (2.749 en mayo y 14.931 en septiembre) tras la vergonzosa subasta realizada en toda la Unión Europea. Una subasta de la que se desmarcó ya desde su inicio Reino Unido (abusando otra vez de su privilegiada situación en el seno de la Unión Europea) y, poco después, Bulgaria, Rumania, República Checa y Eslovaquia (sin olvidar a la abstencionista Finlandia). El resto de los Veintiocho –con Alemania (31.443) y Francia (24.031) a la cabeza, seguidas de España– se obligó a acoger a un total de 120.000 personas en dos años, sumados a los 40.000 a los que ya se les había concedido estatuto de refugiado en los primeros meses de 2015.
Pero hoy, la realidad muestra que, desde que la Comisión Europea impuso el referido reparto en septiembre pasado, ¡tan solo 266! han sido efectivamente reubicados en territorio de algún país miembro (mientras que en estos últimos tres meses se contabilizan 762 expulsiones). En lo que respecta a España, siguiendo con esta sensible contabilidad humana, cabe recordar que tras el acuerdo comunitario el gobierno declaró su intención de recibir a 854 antes de que acabara el año. Sin embargo, en la práctica tan solo hemos recibido a 12 (11 eritreos y un sirio), el 8 de noviembre, y otros 6 eritreos el pasado 22 de diciembre, todos ellos procedentes de Italia.
Son cifras, todas ellas, que palidecen al compararlas, por un lado, con los 59,5 millones de personas que el ACNUR identificaba como refugiadas (19,5), desplazadas (38,2) o solicitantes de asilo (1,8) a finales de 2014, o con los 1,5 millones que Frontex estima que han entrado irregularmente en la Unión Europea a lo largo de 2015 (frente a los 216.000 registrados un año antes). Y más aún, para desmentir el xenófobo “nos invaden”, si se toma en cuenta que esos 160.000 no son más que el 0,024% de la población de la Unión; mientras en Líbano una de cada cuatro personas es hoy refugiada.
Este pésimo balance –que incluye no menos de 4.000 muertos en el intento por alcanzar suelo comunitario– contrasta de manera muy poderosa con el reciente anuncio sobre la creación inmediata de una Guardia Europea de Costas y Fronteras para reforzar las capacidades policiales nacionales y de Frontex encargadas de vigilar las fronteras de los Veintiocho. Se prevé que cuente con 1.000 efectivos de plantilla fija y unos 1.500 oficiales de policía cedidos por los Estados miembros (el triple de los que acumula Frontex), con un presupuesto que duplica igualmente al de Frontex y en disposición de entrar en acción en tan solo tres días. Mientras se avanza en su pronta activación, el debate se centra especialmente en el hecho de que será un instrumento bajo la autoridad directa de la Comisión Europea, que se puede activar por mayoría cualificada y actuar, por tanto, en contra de la voluntad del Estado miembro en cuyo territorio se haya producido la emergencia que dé pie a su despliegue. Grecia –territorio por el que han entrado más de 820.000 de las personas que a lo largo del año han llegado irregularmente a la Unión– resalta de inmediato como el primer test en el que probablemente se pondrá a prueba una decisión que cuestiona de raíz la sacralizada competencia nacional en esta materia.
Pero más allá de eso, no deja de resultar frustrante volver a constatar el notable contraste entre la celeridad para tomar decisiones de perfil policial –tratando de potenciar los filtros que hagan de la Unión una fortaleza falsamente inexpugnable– y la parsimonia en cumplir con la obligación universal de atender a quienes huyen de catástrofes, conflictos violentos y falta de atención a sus necesidades más elementales. La situación actual no deriva evidentemente de la imposibilidad de la maquinaria comunitaria para resolver los asuntos burocráticos que lleva a aparejada su decisión de septiembre, sino, llanamente, de la simple falta de voluntad de los gobiernos nacionales para cumplir a un ritmo aceptable su propio compromiso.
Todo esto supone un inaceptable incumplimiento de socorro, un sufrimiento añadido para las personas afectadas y, no menos alarmante, una absoluta falta de respuesta para lo que nos depare el próximo año (cuando todas las previsiones apuntan a una intensificación de los flujos de población hacia el espacio Schengen). La tarea, aunque ahora todo parezca quedar postergado ante la urgente necesidad de acogida que quienes están ya entre nosotros o ante nuestras fronteras, va mucho más allá, para abarcar la plena integración de quienes opten por quedarse, la lucha contra las mafias que trafican con la desesperación, el establecimiento de acuerdos transparentes con los gobiernos de emisión, la contribución directa a la mejora de las condiciones de vida en nuestra vecindad y un mayor empeño para resolver los conflictos que tantas veces hemos contribuido a activar. En lugar de asumir esa tarea, y mientras ya no oculta su desprecio a sus propios valores y principios, parecería que la Unión ha optado por encomendarse a las prodigiosas capacidades de los Reyes Magos. Ojalá no sea ésa la única opción.
