Uruguay es un país excepcional en América Latina. Lo es por su estabilidad política, por su solidez institucional y también por su madurez y su cohesión social. No es que no existan problemas, los hay y de considerable seriedad, pero la forma en que se ha producido el cambio de gobierno el pasado 1 de marzo habla de la presencia de todas las fortalezas señaladas. A esto se puede agregar el hecho importante de que, durante el último trimestre de 2019, cuando varios países latinoamericanos se vieron sacudidos por conflictos y movilizaciones de consideración, las calles uruguayas siguieron mostrando su tranquilidad habitual.
Es cierto que la proximidad de las elecciones sirvió como una válvula de descompresión, pero esto no lo explica todo. Según el Latinobarómetro de 2018 Uruguay es el país latinoamericano más satisfecho con la democracia (un 47%), seguido de Costa Rica (45%) y Chile (42%), el equipo de los “sospechosos habituales”. Sin embargo, habrá que ver a la luz de las grandes movilizaciones chilenas y de las graves acusaciones recientes contra el presidente costarricense si estos dos países mantienen en la próxima medición sus cifras anteriores.
Los 15 últimos años estuvieron dominados por tres gobiernos del Frente Amplio: los dos mandatos de Tabaré Vázquez con el intercalado de José Mujica. Y así como la llegada del primer presidente de izquierdas en la historia uruguaya se vivió con tranquilidad, el reciente relevo presidencial se ajustó al mismo guión de normalidad y business as usual. En esta oportunidad, ni desde el gobierno saliente hubo la menor tentación de permanecer en el poder vulnerando las normas, ni desde las filas de los recién llegados se observan pulsiones revanchistas que puedan alterar el buen funcionamiento de las instituciones. Si la alternancia es una de las más sanas y principales normas de la democracia, este es obviamente el caso en Uruguay.
El cambio de guardia político se explica por varias razones, comenzando por un cierto cansancio en la gestión frenteamplista. Tras década y media en el poder buena parte de las caras seguían siendo las mismas, las políticas reiterativas y la renovación del liderazgo no fue ni lo profunda ni lo atractiva que debería haber sido. A esto se agrega, desde 2010 al menos, el cambio de ciclo económico con los consecuentes problemas de falta de fondos que llevaron a cuestionar el “modelo de la social-democracia” uruguaya. Y por si todo esto fuera poco la violencia y el narcotráfico comenzaron a tener una presencia desconocida para los estándares del país, junto con algunos episodios de corrupción.
De este modo las políticas de seguridad ciudadana comenzaron a estar cada vez más presentes en la agenda de los partidos y de ahí saltaron, como no podía ser de otra forma, a la campaña electoral. La preocupación fue en aumento, a tal punto que el senador Jorge Larrañaga, del partido del presidente Lacalle Pou, impulsó el pedido de una reforma constitucional en materia de seguridad, de forma de dotar de mayor capacidad e iniciativa a las fuerzas de orden público, aunque finalmente la propuesta fue derrotada en un referéndum celebrado conjuntamente con la elección presidencial. Pese a ello Larrañaga fue nombrado ministro del Interior del nuevo gobierno.
Inclusive, el excomandante en jefe del Ejército, el general Guido Manini Ríos fundó el partido Cabildo Abierto que hizo de la mano dura contra el crimen uno de los ejes de su propaganda política. Y lo hizo con tanto éxito que pese a su escasa experiencia conquistó un 11% de los votos, lo que le permitió ser el cuarto partido más votado, a escasa distancia del tradicional Partido Colorado.
Coalición del pentapartito en Uruguay
El nuevo presidente Luis Lacalle Pou pertenece al Partido Blanco o Nacional, el otro gran partido uruguayo también fundado en 1836. Uno de sus principales méritos fue haber logrado establecer una excelente sintonía con el expresidente y colorado Julio María Sanguinetti, lo que le permitió articular en las mejores condiciones posibles la llamada Coalición Multicolor de cara a la segunda vuelta, el vehículo que lo condujo a la presidencia después de una victoria ajustada sobre Daniel Martínez, el candidato del Frente Amplio. Esta coalición pentapartito está integrada por los partidos Blanco, Colorado, Cabildo Abierto, Independiente y de la Gente. El otro factor clave en su camino a la victoria fue su apuesta por incorporar a la diputada y feminista Beatriz Argimón como su compañera de fórmula.
Claro está que la primera parte del camino, sumar fuerzas para enfrentarse y derrotar al Frente Amplio, fue la más fácil. Las cosas se comenzaron a complicar tras el triunfo y la necesidad de formar gobierno incorporando a dirigentes de todos los grupos participantes de la alianza. Pero lo serio empieza ahora, una vez llegado el momento de gobernar y cuando sea necesario conciliar intereses muy diversos y muchas veces contradictorios. La economía y la seguridad serán dos escenarios donde se verá la capacidad de supervivencia de una coalición tan amplia y variopinta.
Otro frente de tormenta será el de la política exterior, pero más por las posturas de los vecinos de Uruguay que por la orientación que le pueda dar a la gestión Ernesto Talvi, el nuevo canciller y excandidato presidencial colorado, firme defensor del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur. Este último será, con toda probabilidad, una fuente constante de desvelos para la nueva administración. Las posiciones encontradas de Argentina y Brasil, por una parte, el proteccionismo renovado de Alberto Fernández y, por la otra, el aperturismo recién descubierto por Jair Bolsonaro, darán constante trabajo a la diplomacia uruguaya en su defensa de un Mercosur más abierto y dinámico.
Otro tanto ocurrirá con la agenda regional, especialmente por el radical cambio de orientación de Uruguay en este sentido, que pasa de tener una cierta sintonía con los países de la órbita “bolivariana” a una postura de mayor enfrentamiento. De hecho, ni Nicolás Maduro, ni Daniel Ortega ni Miguel Díaz-Canel fueron invitados a la toma de posesión de Luis Lacalle Pou.
Uruguay es un pequeño país que ha encontrado en China un gran mercado para sus exportaciones, a tal punto que desde 2013 se ha convertido en su principal socio comercial. Por detrás los mercados más importantes para sus productos son la Unión Europea, Brasil y, en cuarto lugar, Estados Unidos. Y si bien la guerra comercial entre China y Estados Unidos ya ha afectado de un modo importante al sector exterior uruguayo, todo indica que a futuro se verá cada vez más afectado por el enfrentamiento de las dos grandes potencias y la voluntad de cada una de ellas de exigir lealtad a los restantes miembros de la comunidad internacional. Para Uruguay solo el reforzamiento de Mercosur y un avance sólido, aunque de momento bastante incierto, en el proceso de integración regional pueden significar alguna garantía de mejorar su posición negociadora.
